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ICE apoyaría a generadores privados para exportar su electricidad si más autoridades cooperan

Jerarca aclara que Aresep, Minae y Congreso tendrían que contribuir para que empresarios consigan la autorización para vender energía al mercado centroamericano, luego de que Instituto decidiera no ampliar contratos por la baja en demanda

El ICE estaría dispuesto a contribuir para que los generadores privados salgan a vender su energía al Mercado Eléctrico Regional (MER), siempre y cuando haya colaboración de otras autoridades.

Esta fue el compromiso de Irene Cañas, presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), para quien las responsabilidades deben ser compartidas si realmente se quiere evitar el cierre de las plantas eléctricas privadas.

Cañas declaró en entrevista exclusiva con La Nación su apoyo a la generación privada pese a la decisión de no ampliar los contratos de compra a siete empresas.

Esto provocó que estas compañías se vean obligadas a despedir personal y apagar instalaciones de generación limpia valoradas en $47 millones.

La jerarca justificó la decisión en el hecho de que el Instituto ya no requiere de la energía privada porque la demanda eléctrica del país cayó más bien hay un exceso de capacidad instalada, como se los ha señalado la Contraloría General de la República.

Esta medida dejó a los generadores amarrados, pues por ley, el ICE es el único comprador de la energía que producen los privados, los cuales quedan sin opción de venderle a un tercero dentro o fuera del país.

“Tenemos la voluntad de apoyar y buscar opciones para que coloquen su energía en el Mercado Eléctrico Regional. Sin embargo, no solo depende del ICE; también entran la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, el Ministerio de Ambiente y Energía y la Asamblea Legislativa”, indicó Cañas.

La funcionaria dijo estar en total disposición de hacer todo lo que esté en sus manos para ayudarlos a conseguir las reformas ligadas al ICE, pero advirtió que no pueden solos.

“Ahí tienen que entrar los otros actores aunque insisto en que tenemos toda la anuencia a colaborar y hallar una solución para que vendan en la región”, aseguró.

Los empresarios insisten en que hay una vía legal para comercializar su energía en el mercado centroamericano, lo que les permitiría preservar empleos, encadenamientos productivos y pago de impuestos en suelo tico.

Mario Alvarado, director ejecutivo de la Asociación de Productores de Energía (Acope), afirma que esto es posible al amparo de dos reglamentos de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep).

En sus intentos por evitar el cierre de plantas, Acope consiguió del presidente de la República, Carlos Alvarado, una promesa de impulsar la reforma legal necesaria.

Dicho compromiso fue dado a conocer la semana anterior, en respuesta a una carta en la que reclamaron la escasa voluntad política en el asunto, a pesar de que esta administración impulsa descarbonizar la economía.

Ese mismo día, el Gobierno prometió impulsar el cambio de ley.

Apoyo a generación privada

La presidenta del ICE subrayó que, pese a lo ocurrido con esas empresas, el Instituto anima la generación privada. En los últimos cinco años, dijo, se integraron al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) ocho instalaciones de empresas privadas y cooperativas rurales de distribución.

”No le estamos cerrando puertas a la generación privada, solo estas nuevas plantas que le menciono nos aportan más de 750 Megavatios (MB) de capacidad. Sin embargo, la demanda no crece igual y la pandemia la redujo más de 3% en el 2020″, argumentó.

Según Cañas, el país dispone de 3.070 Megavatios de capacidad instalada entre plantas públicas del ICE, de cooperativas y de capital privado, pero los picos de demanda apenas rebasan de vez en cuando los 1.700 MB de todos esos equipos, en los últimos años.

“Las plantas a las que no renovamos iban ya por la tercera vez de repetir contrato; ya habían pagado su inversión por completo y eso debemos todos tenerlo claro”, enfatizó Cañas.

La jerarca, además, desmintió que la salida de esas plantas obligue al ICE a importar energía térmica (generada a base de hidrocarburos) de Centroamérica o a producirla en suelo tico.

Cuando el ICE decidió negar contratos de compra a los privados dispuso que, en caso de necesitar energía extra, la producirá con sus plantas térmicas o la traería del Istmo incluso a tarifas mayores.

“No vamos a aumentar la generación térmica. Hay generación térmica, pero igualmente la requerimos el año pasado teniendo inclusive a esos generadores privados. Igual vamos a generar térmico este año”, advirtió.

No obstante, aclaró que resulta más ventajoso para el ICE salir a buscar energía en el exterior.

“Nos es más beneficioso salir a buscar opciones al mercado regional para rellenar picos que firmar un contrato que nos amarra muchos meses, cuando sabemos que habrá momentos en que no ocuparemos la energía, pero igual debemos pagarla”, argumentó.

El año pasado, por ejemplo, Costa Rica consumió 11.019 Gigavatios (GW) de electricidad de los cuales 69,5% salieron de plantas hídricas (7.661 GW), 15,3% de plantas geotérmicas (1.689 GW) y otro 13,2% de parques eólicos (1.459 GW).

Así se desprende del reporte anual del Centro Nacional de Control de Energía (Cence), adscrito al ICE.

Esto suma un 98% de demanda atendida con fuentes limpias y el restante 2% (141 GW) suplido con tecnología térmica, entre importación desde el Istmo y producción local.

Opuesta al cambio

Consultada sobre si desligar al Centro Nacional de Control de Energía (Cence) del ICE no haría más eficiente y barato el despacho de energía para el consumidor, Cañas cree inoportuno hacerlo en este momento.

En su criterio, darle independencia al Cence no garantizaría un despacho de energía más barato porque, según ella, eso solo se logrará cuando el Centro tenga claras las normas de operación, lo que se vincula con un “cambio estructural” del modelo eléctrico nacional.

“Que el Cence salga del ICE, yo todavía no estoy tan convencida de las ventajas que tendría eso; no visualizo a corto plazo quién asumiría todas las inversiones que ha hecho el ICE allí”, explicó Cañas al recordar que la institución sostiene al Centro.

Para Cañas, un despacho de energía más barato requiere mejorar la planificación de las inversiones en plantas en general y analizar cómo lograr un proceso más eficiente.

“Hoy, no se puede hacer eso de golpe porque hay plantas con pocos años de aportar al sistema eléctrico. No se pueden cambiar las reglas de juego de la noche a la mañana. Debe ser un proceso gradual sin importar dónde esté el Cence”, concluyó.

Juan Fernando Lara S.

Redactor en la sección Sociedad y Servicios. Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio Redactor del año de La Nación (2012). Escribe sobre servicios públicos, infraestructura, energía y telecomunicaciones.