El Instituto Nacional de Seguros (INS) obstruyó las labores de fiscalización que realiza el auditor interno de esta entidad, Gustavo Retana Calvo. La Junta Directiva le exigió, por ejemplo, avisar antes de interponer cualquier denuncia penal y le ordenó cambiar el contenido de los resultados de una investigación.
Además, le retiró el acceso al sistema de órdenes del día, en donde se informan los temas que discutirá la cúpula de la institución, y le limitó el acceso a otros tipos de información pública.
Así lo advirtió la Contraloría General de la República (CGR) en un oficio enviado a la presidenta ejecutiva del INS, Gabriela Chacón Fernández, el 22 de octubre, en el cual ordenó garantizar la independencia funcional y de criterio de la Auditoría, así como prestar total colaboración para que ese órgano cumpla con sus funciones.
Según explicó el órgano contralor, el 1.° de agosto la Junta Directiva cuestionó que la Auditoría Interna presentara denuncias penales ante el Ministerio Público sin antes avisar a los directivos. Esa discusión se repitió el 15 de agosto, cuando los directivos afirmaron que el auditor interno debía coordinar con ellos la remisión de la denuncia y la relación de hechos.
Ese mismo día, la cúpula del INS solicitó a la Auditoría “revisar con la administración las aseveraciones” de un informe de fiscalización elaborado en el 2023 y presentarlo nuevamente. Pese a que el dictamen se fundamentó en información verificable, los directivos instruyeron al auditor para que realizara un nuevo informe bajo la tutela de la administración, es decir, el ente investigado.
De acuerdo con la Contraloría, estas órdenes no son admisibles, ya que el artículo 25 de la Ley General de Control Interno garantiza que las auditorías internas de todas las instituciones gozan de completa independencia funcional y de criterio. “La independencia de criterio implica prohibición de injerencias de la administración activa en la ejecución de las labores de Auditoría Interna. Ni el jerarca ni los titulares subordinados tienen la potestad de dar órdenes, instrucciones y circulares sobre el modo de ejercer las funciones del auditor”, recalcó la CGR en su advertencia.
Asimismo, el órgano contralor recordó al INS que la auditoría está facultada para presentar denuncias penales sin el consentimiento previo del jerarca, ya que esta “coordinación” podría ser contraproducente y afectar las investigaciones. La normativa ordena que, cuando se presenten demandas ante la Fiscalía, se le informe a la administración posteriormente.
De acuerdo con las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, la responsabilidad de la Contraloría General de la República y los auditores internos es asegurar la efectividad del manejo de los fondos públicos, colaborar en la reducción de los riesgos institucionales y procurar que los funcionarios ejecuten su labor de acuerdo con “sanas prácticas y con el marco legal y técnico” y que cumplan con la obligación constitucional de rendir cuentas.
INS limita acceso de Auditoría a la información
La Contraloría General de la República reportó que la Junta Directiva y la Gerencia General del INS han limitado el acceso de la Auditoría Interna a la información pública de la entidad.
El primero de estos obstáculos se produjo el 15 de marzo del 2022, cuando el secretario de la Junta Directiva del INS le informó al auditor Gustavo Retana que se le retiró a él y a su secretaria el acceso al Sistema de Órdenes del Día (Sidordi). Estas credenciales no se restauraron sino hasta seis meses después.
Tras un año, el 1.° de febrero del 2023, también se le retiró el acceso al Sibordi a las jefaturas y puestos estratégicos de la Auditoría Interna. Las credenciales se reestablecieron luego de que el órgano de fiscalización presentara una queja.
El 16 de junio del 2023, la Auditoría emitió un informe en el cual advirtió de que existían limitaciones para el acceso oportuno y suficiente a la información. Dos meses después, el 15 de agosto, tras conocer ese estudio, los directivos del INS cuestionaron las potestades del órgano de fiscalización para acceder a información de proyectos en desarrollo. Este fue el mismo informe que ordenaron rehacer bajo la tutela de la administración activa del INS.
Sin embargo, en la advertencia emitida, la Contraloría aclaró que la Ley de Control Interno determina las potestades con que cuenta la Auditoría Interna, entre ellas, el libre acceso a toda la información de los entes y órganos de su competencia.
El órgano contralor recordó que el acceso a la información es vital para que la Auditoría se forme un criterio objetivo e imparcial sobre las actividades el INS. Esta garantía incluye tanto información pública como confidencial, adoptando las medidas para garantizar la protección de la información sensible.
“La potestad de la Auditoría de acceder a la información institucional es amplia y abarca toda la documentación necesaria para el desempeño de sus competencias, incluyendo la generada en los proyectos en proceso. Es jurídicamente improcedente negar el acceso a esta información bajo la justificación de que corresponde a proyectos en ejecución”, advirtió la CGR.
El órgano fiscalizador interno del INS recopiló cuatro ocasiones en que ha solicitado información pública a diferentes departamentos de la institución, pero las respuestas han llegado fuera del plazo establecido. Por ejemplo, el 23 de enero pidió a la Gerencia General información sobre el proyecto de Internacionalización de la entidad; la respuesta llegó el 26 de abril, tres meses después.
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Gerencia General alegó falta de objetividad del auditor
El gerente general del INS, Luis Fernando Monge, se negó a remitirle información a la Auditoría Interna del INS bajo el argumento de que el auditor Gustavo Retana no es objetivo.
El 22 de julio, la Auditoría le comunicó a la Gerencia General que estaba planificando las actividades que realizará en 2025, por lo tanto, invitó al departamento de Monge a enviar insumos de los temas que podrían formar parte de sus análisis y estudios. Incluso, el órgano fiscalizador aclaró que dichos insumos podían incluir servicios de advertencia.
Sin embargo, la Gerencia General respondió que prefería “no remitir propuestas debido a la aparente falta de objetividad del señor auditor interno en el abordaje de muchos temas”. Al contrario, Monge solicitó conocer el borrador de los temas considerados por la Auditoría para el 2025.
El 29 de julio, Gustavo Retana comunicó a Monge que la solicitud sobre conocer el borrador de los temas considerados para el 2025 es contraria a la independencia de la Auditoría Interna, que puede decidir con autonomía qué investigaciones realiza.
Sobre los señalamientos de falta de objetividad, Retana respondió que no tenían bases y que elevaría el caso a “la Autoridad externa competente”. Asimismo, el auditor le señaló a Monge “las eventuales responsabilidades a las cuales se expone” por no otorgar la información solicitada.
Al respecto, el gerente general aclaró que su solicitud no tenía como objetivo afectar la independencia. No obstante, sobre la advertencia de eventuales responsabilidades, Monge afirmó que lo consideraba una amenaza. “Existen pruebas claras de que el auditor general no ha actuado con la objetividad requerida. La Gerencia General está preparada para presentar no solo ejemplos, sino pruebas contundentes que respaldan nuestras afirmaciones”, argumentó Monge.
La Contraloría consideró que los cuestionamientos sobre la objetividad de Retana, realizados sin mayor análisis, sustento ni desarrollo que fundamenten la acusación, no hacen más que afectar la relación entre la Auditoría Interna y la administración del INS. “Es necesario que gestionen los potenciales conflictos, pues de lo contrario, se pone en riesgo el funcionamiento del sistema”, advirtió la CGR.
La Nación envió consultas al INS sobre este tema. Se cuestionó por qué la Junta Directiva quiere que la Auditoría le avise antes de presentar denuncias. Además, se preguntó cómo justifican haber retirado a los funcionarios de fiscalización el acceso al sistema de órdenes del día.
Asimismo, este medio le preguntó al INS si envió alguna queja formal a la Contraloría sobre la supuesta falta de objetividad del auditor Gustavo Retana. En caso de existir “ejemplos y pruebas contundentes” sobre esa situación, este medio pidió conocerlas. Sin embargo, hasta la publicación de este artículo, no se obtuvo respuesta.
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