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Los dictámenes que la Superintendencia General de Seguros (Sugese) hizo sobre el manejo interno del Instituto Nacional de Seguros (INS) son angustiantes. No solo hay pérdidas históricas en los seguros de automóviles, salud e incendio, sino una gestión que minimizó reiteradas señales de alarma y hasta optó por variar a la baja las metas e indicadores de rentabilidad y ganancias para favorecer el cumplimiento de un “desempeño deficiente” entre 2022 y 2024.
Por eso, la destitución del gerente general, Luis Fernando Monge, anunciada a finales de noviembre, no basta. La cadena de deficiencias no recae en una sola persona. Compromete a la Junta Directiva, que conoció advertencias técnicas relevantes y no reaccionó con la urgencia que la situación exigía; le atañe a la presidenta ejecutiva, Gabriela Chacón, llamada a ejercer un liderazgo vigilante y crítico frente al deterioro; y alcanza al Consejo de Gobierno, que, como accionista mayoritario, tiene el deber de exigir explicaciones oportunas, corregir rumbos y asegurar una conducción estrictamente técnica de una institución estratégica para el país.
La Sugese evidenció a lo largo de los últimos meses que la gobernanza del INS dista de ser adecuada, comenzando por el monto de las pérdidas, que ni los mismos que administran el Instituto tienen claro. Resulta desconcertante que, mientras desde febrero la Superintendencia documentaba una pérdida técnica de ¢29.360 millones en 2024, la más grave en al menos siete años, el INS optara por contraatacar con un relato triunfalista. En abril, desde la Casa Presidencial, la cúpula de la aseguradora proclamó “¢90.000 millones de utilidades brutas, un 78% más que en 2023”, cifras que el regulador consideró improcedentes.
Llegaron al punto de acudir al Tribunal Contencioso-Administrativo para defender resultados, pero perdieron la demanda en primera instancia. El Poder Judicial ordenó revertir más de ¢21.000 millones que la institución acreditaba como ganancia, al concluir que mantener esos registros comprometía la transparencia, la confiabilidad de la información financiera y la disciplina del mercado asegurador. El fallo no solo corrige cifras; expone el cuestionable modelo de administración.
Al desglosar las pérdidas, la Sugese determinó que las más preocupantes se concentran en los seguros de Salud (¢8.940 millones), Incendio (¢5.993 millones) y Automóviles (¢170 millones). Este último caso resulta revelador. En 2022, la póliza de automóviles registró una utilidad técnica de ¢18.316 millones, pero, en mayo pasado, el gerente ahora destituido restó gravedad a la pérdida de ¢170 millones, al calificarla en un programa de radio como “pequeña”, según consignó el superintendente Tomás Soley.
Incluso desde inicios de año, Soley identificó “un descalabro” en ese seguro voluntario y la respuesta del entonces gerente fue considerar el calificativo como “muy fuerte”, bajo el argumento de que podía generar en el INS “un riesgo sistémico por falta de claridad en la comunicación”. Es irónico, porque cualquier riesgo sistémico no proviene de las alertas de la Sugese, sino de los propios manejos internos que afectaron el desempeño del INS y obligaron al regulador a encender las alarmas.
Y, como señalamos desde el inicio de este editorial, uno de los hallazgos más inquietantes es el anotado por el superintendente en su oficio del 7 de noviembre, cuando dijo que “el INS ha modificado a la baja algunas de esas metas e indicadores, lo cual es evidente que facilita su cumplimiento”.
Que una empresa pública en competencia con otras 11 aseguradoras haya optado por rebajar sus propios objetivos de desempeño, en vez de corregir su gestión, no refleja adaptación estratégica, sino falta de rigor para enfrentar las causas de su deterioro.
A ese escenario ya enmarañado, se suma que el INS acumula más de 18 años operando sin un sistema robusto para controlar las principales variables del mercado asegurador, lo que, según la Sugese, ha generado desconfianza en los sistemas existentes. También pesan decisiones de carácter político, como el aumento salarial retroactivo para 2.470 funcionarios, aprobado en diciembre de 2022 sin el estudio técnico de mercado que exige la ley. Y, por supuesto, se agrega ahora la denuncia de presiones del presidente Rodrigo Chaves a la exjerarca Mónica Araya para que el INS otorgara una garantía de cumplimiento a la constructora mexicana Tradeco, interesada en un contrato de $180 millones para ampliar la vía Limonal-Barranca. Araya se opuso por ser inviable y lo que recibió fueron gritos e incluso el calificativo de “incompetente”, según dijo.
Tantas malas experiencias confirman que el INS requiere una despolitización de su cúpula. La Junta Directiva, la Presidencia Ejecutiva y la Gerencia General deben responder a criterios técnicos rigurosos y a estándares de idoneidad, no a afinidades políticas. A ello debe sumarse una profesionalización de la conducción institucional. Los costarricenses no debemos tolerar que una institución centenaria y benemérita de la patria navegue en la incertidumbre, acumule pérdidas y pierda competitividad.
