Confidencialidad. Esa fue la condición especial que el Instituto Nacional de Seguros (INS) incluyó en la solicitud que presentó el 12 de octubre ante la Contraloría General de la República, para que refrende un contrato por $44,6 millones con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés), para la adquisición e implementación de sistemas informáticos.
“La información consignada en este documento, así como cualquier documento relacionado con este trámite debe ser catalogada como confidencial, por lo cual se solicita que se le brinde dicho tratamiento en la gestión de refrendo contralor”, señaló el INS en su solicitud.
La petición consta en el oficio 17448, firmado por Gerardo Villalobos Guillén, fiscalizador de la Contraloría General de la República el 18 de octubre anterior.
El órgano contralor, sin embargo, pidió más información para poder resolver. Entre los requerimientos de la Contraloría para determinar si acepta o no la declaratoria de confidencialidad, está enviar la “justificación, firmada por el funcionario o persona competente, en la que se exponga de forma amplia y desarrollada las razones” para esa calificación.
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Además, el INS debe dar una justificación idéntica para “todos aquellos documentos que dentro del expediente sean identificados como confidenciales”. También debe indicar qué personas podrían consultar los papeles en caso de ser declarados como secretos y precisar el plazo en que tendrían acceso restringido.
Por último, la Contraloría le solicitó al INS enviar el memorando de acuerdo con UNOPS firmado, pues el que envió no contenía las firmas.
Villalobos Guillén dio dos días hábiles al Instituto para enviar la información. La Nación consultó, este viernes, a la Contraloría si ya recibió lo requerido, pero hasta el cierre de esta información no habían dado respuesta.
Actas secretas
El 10 de octubre, este diario publicó que la Junta Directiva del INS declaró confidenciales las actas en las que se aprobó negociar con UNOPS el contrato millonario. “Lo referente al proyecto de modernización de los sistemas informáticos del Grupo INS fue declarado confidencial”, dijo la oficina de prensa de la entidad.
La institución aseguradora no detalló las razones por las que considera que debe ser confidencial el proceso de contratación con UNOPS.
La Nación tiene copia del memorando de acuerdo que ambas entidades acordaron. De acuerdo con el documento, UNOPS se encargaría de hacer el diagnóstico de necesidades, desarrollar las licitaciones para el diseño y compra de las plataformas tecnológicas y de implementarlas en un plazo de 56 meses (4,6 años). De los $44,6 millones (¢28.320 millones), $4,5 millones (¢2.882 millones) son para pagar los servicios de la agencia de la ONU, lo que equivale a un 10% del presupuesto total.
De los $4,5 millones que pide UNOPS para ejecutar las tareas, $2,4 millones son para cancelar salarios de su personal, $1,1 millones se usarían en “gastos indirectos de operaciones” y $800.000 se incluyen para “gastos de soporte nacional e internacional”.
Además, exigen $245.000 para “costos de operación UNOPS” relacionados con viajes, viáticos, gastos de misiones internacionales, talleres, comunicación y materiales, entre otros y $140.000 para comunicación del proyecto.
También piden que el INS transfiera en cinco desembolsos, distribuidos entre diciembre de 2022 y enero de 2025, los $44,6 millones del proyecto. El dinero, según el memorando de acuerdo, debe ir a una cuenta a nombre de UNOPS en Nueva York y los trabajos empezarán 15 días después de la primera transferencia. Los intereses que generen esos fondos, según lo estipulado, serán reintegrados de manera anual.
Un aspecto importante es que, aunque UNOPS fungiría como ejecutor del proyecto y estaría al frente de cada componente, los riesgos deberán ser asumidos por el INS. Eso quiere decir que solo se podría responsabilizar a la agencia de la ONU y sus funcionarios si ellos mismos aceptan haber cometido errores o incumplido funciones.
Desde el 15 de setiembre se ha intentado contactar a Mónica Araya Esquivel, presidenta ejecutiva del INS, para habla sobre este tema, pero no ha contestado las llamadas y mensajes.
El plan para modernizar las plataformas tecnológicas del INS no es nada nuevo. Desde 2015 registran varios intentos para actualizar sus sistemas, integrar procesos y dar trazabilidad a procedimientos, pero no han concretado el objetivo.
El último intento fallido ocurrió en diciembre de 2021, cuando el INS tuvo que suspender la adjudicación del proyecto a la empresa UST Equipo Consorcio por aparentes irregularidades en la firma de una declaración jurada de su abogado, Christian Garnier Fernández, quien es esposo de la exlegisladora del Partido Liberación Nacional, Karine Niño y, según publicó el Diario Extra, en 2021, omitieron comunicar esa relación a la hora de concursar por la contratación.
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La argumentación del INS para suspender esa contratación, fijada en ¢33.000 millones, es una aparente violación al régimen de prohibiciones de la Ley de Contratación Administrativa, pues el artículo 22 y 22 bis impiden a una serie de funcionarios públicos -entre ellos los diputados- contratar con el Estado. La restricción también aplica para “el cónyuge, el compañero o la compañera en la unión de hecho, de los funcionarios cubiertos por la prohibición, así como sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive”.
Para marzo de 2021, fecha en que se publicó la licitación mencionada, ¢33.000 millones equivalían a $53 millones, aproximadamente (al tipo de cambio del 31 de marzo de 2021).