EscucharEl presidente, Carlos Alvarado, se muestra anuente a impulsar la reforma legal necesaria para aprovechar la capacidad instalada de los generadores privados de electricidad y evitar un grosero desperdicio. Cuando se vencen los convenios de suministro con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), plantas cuya vida útil está lejos de agotarse cierran y comienzan a deteriorarse. Según la Asociación Costarricense de Productores de Energía (Acope), las inversiones en peligro de malograrse ascienden a unos $47 millones.
El cierre de plantas, como las hidroeléctricas Poás I y II, en Alajuela, cuyos contratos vencieron en setiembre, y la eólica PESA, en Tilarán, convenio expirado en noviembre, trae consigo un desperdicio todavía mayor si se considera la producción «limpia» y barata en una país donde el precio de la energía figura entre las limitaciones a la competitividad. A finales de mes, la hídrica de Río Segundo, en Sarchí, se verá obligada a cerrar y luego le seguirán otras tres, este mismo año.
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Acope viene luchando por la posibilidad de comercializar la energía en el mercado eléctrico regional (MER), pero el gobierno estudia la posibilidad de permitir, además, la venta sin intercesión del ICE a las cooperativas regionales, grandes consumidores y empresas dependientes del consumo intensivo de electricidad. Así, lo expresó inicialmente el Ministerio de Ambiente y Energía, aunque más tarde emitió una confusa «aclaración» donde vincula esa posibilidad al aumento de la demanda.
Cuantas más opciones, mejor. Por lo pronto, la ley solo permite venderle al ICE y la decisión de comprar es prerrogativa de esa institución, que el año pasado anunció su propósito de no renovar los contratos. A falta de la reforma legal, las plantas están condenadas a desaparecer porque a nadie pueden vender su producción, no importa cuán eficiente y limpia.
La justificación del ICE es la plena satisfacción de la demanda nacional, pero ese argumento ignora vitales consideraciones sobre el costo. Si hay fuentes más baratas, el mercado tiene derecho a escogerlas y de eso depende el éxito de algunas empresas y la atracción de otras cuyos inversionistas no toman la decisión de instalarse en el país sin antes examinar los costos.
Precisamente por eso la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde) no deja pasar oportunidad para abogar por políticas capaces de reducir el precio de la energía. Junto con Procomer y el Ministerio de Comercio Exterior, Cinde está en la primera línea de la lucha por atraer inversiones, inmersa en la feroz competencia. Conoce, a la perfección, los elementos de una oferta ganadora.
Costa Rica no está para desperdicios y sí para aprovechar todas sus capacidades y convertirlas en ventajas comparativas o, cuando menos, eliminar desventajas. Las plantas en desuso ya están amortizadas y no tienen necesidad de cargar costos financieros al precio de la producción, de todas formas más barata. Con muy buen juicio, el viceministro de Energía Rolando Castro, encargado de redactar la reforma, expresó la aspiración a dejar la energía barata en el país en lugar de exportarla.
El deterioro de las plantas clausuradas ocurre con mucha rapidez. Los cambios requeridos para mantenerlas en operación son urgentes. El viceministro lo reconoce y desea enviar el proyecto «lo antes posible» a la Asamblea Legislativa. Ojalá cumpla las expectativas creadas y los diputados comprendan la necesidad del trámite acelerado. Por su parte, el mandatario asegura tener «toda la disposición para que sea una ley» y no poner «traba alguna».
La reactivación económica del país, especialmente después de lo sufrido a lo largo de la pandemia, exige el abaratamiento de costos. El gobierno demuestra entenderlo cuando insiste en la necesidad de replantear las cargas sociales o agilizar trámites. El rescate de las generadoras privadas de electricidad es otra pieza del mismo rompecabezas.
