Sobrecostos y atrasos en la fecha de entrega marcan algunos de los proyectos viales encargados a las constructoras H Solís y MECO, que son el foco de una investigación sobre posible pago de sobornos a funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
Son tres las obras de infraestructura que habrían visto aumentados sus presupuestos a costa de dinero que se sacó de otros proyectos viales.
De las carreteras Sifón- La Abundancia; Tablillas-Delicias –ambas en la zona norte– y de la ampliación de la ruta 32 se habrían engordado los presupuestos de la construcción del puente Binacional en Sixaola (frontera con Panamá); el viaducto de las Garantías Sociales, en Zapote, y la Circunvalación Norte.
Esa es la información que se ha obtenido de las investigaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual informó de que el desvío de fondos llega a los ¢78.000 millones.
Hasta ahora, ese es el único detalle sobre los proyectos implicados en la investigación que dio como resultado la detención de 30 personas, entre ellas, 14 funcionarios (13 empleados del Conavi) y los principales rostros de las dos empresas constructoras más grandes del país.
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¿Qué tienen en común las obras mencionadas?
En la mayoría de los casos, los atrasos y sobrecostos son los que marcan la pauta, como ocurrió con el puente Binacional, en la frontera con Panamá, y con la rotonda de Garantías Sociales, en Zapote, ambos ya concluidos. También con la Circunvalación, que está en marcha.
En el caso de los contratos de conservación vial, donde los fondos se habrían dirigido a engordar los proyectos a cargo de MECO, estos se encuentran suspendidos desde febrero cuando vencieron las licitaciones que estaban vigentes desde el 2018.
De acuerdo con la Fiscalía, los delitos que se investigan son cohecho propio, tráfico de influencias, estafa, falsedad ideológica y uso de documento falso.
Puente Binacional
El llamado Puente Binacional en Sixaola fue una iniciativa conjunta con el Gobierno de Panamá, que se construyó mediante una donación de $10 millones del gobierno mexicano y contrapartidas de Costa Rica y Panamá.
Inicialmente, la obra se había estimado en $15 millones y se ejecutaría en 28 meses una vez recibida la orden de inicio.
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El puente se entregó en marzo de 2021 con un atraso en la construcción de cinco meses. A esto se suma que la obra esperó casi dos años para recibir la orden de inicio luego de haber sido adjudicada a finales del 2016.
La Contraloría General de la República advirtió en un informe de julio del 2019 sobre debilidades en el control ejercido por el Conavi en la administración de dinero y el cronograma de trabajo.
El proyecto era gestionado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y estuvo a cargo del consorcio Binacional de Sixaola, conformado por MECO y las empresas mexicanas Cal y Mayor Asociados y Mexpresa.
Con relación a esta obra, fue detenida una funcionaria de la unidad ejecutora a cargo, identificada como Paola Mora Chaves.
Circunvalación Norte
El proyecto de Circunvalación Norte es, actualmente, una de las obras más importantes de la administración Alvarado.
La inversión es de $163 millones, más $60 millones recién incluidos en una adenda. La construcción está a cargo del consorcio H Solís y la empresa dominicana La Estrella.
Hasta ahora, no ha sufrido sobrecostos, aunque sí arrastra meses de atraso.
Un informe de la Cámara Costarricense de la Construcción estableció que esta es la obra que más se ha atrasado por errores y falencias en las fases de preingeniería.
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La vía recibió la orden de inicio para la etapa de diseños en agosto del 2014. Esa fase debía estar lista en febrero del 2015, pero fue concluida hasta setiembre del 2017, es decir, con 941 días atraso.
Ese mismo mes, y sin haber completado las fases de preingeniería, el gobierno de Luis Guillermo Solís dio la orden de inicio de la fase constructiva, cuyo plazo de ejecución era de 540 días, lo cual implicaba que debía quedar lista en marzo del 2019. A la fecha, la obra no ha sido entregada y acumula ya más de dos años de rezago.
Garantías Sociales
El viaducto de las Garantías Sociales fue ideado dentro de un plan en el que se ejecutarían de manera simultánea tres pasos similares en Zapote, Montes de Oca y Guadalupe.
Las tres obras costarían $65,8 millones y estarían listas en 24 meses. Al final, el paquete completo sufrió un aumento de los costos de $23 millones.
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En el caso de la rotonda en Zapote, los principales atrasos se presentaron durante el proceso de adjudicación, el cual fue anulado en cuatro ocasiones hasta que finalmente recayó en la constructora MECO. La empresa recibió $17,6 millones por ese paso, inaugurado en marzo del 2020.
Contratos de conservación
Los planes de mantenimiento de carreteras también estaban, en su mayoría, en manos de MECO y H Solís.
A estas dos empresas, el Conavi les contrató la mayoría de las 22 zonas de conservación vial, dice el informe LM-AT-001-2020, elaborado por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), de la Universidad de Costa Rica.
Según el documento, MECO tenía a su cargo 10 de las 22 líneas de trabajo en una de las licitaciones y H Solís, otras 10; mientras que las dos restantes estaban en manos de la empresa Quebradores del Sur.
En otra de las licitaciones, MECO también aparecía como responsable de 10 de las zonas de atención y H Solís, en 11 de ellas; la otra zona restante figura a cargo de la constructora Herrera (empresa que también es investigada en la causa dada a conocer el lunes).
Desde febrero de este año, dichos contratos están suspendidos porque venció el plazo de las adjudicaciones vigentes desde el 2018.
El director del Conavi, Mario Rodríguez, declaró la semana pasada que estaban a la espera de resoluciones en la Contraloría para adjudicar nuevamente dichas labores.
Sobre las obras de las cuales se habrían tomado recursos, únicamente se sabe que estaban relacionadas a los proyectos de Sifón- La Abundancia (paralizado desde agosto del 2018), la ampliación de la ruta 32 (donde el Estado debe aportar una contrapartida de $69 millones) y una vía entre Las Delicias y Tablillas en la frontera norte, sobre la cual no existen detalles.
En el caso de Sifón- La Abundancia, cuando el MOPT rompió el contrato con la empresa que tenía a cargo los trabajos, se indicó que tras 13 años de obras se avanzó en un 60% del proyecto y se consumieron $184 millones (98%) del presupuesto asignado.
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La Fiscalía indicó a La Nación, este martes, que no daría detalles sobre las obras incluidas dentro de la causa pues forman parte de la investigación en proceso.
Al margen
Aunque UNOPS forma parte de la supervisión y gestión de tres de las obras mencionadas en la investigación, dicha oficina indicó a La Nación que no estaba al tanto de las investigaciones que seguía el OIJ, ni tampoco ha recibido requerimientos de información.
Alejandro Rossi, representante de dicha oficina en el país, agregó que “por el momento no hay investigaciones al interno de UNOPS, toda vez que no tenemos elementos que indiquen la presencia de irregularidades en procesos ejecutados por nuestra agencia”.