La pérdida técnica de ¢29.360 millones registrada por el Instituto Nacional de Seguros (INS) en 2024 representa el peor resultado en su operación de seguros desde que se inició el análisis de la cuenta técnico-financiera en 2017.
La Superintendencia General de Seguros (Sugese) calificó como “preocupante” la magnitud del deterioro, lo cual, lejos de minimizarse, debe asumirse como una oportunidad para tomar decisiones que corrijan el rumbo. Lo que está de por medio es la salud de una institución fundamental para el país.
En sus 100 años de historia, el INS ha operado como una segunda red de salud mediante el seguro de riesgos del trabajo, ha protegido a miles de conductores y peatones a través del seguro obligatorio automotor, ha contribuido al desarrollo profesional del sector asegurador y ha canalizado miles de millones al Estado mediante el aporte anual del 25% de sus utilidades, además del pago de impuestos e inversiones públicas. A eso se suman sus giros al fondo de pensiones del IVM y el financiamiento a Bomberos.
Durante la pandemia, por ejemplo, destinó ¢75.000 millones al bono Proteger para ayudar a las familias más vulnerables, una capacidad de respuesta única en un momento en que no había suficientes recursos para atender la emergencia social más grave de los últimos años.
Sin duda, su contribución al país ha sido excepcional y por ello, en octubre del año pasado, los diputados la declararon Institución Benemérita de la Patria. Sin embargo, esa misión se puede ver amenazada.
De acuerdo con el reporte de Sugese, publicado por La Nación el lunes pasado, cinco de las seis principales pólizas del INS –automóviles, vida, salud, incendio y riesgos del trabajo– cerraron el 2024 con resultados negativos. La de automóviles, que en 2023 registró un resultado positivo de ¢11.163 millones en la cuenta técnica, pasó a una pérdida de ¢141 millones el año pasado. Un cambio atípico que la Superintendencia no dudó en calificar como “un descalabro de once mil millones”.
Lo dijimos puntualmente: no es la primera vez que el INS finaliza en rojo en su operación aseguradora. En los años 2019, 2020 y 2022, tuvo pérdidas técnicas por ¢2.549 millones, ¢1.478 millones y ¢1.215 millones, respectivamente. Sin embargo, ninguno de esos casos fue tan severo como el actual.
Se requiere, entonces, que la cúpula del INS adopte medidas correctivas claras y verificables; que proponga las reformas legales necesarias para competir en condiciones de equidad, si realmente enfrenta desventajas regulatorias; y que su Junta Directiva y gerencias actúen con plena transparencia en sus decisiones.
Es vital que la confidencialidad no se utilice como escudo para contratos de alto impacto económico, como el intento de adjudicación directa a UNOPS por $44,6 millones para un nuevo sistema informático.
Es imperativo modernizar su plataforma tecnológica, obsoleta tras 18 años de uso, por una que brinde confianza y no dé errores. No obstante, dicha contratación debe realizarse mediante procesos abiertos.
Y, sobre todo, se exige que las decisiones se tomen con base en criterios técnicos, no como ocurrió con el aumento salarial retroactivo aprobado para 2.400 funcionarios, sin respaldo técnico adecuado y cuya discusión también fue declarada confidencial.
Paralelo a estas deficiencias, el INS pierde terreno en sectores clave como el de seguros de vehículos, donde su participación cayó del 61,6% al 36,5% en un año. Mientras tanto, competidores como Quálitas aumentaron su participación de mercado de 21,03% a 32,6%, según datos de la Sugese. Minimizar esta caída no contribuye en nada a la sostenibilidad de la institución.
Igualmente inadmisible es el debilitamiento de los controles internos. La Contraloría General de la República advirtió que la Junta Directiva interfirió en las labores de la Auditoría Interna, le restringió el acceso a información clave e intentó modificar el contenido de una investigación. Esa opacidad socava la credibilidad institucional y debilita la fiscalización.
Un INS fuerte necesita de más control interno, no menos.
Lo que se requiere ahora son decisiones y planes concretos, libres de toda intromisión política. Debe prevalecer lo profesional.
Para lograrlo, el INS debe poner en el centro de su gestión el rigor técnico, la rendición de cuentas y la transparencia.
También debe priorizar el servicio al cliente, asegurarse de ofrecer un trato más humano y garantizar que su cartera de seguros responda a las necesidades actuales del mercado, con productos competitivos y accesibles.
Poner atención al INS es defender una institución que ha aportado al desarrollo económico, a la salud pública y a la estabilidad financiera del país. No podemos permitir que se debilite. Los costarricenses necesitamos que nuestra aseguradora estatal sea sinónimo de solidez, confianza y servicio público.
