La noche de este jueves 14 de agosto, la exmandataria Laura Chinchilla se presentó ante los diputados de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico. Acompañó su presentación con una serie de 26 filminas. Este fue su discurso inicial antes de responder las preguntas de los legisladores:
Me interesa poder ilustrar la situación que se discute sobre la base de evidencia de datos que voy a presentar. Todos ellos, les garantizo, provienen de fuentes oficiales, sean estos organismos internacionales o entidades del Gobierno.
Sin duda, hoy Costa Rica está experimentando una crisis de seguridad. Y déjenme decirles así de claro que, comparando con muchos otros escenarios que me ha correspondido ver, especialmente en América Latina, nuestro país se encuentra al borde del abismo.
En tan solo 10 años, Costa Rica pasó a ser uno de los cinco países más seguros de América Latina, a convertirse en el segundo país más violento de Centroamérica y en el sétimo más violento de América Latina. También, a la par de esto y como resultado de esto, se intensificaron a niveles sin precedentes las acciones del narcotráfico y el crimen organizado en el país.
Hoy, señoras y señores diputados, Costa Rica está en la mira. No necesito decir mucho cuando efectivamente ocupamos las primeras páginas de los principales medios de comunicación a nivel internacional. Hasta el presidente Trump de pronto se enteró adónde quedaba San José de Costa Rica.
Veamos la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes respecto a toda la región. Costa Rica se ha movido del lugar 5 a estar cada vez está más arriba. Pueden ustedes corroborar con una serie en el tiempo del 2010 al 2024, que es el último año para el que tenemos de las cifras de homicidio en el país, cómo esta tasa experimentó una baja entre 2010 y 2013, de 24%. Luego viene un periodo en que vuelve a crecer un poco el homicidio.
Podríamos decir que se mantenía en una tasa promedio, que era de 11 a 12 por 100.000 habitantes. Es a partir del año 2022 cuando se registra un salto sin precedentes, al punto que en estos tres años, del 2022 al 2024, el incremento en la tasa de homicidios alcanza el 35%.
Cuando hablamos de tasa, muchas veces invisibilizamos de lo que estamos hablando. Estamos hablando de gente de carne y hueso. Estamos hablando de gente que muere asesinada.
En 2003, Costa Rica perdía, sí, tristemente, 411 personas asesinadas, pero ya para el 2023, ese dato era de 907 personas. Sin duda alguna, el crimen organizado es el principal factor asociado a la violencia homicida que hoy sufre el país. Y aquí se observa el incremento tan dramático del impacto que está teniendo el crimen organizado. En 2010, apenas 12% de los homicidios se atribuían al crimen organizado. Para el 2023, ya el porcentaje alcanzaba el 70%.
Y si bien es cierto, los que mueren, en una mayor cantidad, son miembros de las bandas organizadas, ese famoso y triste estribillo de que “se matan entre ellos” ha venido haciendo algo peligroso, que es normalizar las muertes entre pandilleros. Y cuando vemos el asesinato de un niño de 14 años, que corre hasta una escuela y ahí mismo lo acribillan, entendemos que no podemos normalizar esta situación, por más que “se estén matando entre ellos”.
Pero miren ustedes este dato, que es espeluznante. El incremento en el número de víctimas colaterales, aquella gente que no tenía nada que ver con los incidentes, algunos de ellos menores de edad y hasta bebés, han muerto de esa manera. Eso se ha incrementado en un 1.200% entre 2019 y 2023.
Por eso afirmo esto de manera tan categórica. Y ahí están los datos. Ser joven en Costa Rica hoy es un factor de riesgo frente al crimen y la violencia. Los estamos condenando, señoras y señores diputados, a terminar en una celda o en una fosa.
Violencia en el barrio
Vean ustedes las edades de las víctimas de homicidio: 60% son jóvenes de 15 a 29 años; 47% de quienes guardan prisión tienen entre 18 y 34 años; 81 personas de esas que guardan prisión son personas con secundaria incompleta. Hoy, 146.000 jóvenes de 15 a 24 años ni estudian ni trabajan. Los ninis, que llamamos. Ellos son la presa predilecta de las bandas criminales, si no les damos otra opción más que aceptar las ofertas de las redes criminales.
Costa Rica hoy está atemorizada. Costa Rica hoy vive en un estado de alarma social permanente. Mientras que en 2010 y 2013 logramos disminuir ese temor del 49% al 18% de los ciudadanos, en esta ocasión se elevó, entre 2022 y 2025 –que es el último dato de la encuesta CIEP– de un 7%, porque habíamos desaparecido prácticamente el temor ante el delito, a un 44%.
Esta alarma social también que está teniendo implicaciones, obviamente, en las formas en que la gente convive o deja de convivir, la forma en que la gente mira a los demás, la forma en que la gente busca protegerse.
Y vean el impacto, a veces no tan explícito, que tiene desde el punto de vista del desarrollo económico. Acaba también de salir una encuesta corrida por la Cámara de Industrias de Costa Rica que dice que 70% de las empresas considera que Costa Rica es insegura o muy insegura; 51% considera que la inseguridad está afectando su competitividad, y una de cada 10 empresas han pospuesto o reducido planes de expansión por la inseguridad.
Esta fue la declaración que, ante estos datos, dio ayer (miércoles) el presidente de la American Chamber, cuando dijo: “Tradicionalmente en Costa Rica, eso nunca había sido un tema de preocupación. Cuando hacías toda la matriz y venía un tema de seguridad, hacías un check de que Costa Rica estaba en verde. Eso, lamentablemente, sí ha cambiado. Lo dice la gente, lo está diciendo la gente todos los días, en sus casas, en los buses, en sus trabajos, lo dicen también los empresarios”.
¿Cómo llegamos aquí?
La pregunta es: ¿Cómo llegamos aquí? Y aquí quiero ser muy clara. Cualquier problema social que tenga un país, siempre podremos buscar antecedentes y nos podemos ir tan atrás en la historia como queramos. En Juan de Caballón podríamos quizá encontrar muchísimos de los problemas que hoy vive Costa Rica.
Sin embargo, la obligación de los gobernantes es enfrentar los desafíos de sus tiempos. Y el problema, por eso digo, no es necesariamente cuándo empezó, sino cuándo se salió de control. Y para esto, permítanme hacer un paréntesis.
La seguridad de Costa Rica está condicionada. Es una seguridad muy excepcional, casi que única a nivel mundial, porque confluyen dos factores importantes: uno es el entorno y el otro es el modelo. En cuanto al entorno, siempre hemos vivido en el barrio más peligroso del mundo y no podemos abandonar la casa que nos tocó. América Latina, con menos del 9% de la población del mundo, contabiliza 35% de los homicidios. Entre las 30 ciudades más peligrosas del mundo, 20 son latinoamericanas. Y América Latina aloja los tres países del mercado ilícito más exitoso, más generador de recursos, que es el mercado ilícito de la cocaína.
Pero no solamente se trata del barrio en que vivimos; eso ha sido así siempre. A mí me tocó gobernar con la misma América Latina, que a los presidentes que siguieron.
El segundo elemento, que ese sí es absolutamente excepcional, es que nuestra seguridad es 100% civilista. El artículo 12 de la Constitución Política abolió el ejército. Y además, precisamente por estar apoyada exclusivamente en cuerpo de Policía civil, es que se vuelve fundamental tener como aliados al Estado de derecho, que son los jueces y los fiscales, y además el desarrollo social para prevenir todo lo que podamos.
Porque cuando se trata ya de enfrentar a los malos, no necesariamente podemos hacer lo que algunos países están haciendo, que es sacar las tropas a las calles. De manera que la prevención, el Estado de derecho, son pilares fundamentales a la par de la Policía, en el caso de Costa Rica. Estos tres pilares tienen que ir de la mano frente a cualquier estrategia de seguridad que, aspiremos, sea exitosa: Estado de derecho, prevención social y la Policía civil.
Les muestro los mercados criminales identificados en nuestro país. La cocaína, por supuesto; el 70% de los decomisos de cocaína son en América Latina. Y el rubro que ocupa el cuarto lugar va a ir creciendo, acuérdense de mí, si no se hace algo al respecto. Son las extorsiones y los cobros ilegales por protección.
A partir de esta condición tan excepcional que tenemos (el entorno y nuestro modelo), yo agregaría que hay otro elemento adicional que complica nuestra situación desde el punto de vista de la gestión pública, y es que el modelo policial que diseñamos es un modelo totalmente atomizado. Los costarricenses siempre han sido suspicaces, y eso es sano, frente a la concentración de poder.
Y entonces siempre se resistieron a concentrar todo en un único mando policial. Este es nuestro cuadro de policías: estamos hablando de 12 policías, más las municipales, que pueden andar por 18 o 20 en este momento.
Hay cuatro factores indispensables para procurar alcanzar el éxito en cualquier política de seguridad ciudadana. Una es la actitud de alerta permanente. De nuevo, el barrio es peligroso. Segundo, un liderazgo que convoque al más alto nivel. Tenemos un modelo atomizado, y si dejamos que cada uno vaya por su lado, disminuyen los niveles de eficiencia. Y muchísimo más vamos a disminuir los niveles de eficiencia si, en lugar de convocar, desconvocamos a través del ataque permanente a algunas de las instituciones. El tercer elemento es la estrategia integral, porque insisto, la prevención social ha sido el corazón del éxito que tuvimos como país, pero también el control policial, y obviamente la sanción oportuna de tipo judicial.
Y finalmente, el financiamiento, los recursos, cada vez se vuelve más importante la información y la inteligencia. A mi modo de ver, en materia de liderazgo político, se claudicó. Se claudicó en el papel más importante en el modelo de seguridad de Costa Rica, que es convocar y coordinar. Y por eso es que existe la Ley General de Policía, el Consejo Nacional de Seguridad, que difícilmente se ha convocado en los últimos años.
Aparte de que se claudicó en la naturaleza del liderazgo que requiere nuestro modelo de seguridad, disminuyeron sensiblemente los recursos asignados a la seguridad. Mientras en el 2010-2014, llevamos el incremento a los Ministerios de Justicia y Seguridad a un casi 70% de más; luego, vino una caída sensible entre 2014 y 2018, y de 2018 a 2022 se da una razonable recuperación. Pero en el momento en que la crisis nos estalla en la cara, se decidió tener presupuestos muy bajos para Seguridad y Justicia.
Yo quiero reconocer el esfuerzo que los diputados y las diputadas hicieron –a la fuerza y contra la voluntad, muchas veces, del ministro de Hacienda– para incorporar recursos en el presupuesto para estos organismos, para el OIJ y el Ministerio Público. Si no, el dato de este débil incremento de 9.8, posiblemente ni se habría alcanzado, pero resulta claramente insuficiente.
Se ha reducido el número de policías por habitantes. La tasa de encuadramiento policial idónea es de entre 350 y 400 policías por 100.000 habitantes. En 2013, con un gran esfuerzo, la llevamos a 312. Hoy está alrededor de 300, aunque por los recursos que ustedes asignaron, se está volviendo a contratar a algunos policías.
Esto es preocupante: después de la pandemia, la droga que creció más en su consumo fue la cocaína. Entonces, en estos años, en los que el comercio de cocaína se ha acrecentado como nunca antes, a nivel global en Costa Rica caen los decomisos de cocaína; algo que, simple y sencillamente, no calza.
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La cárcel no necesariamente es la solución, pero a veces no nos queda más que ir a limpiar las calles cuando se ha abandonado el problema. Lo importante es hacerlo estrictamente apegados al Estado de derecho y a las garantías procesales.
Pues resulta que hubo una alianza entre el gobierno, en su momento, durante mi administración, y los jueces de la República. Y conseguimos una de las medidas más exitosas, que fue la creación de los tribunales de flagrancia, muchos de ellos con los recursos necesarios para trabajar 24 horas.
Y entre esa alianza entre fiscales, policiales y jueces, hacía que en caliente se llevaran las denuncias, de una vez con las víctimas, y de una vez con los testigos y los responsables. Como consecuencia de esos juicios abreviados, se nos llenaron las cárceles del país. La población penitenciaria en mi gobierno creció 80%, y la población institucionalizada, 35%.
Vean luego lo que pasa: se ha abandonado eso. Aquí no estamos pidiendo la receta de Bukele. Eso es arbitrariedad; no es firmeza lo que él hace. Pero sí necesitamos mayor efectividad y eso solamente se logra en el momento en que volvamos a recomponer la alianza entre los jueces y los gobernantes. Tenemos que estar del mismo lado. ¿Cuánto deben aplaudir los malos de la película cuando nos ven pelear entre nosotros?
Pero, además, y esto a mí me duele: con la Ley General de Policía, cuando yo di mis primeros pasos en los temas de seguridad, se crearon la Policía de Control de Drogas (PCD) y el Servicio Nacional de Guardacostas. Ambos hoy están debilitados, pero además buscan desacreditarlos, como se hace con el OIJ o el Ministerio Público.
En la PCD y revisando actas, yo les pediría que indaguen más. Es una de las policías más profesionales que existía en la región. Se le restaron recursos, se le restó el papel rector, se sacó del control de fronteras aéreas, de fronteras terrestres y de fronteras marítimas. No encuentran a ningún oficial de la PCD en ninguno de estos puestos que estoy enumerando. Eso es muy grave.
Yo entiendo que los policías no pueden permanecer por mucho tiempo en un único puesto, pero se rotan, pero se ponen y se sustituyen por aquellos que han recibido la formación y el conocimiento. Y de guardacostas no voy a profundizar en eso, ustedes sí han ahondado muchísimo y los felicito por ello.
Ahora sí, para ir terminando, aquí viene mi opinión, porque todo lo que les he dado anteriormente son datos, es evidencia.
Esta sí es mi opinión: la crisis de seguridad de hoy es real y el principal responsable es la actual administración. Se han conjugado varios grandes factores: el fortalecimiento de los mercados ilegales en América Latina y la ausencia de la visión de la estrategia y del liderazgo en Costa Rica. Y, como resultado de estas dos cosas, vean, el crimen organizado son empresas globales debidamente articuladas. Ellos hacen escenarios, ellos leen las estadísticas, ellos monitorean los acontecimientos en un país. Y cuando ven que un país afloja, simplemente se desplazan. Cuando en otros empiezan a zocar, se desplazan.
Y a mí lo que me angustia es que, con la guerra a las drogas que le está declarando el presidente Trump, particularmente a los grupos organizados de México y sobre todo al fentanilo, lo que vamos a ver es un desplazamiento en los laboratorios de fentanilo, que se pueden acomodar en la cocina de cualquier casa hacia países como los nuestros. Lo que nos espera con el fentanilo, si no frenamos esto, es el verdadero infierno.
Termino, pues, retomando lo que dije al inicio, que Costa Rica hoy está en la mira del crimen organizado y de grupos que operan fuera de la ley.
Tenemos que hacer lo posible y sé que ustedes están en eso, porque estos grupos no se consoliden, ya están aquí muchos de ellos.
Tenemos que evitar que esa imagen de esa Costa Rica que hoy ve el presidente Trump, se fije en la retina de los medios internacionales, de los mandatarios, de los empresarios y de los ciudadanos del mundo.
Porque Costa Rica nunca fue así, nunca fue vista así. Lo nuestro ha sido siempre la paz ciudadana, no la violencia, no la criminalidad. Muchas gracias.