El RNC atiende a las personas más pobres del país, principalmente adultos mayores que no lograron cotizar lo suficiente o del todo en su vida laboral para obtener una pensión por vejez.
El beneficio incluye de este régimen un pago mensual de ¢82.000, aguinaldo y cobertura del Seguro de Salud.
Al cierre de abril pasado, este fondo cubría a 159.274 beneficiarios. Sin embargo, según confirmó a La Nación el gerente de Pensiones de la CCSS, Jaime Barrantes, el régimen acumula actualmente 32.000 solicitudes pendientes que no han podido resolverse por falta de recursos.
De acuerdo con el jerarca, esta situación provocó una avalancha de recursos de amparo ante la imposibilidad de otorgar jubilaciones en plazos razonables, pues la institución estima que, con las limitaciones presupuestarias actuales, la espera podría extenderse hasta tres años.
La Sala Constitucional detalló a este diario que solo en el 2025 resolvió 1.276 recursos de amparo contra la CCSS relacionados con pensiones del RNC. Se trata de la cifra más alta de los últimos cinco años, seguida por el 2024, cuando el Alto Tribunal tramitó 756 casos.
Los datos también superan los registros del 2022, con 587 resoluciones emitidas, y del 2023, cuando la cantidad descendió a 515.
Además, en lo que va del 2026, la Sala reporta 459 recursos resueltos, una cifra que ya se acerca al total anual registrado durante el 2023.
Uno de los casos resueltos en el 2024, por ejemplo, relata que una adulta mayor solicitó una pensión no contributiva por vejez en setiembre del 2022, pero para febrero del 2024 aún no había recibido el beneficio.
La Sala falló a favor de la solicitante y concluyó que la Caja violó sus derechos fundamentales, al considerar excesiva y desproporcionada la demora de un año y cinco meses.
Baja en el presupuesto
La Contraloría General de la República, en el informe DFOE-FIP-MTR-00001-2026 de febrero pasado, advirtió que el presupuesto asignado al RNC para el 2026 asciende a ¢166.961 millones, el monto más bajo desde el 2021.
Según la CGR, esto representa una reducción cercana al 15,1% respecto al 2025 y responde a una disminución en las transferencias del gobierno.
La situación cobra relevancia debido a que la CCSS proyectó para el 2026 una necesidad de gasto de ¢227.463 millones, lo que deja un faltante de ¢60.502 millones.
Ante este escenario, Jaime Barrantes confirmó que la Caja necesita duplicar la cantidad de pensiones que otorga cada año, al pasar de 5.000 a 10.000, para atender la demanda.
Además, en el informe EST-0065-2025 de junio pasado, la Dirección Actuarial y Económica de la institución advirtió que, sin los recursos proyectados, podría ser necesario aplicar recortes en el monto mensual, suspender el aguinaldo y frenar la entrega de nuevas pensiones.
