Generadores privados de energía reclaman al presidente Carlos Alvarado el incumplimiento de su promesa de impulsar una reforma legal que les permita vender energía en Centroamérica, luego de que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) dejó de adquirirla.
La Asociación de Productores de Energía (Acope) envió el 2 de febrero una carta a Alvarado para solicitar su intervención y evitar el cierre de más plantas hidroeléctricas.
Ese mismo día, el Poder Ejecutivo se comprometió públicamente a promover las modificaciones legales necesarias para que salieran al Mercado Eléctrico Regional (MER), lo que daría continuidad a su labor y a los empleos que ofrecen.
Incluso, el ministro de Comunicación, Agustín Castro, informó en aquel momento de que se trabajaba en una propuesta desde el año anterior y que estaría listo en unas semanas.
Hasta este momento, se desconoce la iniciativa.
Actualmente, la ley que autoriza a privados la producción de energía es restrictiva, pues solo pueden venderle electricidad al ICE y este decide si contrata o no. Por ley, no pueden comercializar su energía a un tercero dentro o fuera de Costa Rica.
Hasta ahora, han apagado turbinas las hidroeléctricas Poás I y II, en Poás de Alajuela, cuyos contratos vencieron en setiembre. También la eólica PESA en Tilarán, Guanacaste, cuyo convenio expiró en noviembre. Otras cuatro plantas correrán la misma suerte este año.
Frente al silencio del Ejecutivo, la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) le envió a Alvarado, este jueves, otra carta pública para reiterar el pedido ayuda y recordarle su compromiso.
Sostiene, incluso, que no haría falta un proyecto de ley, pues consideran que el propio ICE podría ser el agente que venda la energía de los privados en el MER.
“Señor Presidente, la solución es sencilla y no existe impedimento de ninguna naturaleza”, plantean los industriales, quienes afirman que a la fecha y pese a reiteradas solicitudes, el ICE permanece sin justificar su negativa a servir como agente en la exportación, lo cual incluso le generaría ingreso.
En su escrito, los industriales aluden al estudio “Exportación de Energía Eléctrica -Análisis de Habilitaciones Legales”, elaborado en noviembre por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y el ICE.
En el análisis, la Aresep y el Minae concluyen que la exportación de generadores sin contrato con el ICE y excedentes de energía de distribuidoras rurales pueden exportarse al MER por medio del Instituto, al ser este el único agente nacional en ese mercado para comercializar energía.
Señala el documento, en poder de este diario, que Aresep y Minae ven legalmente posible allanarle la vía a los privados en ese sentido. El ICE, sin embargo, difiere, sin dar argumentos.
Sin respuesta
Aresep y Minae indican, textualmente, que el Instituto ni siquiera aportó documentación de un eventual análisis legal sobre el tema, aunque se declara imposibilitada para ayudar.
Ante esta negativa, cita el estudio, “el Minae y Aresep consideran pertinente solicitarle a este instituto que aporte las modificaciones de ley a los textos de las normas nacionales que ellos indican que establecen restricciones o amarras que le impiden ejercer las funciones de agente del MER”.
El empresario Eduardo Kopper, cuya familia es propietaria de Poás I y II, denunció falta de voluntad política del ICE y del Gobierno.
“Hay un tema meramente de actitud ,de no permitir que el sector privado haga uso de activos que tiene. A todo lo que hemos podido indagar no hay impedimento legal y, cuando se lo consultamos al ICE, en ya cinco ocasiones desde setiembre del 2020, no provee ninguna explicación”, indicó Kopper.
El empresario está por apagar una tercera planta este 30 de mayo. Se trata de la hídrica Río Segundo (en Bajos del Toro; cantón de Sarchí en Alajuela) también por vencimiento de su contrato con el ICE.
Kopper afirmó que le ofreció al ICE pagarle un peaje por representar al país en el MER sin que asumiera riesgos adicionales. Estos, afirmó el empresario, correrían por su cuenta.
“El ICE incluso rehúsa ganar dinero”, dijo el empresario.
Por su parte, Mario Alvarado, presidente de Acope, reiteró que dadas las condiciones, la no renovación de contratos a los generadores privados, los deja con pocas alternativas. Una de ellas, sería vender baratas sus plantas a las distribuidoras o desmantelarlas.