Lo hizo —explicó en entrevista con La Nación— por convicción democrática, por preocupación social y, sobre todo, por un vínculo profundo con la radio y la televisión abierta, medios que acompañaron su niñez y que aún conectan a millones de personas en zonas vulnerables del país.
“Todavía tengo fe en el Estado de derecho. En los últimos años, hemos visto cómo la democracia costarricense ha estado en peligro por una actitud déspota, autoritaria y de dictadura que refleja el señor presidente (Rodrigo Chaves), no solo en este tema, sino en muchas áreas a nivel nacional”, afirmó.
Su recurso fue el que motivó a la Sala IV a suspender temporalmente la puja. Pero Delgado insiste en que su acción no responde a banderas políticas, sino a algo mucho más personal y, de paso, popular.
“Soy oriundo de Paraíso de Cartago, crecí en un hogar muy pero muy pobre”, contó.
“Cuando yo era niño, recuerdo que mis padres escuchaban programas como Visitas Navideñas (Radio Rumbo, luego Sinfonola), que era mi favorito cuando era tiempo de Navidad, y emisoras pequeñas como La Fuente Musical o Radio Cucú".
Según contó, él cree en la importancia de la radio como medio de comunicación en la sociedad.
“Muchas personas de escasos recursos no tienen acceso a servicios de streaming; la radio y la televisión abierta son su ventana al país y al mundo”, agregó.
Para él, la radio no es solo un medio de comunicación; según su exposición de motivos, es un lazo emocional, una memoria familiar y una forma de pertenencia.
“Mi papá vive en San Gabriel de Aserrí. Tiene alrededor de 62 años. Yo no puedo imaginar a mi papá sin su programa de radio favorito, sin oír los partidos de futbol los fines de semana, como hacen muchos adultos mayores. Les estaríamos violentando su acceso y su integración a la sociedad costarricense”, comentó.
Tema de acceso, no de política
Delgado subrayó que su acción no tiene que ver con apoyos o rechazos hacia el Ejecutivo.
“Esto no es un tema de estar a favor o no del presidente. Es un tema de acceso a la cultura, a la comunicación y a la religión que debe tener todo ciudadano costarricense”.
Explica que, según documentos técnicos de Sutel y estadísticas oficiales, alrededor de dos millones de personas en Costa Rica usan radio y televisión abierta como principales medios informativos, y que la mayoría pertenece a sectores de bajos ingresos.
“El resultado de la subasta demostraba que los principales afectados serían las poblaciones más alejadas y vulnerables del país. Si usted ve las televisoras que ganaron, están prácticamente todas en el Valle Central. Ninguna fuera de ahí”.
Para él, el diseño del concurso tenía fallas profundas. El problema, a su juicio, no es que exista una subasta de frecuencias; el problema según su óptica es que el procedimiento no se ajustó a la realidad del país.
“Los precios utilizados provenían de referencias internacionales y no reflejaban el mercado nacional. No se puede comparar la densidad poblacional ni la capacidad publicitaria de Costa Rica con la de otros países”, argumentó.
Además, señala que participar en una licitación de frecuencias implica costos elevados para implementar torres, equipos y terrenos.
“Por eso terminan quedándose con ellas solo grandes empresas con capital fuerte. Eso no democratiza las frecuencias; al contrario, las concentra”.
“Callar las emisoras es callar la voz del país”
“Si callamos las voces de las emisoras de radio y de los canales abiertos de televisión, estamos callando la voz del pueblo de Costa Rica”, comentó.
Para él, proteger la pluralidad es proteger el tejido social y eso fue otra de las bases para presentar el recurso de amparo.
“Yo espero que la Sala tenga la sabiduría suficiente para resolver en favor de las personas más alejadas del país. De aquellos que solo prenden el radio para escuchar una canción o para saber cómo está el país”.
