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En abril pasado, la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo presentado por una sancarleña de 63 años, a quien la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) le había programado una cita de valoración para 2047. Su padecimiento es una forma de osteoartrosis de rodilla que, además de causarle intenso dolor, obstaculiza severamente su movilidad.
Si la señora hubiera dispuesto de recursos económicos, seguramente habría acudido a un ortopedista privado. Sin embargo, carecía de ellos, como millones de costarricenses que dependen exclusivamente de la Caja para proteger su salud. Y cuando la institución vulnera ese derecho de una manera tan evidente, debido a problemas de gestión, su única salida, para no quedar postrados o morir, es el amparo.
La misma vía debieron seguir, a lo largo de 2025, otros miles de ciudadanos. Según las estadísticas oficiales, la Sala atendió entonces un total de 42.757 casos. De ellos, 15.971, equivalentes al 37,51%, fueron sobre temas de salud, y 11.437 fueron declarados con lugar.
Para la diputada oficialista Marta Esquivel –quien en el gobierno anterior fue, sucesivamente, jerarca de Trabajo, de la Caja y de Planificación–, todas esas personas son “ticos con corona”. Así de simplista, así ofensivo, así de insensible, así de insultante.
Basta un mínimo de sentido humano para ponerse en el lugar de quienes, por la falta de diagnósticos o tratamientos, y sin ingresos que les permitan pagar la atención que la CCSS no les provee, hacen valer su derecho a la salud por vías judiciales. Pero Esquivel parece carecer de esa empatía.
Una situación similar ocurre –y el mismo insulto de la diputada cabría– con más de 32.000 adultos mayores en condición de pobreza que esperan en otra lista: la de acceso a las pensiones del Régimen no Contributivo (RNC), que administra la Caja y debe financiar el Poder Ejecutivo. En 2025, resolvió 1.276 recursos de amparo al respecto, por la falta de decisión en plazos razonables.
Su ofensa, una de las preferidas por el oficialismo, la espetó durante un discurso, el miércoles, en la etapa de control político legislativo. “¿Qué generamos en la CCSS (con los fallos de la Sala)?”, se preguntó. Esta fue su respuesta: “Dos listas de espera: una de los ticos con corona que pueden ir a la Sala y el resto de los seres humanos, que, a pesar de que hay un artículo 33 constitucional (derecho a la igualdad), ahí desaparece”.
Esquivel sabe perfectamente que todos los costarricenses podemos acudir a la Sala Constitucional, de la que fue magistrada suplente. No es un privilegio, sino un derecho a ejercer sin intermediarios, cuando consideramos vulneradas las garantías que nos otorgan la Constitución y los tratados de derechos humanos suscritos por el país. El procedimiento es gratuito y extremadamente simple, como detalla el instructivo incluido en la página web del tribunal.
Si se han constituido “dos listas”, como dijo la diputada, no es por culpa de los pacientes, y menos de los magistrados que tienen obligación de atender sus reclamos, sino por los enormes problemas de gestión que aquejan a la Caja. De ellos, Esquivel es corresponsable.
El 7 de noviembre de 2023, cuando ocupaba la Presidencia Ejecutiva de esa institución, anunció, junto al entonces presidente Rodrigo Chaves, una hiperbólica –y también vacía– “ruta de la salud”. Entre sus múltiples promesas, aseguró que, a finales de 2024, los pacientes con enfermedades muy complejas no esperarían más de 120 días para ser atendidos, y que, a partir del siguiente, ninguno debería esperar más de un año por el resto de las especialidades.
Nada de eso ocurrió, y su “ruta” generó más dudas que respuestas entre la mayor parte del personal técnico de la institución. Las listas de espera siguieron creciendo. Por ejemplo, en marzo de este año, 204.622 personas esperaban una cirugía, un promedio de 441 días por paciente.
Lo justo, y más racional desde el punto de vista administrativo y humano, sería que la Caja tuviera esperas razonables; esto evitaría los amparos. Pero, tal como lo dijimos en nuestro editorial del 27 de mayo sobre el RNC, “cuando el sistema administrativo no responde, los ciudadanos acuden a la Sala Constitucional. Y cuando miles de personas deben recurrir al amparo para obtener una pensión, el problema deja de ser solamente presupuestario o asistencial. Se convierte en una señal de falla estructural del Estado”. Lo mismo ocurre, en mayor medida, en torno a la salud.
Utilizar el insulto masivo como argumento para atacar a la Sala y justificar el bloqueo del oficialismo a la elección de magistrados suplentes es tan absurdo como indigno. Los “ticos con corona” son otros; en cuenta, funcionarios públicos cuyos cargos les otorgan inmunidad y les evitan el tener que rendir cuentas ante la justicia por acusaciones en su contra.
En ese grupo no están los pacientes en listas de espera que acuden a los amparos por fallas sistémicas de la Caja y mala gestión de los jerarcas. Su condición se acerca a la de víctimas. Lo menos que merecen es respeto.
