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La cuestionada subasta de frecuencias de radio y televisión impulsada por la administración Chaves podría provocar la pérdida de miles de empleos y de diversidad de voces, si se materializa la salida del aire de decenas de radioemisoras y de varias televisoras que desistieron de participar debido a los altos costos de fijados para optar por una nueva concesión.
El pasado viernes, tras expirar la fecha límite para presentar ofertas, la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) solo recibió ofertas de 14 empresas por 25 de las 85 bandas del espectro radioeléctrico que se encuentran actualmente en operación en Costa Rica.
Dicha participación resulta baja si se compara con los 98 informes técnicos que la Sutel aprobó, en mayo del 2024, de solicitudes para extender las concesiones de frecuencia para radio y televisión que originalmente expiraban el 28 de junio de ese mismo año.
Lo anterior quiere decir que las nuevas ofertas recibidas por la Superintendencia equivalen solo al 25% de la demanda original de permisos.
En esta ocasión, solo tres empresas presentaron ofertas para cuatro frecuencias de televisión con alcance nacional.
- Representaciones Televisivas Repretel S. A. (Canal 6) ofertó dos frecuencias
- Televisora de Costa Rica S. A. (Canal 7) buscará la concesión de una frecuencia
- Extra Net Sociedad de Responsabilidad Limitada presentó propuesta por una frecuencia
En contraste con esta corta lista, a inicios del año pasado la Sutel señaló, tras una consulta pública, que había exceso de demanda para canales televisivos: 44 posibles interesados para solo 39 canales disponibles.
Una situación similar ocurre con la demanda de frecuencias de radio.
En aquel momento, la entidad indicó que había 99 posibles interesados en las bandas FM, pero que solo había espacio para 45 emisoras. Además, dio a conocer que había 19 potenciales interesados en emisoras de AM y 52 espacios disponibles.
No obstante, tras caer el telón de la primera etapa del proceso, el lunes trascendió que 60 radioemisoras descartaron presentar ofertas. Se trata, en su mayoría, de estaciones rurales, católicas, evangélicas y culturales que no pudieron pagar el monto exigido por el Estado para tomar parte en la subasta.
Según estimaciones de la Cámara Nacional de Radiodifusión (Canara), 5.000 personas perderían su empleo si el proceso continúa en los términos actuales.
¿Qué pasará con las frecuencias por las que nadie concursó?
Con respecto a las bandas por las que nadie concursó, la Sutel señaló que el Poder Ejecutivo será quien tendrá la potestad de determinar si se realiza un nuevo procedimiento concursal, ya que es el competente de planificar y disponer del espectro radioeléctrico.
Por su parte, el abogado Campos explicó que en caso de que el proceso de licitación continúe, aquellos que no participaron deberían cesar operaciones a partir del momento en el que entren los nuevos concesionarios.
En caso de que no haya sustituto en alguna frecuencia, esta pasaría a manos del Estado y quedaría vacía.
Sin embargo, indicó que medidas cautelares dictadas por juzgados contenciosos administrativos por dos casos presentados por Canara estipulan que los actuales operadores continuarán explotando su concesión hasta que haya nuevos concesionarios o haya sentencia en esos casos específicos.
“Eso quiere decir que es el Poder Judicial el que determinará cuándo saldrían y cuándo ingresarían nuevos.
“Lo más grave para un país como el nuestro es que la política pública falle, que el regulador de telecomunicaciones falle y que sea el Poder Judicial el que termine enmendando cualquier elemento que distorsione la seguridad jurídica. Eso me parece muy delicado”, indicó Campos.
Los precios base fijados por la Sutel para poder intervenir en la puja fueron: $386.000 por una frecuencia de radio FM nacional en modalidad IBOC (radio digital híbrida) y $1,6 millones por una frecuencia nacional de televisión.
‘El más afectado va a ser el más pobre’
El 60% de los hogares rurales no tiene acceso a televisión paga; solo pueden ver los canales abiertos. según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2025. En las zonas urbanas, el 30,8% tampoco cancela ese servicio.
La radio se encuentra en el 31,6% de los hogares rurales y en el 41% de los urbanos. El acceso a Internet también presenta una brecha mayor en las áreas rurales, donde el 18% de los hogares no cuenta con este servicio. En las zonas urbanas, solo el 10,6% carece de él.
Si bien empresas conocidas y con amplia trayectoria como Radio Columbia quedaron fuera de la subasta, gran parte de la afectación se centra en radioemisoras y empresas pequeñas.
Por ejemplo, Radio Guanacaste, Radio Pampa, Radio Quepos y Radio San Carlos, que llevan información a las comunidades rurales del país, no podrían continuar operando.
“El más afectado va a ser el más pobre de los pobres en este país, que no tiene la posibilidad de pagar Internet, que no tiene la posibilidad de pagar televisión por suscripción y que la única forma de informarse en esas regiones era con una antena de televisión abierta”, indicó Campos.
“En la hipótesis de que eventualmente concluyera este concurso, estarían apagadas”, agregó.
A las radioemisoras regionales se suman las frecuencias de la Iglesia católica, como Radio Fides, cuya imposibilidad de participar en la subasta llevó incluso a los obispos a emitir un pronunciamiento en defensa de la variedad de voces en la radiodifusión.
“La pluralidad comunicativa se sostiene en la diversidad de proyectos que, desde distintas convicciones y perspectivas, enriquecen la vida democrática. Defender su existencia es defender la posibilidad de que Costa Rica escuche todas sus voces, no solo las que provienen del poder económico”, escribió Javier Román Arias, presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica.
“Esto es ni más ni menos que es un atentado contra la libertad de expresión”, señaló el abogado Juan Manuel Campos.
La discusión sobre la subasta de las frecuencias adquirió una dimensión inesperada tras el anuncio de que Radio Sinfonola saldría del aire, con un emotivo mensaje de Carlos Lafuente, gerente de la emisora, quien informó sobre el cese de operaciones.
La noticia provocó una ola de apoyo que ningún otro actor había logrado movilizar. Para el sacerdote y periodista Glenm Gómez Álvarez, por encima de lo técnico, el tema humano prevaleció y, de acuerdo con su criterio, Sinfonola logró “ponerle cara” a un asunto que para muchas personas era completamente abstracto.
¿Qué sigue ahora?
Tras dar a conocer la lista final de oferentes, la Sutel explicó que ahora inicia un proceso para verificar los requisitos de admisibilidad.
Ante consultas de La Nación, la entidad precisó que el proceso tomará 20 días hábiles. Nadie podrá ingresar a la lista de la subasta, pero en caso de no cumplir con algún requisito, el grupo de oferentes podría reducirse.
Una vez que culmine la etapa de verificación, los participantes podrán presentar posturas en la fase de puja únicamente por las frecuencias que ofertaron, las cuales no se dieron a conocer.
La Cámara Nacional de Radiodifusión, que agrupa a la mayor parte de radiodifusores del país, confirmó que ninguna de sus 58 afiliadas, entre ellas Radio Sonora, Radio Nicoya, Radio Cultural Pérez Zeledón, Radio Sinfonola, Fides y Sinaí, participó en el concurso.
“Estamos hablando de un concurso que impuso condiciones imposibles para la mayoría de emisoras del país, particularmente para las regionales y comunitarias”, declaró Andrés Quintana, presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara.
Dicha subasta fue instruida por el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).
A la lista de emisoras que no ingresaron al concurso se suma la Cadena de Emisoras Columbia, fundada en 1947.
“No se presentaron los potenciales oferentes que había determinado la Sutel que irían”, afirmó Juan Manuel Campos, abogado especialista en Tecnologías de Información y Comunicaciones.
“Se apagaron todas las estaciones regionales. Es un verdadero esquema extraño para un país con tanta disponibilidad de espectro, en donde los medios de comunicación alternativos quedarían apagados”, agregó.
