EscucharLa presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), Gabriela Chacón Fernández, se desmarcó de los detalles de la contratación de dos abogados externos, por un total de ¢42,5 millones, para investigar al auditor general, Gustavo Retana, y apuntó hacia la Proveeduría Institucional. Este proceso de contratación directa, que la Contraloría General de la República consideró irregular, le costó 20 días de suspensión sin goce de salario a la nueva jerarca.
Chacón alega que, cuando ella era asesora de la Presidencia Ejecutiva del Instituto, solo sirvió “como puente” entre la Junta Directiva y la Proveeduría para conseguir los servicios legales investigados y señala a ese departamento interno como el encargado de la contratación. Afirma ignorar quién fijó los montos que el INS pagó y aunque en un principio aseguró que no sabía el motivo de las contrataciones, al repreguntarle admitió que sí lo sabía, pero que no podía hablar de ello.
Chacón, nombrada el 8 de mayo pasado como jerarca de la entidad aseguradora luego de la destitución de Mónica Araya, conocía de la investigación desde setiembre de 2023, cuando fue notificada por la Contraloría.
Este miércoles 29 de mayo, La Nación le consultó si ella le informó al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, sobre la investigación en su contra antes de asumir el cargo y respondió que se lo comunicó antes de ser juramentada.
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El procedimiento disciplinario está relacionado con la contratación de abogados externos para desarrollar una investigación preliminar y un proceso disciplinario contra el auditor general del INS, Gustavo Retana Calvo, por aparentes anomalías en el despido de varios funcionarios.
La primera contratación fue adjudicada al bufete DPI Legal por ¢26,5 millones el 15 de enero del 2022. La segunda contratación recayó en José Paulino Hernández, el 25 de marzo del 2022, por ¢16 millones. Ambos procedimientos fueron contrataciones directas en las que no se realizó un concurso público.
En el caso de DPI Legal, su labor era valorar una denuncia anónima contra el auditor general para determinar si existía mérito para abrir un proceso disciplinario en su contra. Una vez superada esa etapa, el asunto fue trasladado a José Paulino Hernández, quien desarrolló la investigación.
Según la Contraloría, cuando se desarrollaron estas investigaciones, Chacón fungía como asesora de la Presidencia Ejecutiva del INS y “promovió y gestionó la contratación directa de dichos proveedores” sin apegarse a las reglas de contratación administrativa vigentes. Por ejemplo, la Contraloría le achaca a la presidenta ejecutiva del INS no contar con la fundamentación técnica y jurídica para realizar contrataciones extraordinarias.
Además, según el análisis del ente fiscalizador, Chacón firmó oficios en los que ordenó a la Proveeduría institucional a avanzar con las contrataciones sin contar con estudios de costo-beneficio, técnicos o jurídicos que sustentaran la decisión.
La Contraloría General de la República también impuso 20 días de suspensión sin goce de salario a Carlos Gamboa Ramírez, encargado de la Unidad de Contratación Directa; Carmen González Ramírez, jefa de Proveeduría; y Gabriel Pérez Salguera, expresidente ejecutivo del INS. Además, a Katherine Phillips Quesada, subjefa del departamento de Proveeduría, se le impuso una sanción por 15 días.
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En un video divulgado por el INS, el pasado martes por la noche, expresó que no está de acuerdo con la sanción impuesta por la Contraloría y anunció que impugnará la decisión. El siguiente es un extracto de una entrevista que se le hizo a Chacón el 21 de mayo.
‘Yo sirvo como puente’
- ¿Usted en qué año ingresó al INS?
- Tengo 25 años de trabajar en el INS (...). Antes de asumir la Presidencia fui asesora de doña Mónica Araya y don Gabriel Pérez (expresidentes ejecutivos del INS). Antes de eso tuve varios puestos, estuve un tiempo en Estructura y Talento, en la Subdirección de Servicios Generales, en Planificación, en Comercialización y Ventas e Investigación de Mercado.
- ¿Usted conoce el procedimiento?
- Sí señor, claro.
- ¿Cuál es la causa de ese procedimiento?
- Está en análisis en la Contraloría. Diay, como usted conoce, para mí es muy difícil la situación, porque yo no me puedo referir al tema.
- Yo no le estoy pidiendo que me dé detalles, le estoy pidiendo que me indique la causa y eso no es confidencial...
- Es la contratación de dos abogados para una investigación preliminar y un procedimiento administrativo para un funcionario.
- ¿Cuál era su puesto cuando se realizaron esas contrataciones de abogados externos?
- Era asesora de don Gabriel Pérez.
- ¿Quién se encargaba de las contrataciones?
- La Proveeduría.
- ¿Usted se encargó de la evaluación de las ofertas?
- No.
. ¿Por qué la Contraloría la incluye a usted en la pesquisa si usted no trabajaba para la Proveeduría ni evaluó las ofertas?
- Precisamente, eso lo que está en análisis en la Contraloría.
- ¿Para qué era necesario la contratación de los abogados externos? ¿Contra quién era la investigación?
- No le puedo decir.
- No, usted sí lo puede decir...
- No señor, no lo puedo decir.
- ¿Por qué no lo puede decir?
- Diay... Aquí, don Diego...
- Yo esperaría que si usted indica que no lo pueda decir tenga un argumento, no solo un diay como respuesta ¿Cuál es el fundamento jurídico para no decirlo?
- Lo que le puedo contestar es a quién se le realizó la investigación. Se le realizó al señor auditor general, Gustavo Retana (...). Es importante aclarar que yo simplemente sirvo como puente para la contratación, pero yo no estoy dentro del proceso; no lo hice ni tuve total conocimiento del expediente de contratación.
- ¿A qué se refiere con ser un puente?
- La Junta Directiva emitió un acuerdo, lo declara confidencial e instruye en ese momento a la Presidencia Ejecutiva, que en ese momento era ocupada por don Gabriel, para que se realicen las gestiones pertinentes para las contrataciones.
- ¿Cuál era la razón o razones para investigar al auditor?
- Desconozco los detalles.
- Entonces, ¿usted sirvió de puente en una contratación en la que ni siquiera sabía para qué se necesitaban los servicios legales?
- Yo sí sabía.
- ¿Sabía o no sabía?
- Sí, yo sabía. Lo que yo desconozco son los detalles.
- Pero yo no le estoy pidiendo los detalles, le estoy preguntando sobre la razón para investigar al auditor, eso es información pública...
- Esa información no se la puedo dar.
- Es que ojo lo contradictorio de sus respuestas: primero dice que no puede decirlo, luego que no sabe, después que sí sabía y ahora, de nuevo, dice que no puede responder. Ha dado cuatro respuestas sobre la misma pregunta.
- Tal vez, así, diciendo algo muy macro, era una eventual falta disciplinaria del auditor.
- ¿Cuál era la presunta falta disciplinaria?
- No la conozco.
- ¿Usted conocía de previo a los abogados contratados?
- No.
- ¿Usted sabe quién definió los montos de la contratación?
- No.
