El presidente ilegítimo Nicolás Maduro ya no está, pero el régimen y sus principales dirigentes se mantienen en el poder. Su sucesora, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, presenta un rostro de mayor sensatez, cierta apertura y, sobre todo, obediencia al gobierno estadounidense, pero aún la rodean los siniestros Diosdado Cabello, ministro del Interior, y Vladimir Padrino, de Defensa.
Se han producido cambios económicos, pero los políticos van a la zaga, con gran lentitud e indefiniciones. La estabilidad se mantiene, pero sin aflojar los controles que emanan desde la cúpula. Cerca de 300 presos políticos han sido liberados, pero muchos de manera condicional, y alrededor de 600 permanecen en las cárceles. La Asamblea Nacional ya aprobó una ley para abrir la industria petrolera, exigencia clave de Estados Unidos, pero aún tiene pendiente dar el visto bueno a la de amnistía. La reforma económica muestra su rostro, pero el de la democracia no asoma.
Esta es, en síntesis, la situación de Venezuela siete semanas después de la captura de Maduro. Existen avances y esperanzas. Sin embargo, los puntos oscuros son muchos y no existe un calendario para avanzar hacia una verdadera transición democrática, por la que tanto se han esforzado –y, además, merecen– los venezolanos. Lo único que se asemeja a un plan, pero sin concreciones, son las tres “etapas” de las que ha hablado el secretario de Estado Marco Rubio: estabilización, recuperación y transición.
Por el momento, las prioridades de la Casa Blanca se centran en la reactivación y el máximo control posible de la industria petrolera venezolana. El presidente Donald Trump lo dijo con toda crudeza en sus primeras declaraciones tras la quirúrgica acción militar del 3 de enero.
El proceso que se inició entonces para lograr ese fin avanza con relativa rapidez y éxito. Las reformas a la legislación sobre hidrocarburos han abierto la posibilidad de mayor participación de empresas privadas en la explotación petrolera; han reducido las tasas que deben pagar al Estado y dispuesto que las eventuales disputas que surjan entre las partes se ventilen en la jurisdicción estadounidense, no venezolana.
Luego de un bloqueo de semanas, las exportaciones petroleras se han reiniciado, mediante la venta casi inmediata de enormes inventarios acumulados desde diciembre. Y si bien Estados Unidos administra por ahora el ingreso por las ventas, mediante una cuenta de custodia en Catar, la mayoría de sus flujos han comenzado a ingresar a Venezuela. El fisco ha captado mayores recursos, se han reducido las enormes presiones sobre el tipo de cambio y han cedido los fundados temores de una hiperinflación.
El alivio económico, por ahora pequeño, podrá ser mayor si se logran reactivar otras áreas de producción, y mejorar así la capacidad de consumo de la gente y la generación de empleo.
El viernes, Trump tomó una decisión que acelerará el proceso de recuperación. Aprobó licencias para que cinco petroleras internacionales puedan reanudar sus operaciones plenas en el país, frenadas tras una serie de sanciones decretadas en 2019. Se trata de la estadounidense Chevron –que ya operaba con grandes limitaciones–, la italiana Eni, la española Repsol y las británicas BP y Shell.
Como articuladora interna de estos cambios, Delcy Rodríguez cuenta con un gran apoyo estadounidense. De hecho, Trump la ha elogiado con mayor énfasis que a María Corina Machado, símbolo de la lucha democrática, y el viernes también anunció que visitará Venezuela, aunque en un futuro aún indefinido. También el sector privado, que mantiene considerable importancia en el país, respalda su gestión económica y la ve como posible aliada para mayores avances.
Estos avances económicos, bienvenidos en sí mismos, pueden, sin embargo, entorpecer la rapidez y profundidad de una verdadera transición democrática. Porque mientras Rodríguez y sus aliados sean vistos como los garantes de la estabilidad por parte de Estados Unidos, es posible que su gobierno no ejerza adecuadas presiones para la apertura política.
En una reciente entrevista con la cadena de televisión NBC, la presidenta en ejercicio asumió el compromiso de realizar elecciones “justas y libres”. Sin embargo, no existen fechas, y cualquier proceso carecerá de sentido y legitimidad si no se dan una serie de condiciones. Entre ellas están la libertad de expresión, el regreso y libertad de acción de todos los dirigentes opositores, el fin de las “brigadas” de choque del régimen, el cese de limitaciones sobre las organizaciones de la sociedad civil y la independencia total del Consejo Nacional Electoral, hoy bajo control del Ejecutivo.
Todo lo anterior, aunque haya voluntad, tomará tiempo. Pero también es posible que la voluntad sea nula o tibia, y que Rodríguez y otros elementos del régimen solo quieran alargar la espera y hacer más difícil el cambio. Sería trágico si, como resultado, se enquistara un régimen autoritario tolerado, tutelado y hasta protegido por Estados Unidos, no una democracia plena con pleno control de su soberanía. Esta inquietud es plenamente justificada. Esperamos se despeje, para bien, lo antes posible.