La orden de revisar las computadoras portátiles de los miembros de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), para investigar la supuesta filtración de un acta a la prensa, excluyó a la presidenta ejecutiva de la entidad, Mónica Araya Esquivel.
Así consta en el informe elaborado por expertos en informática de la empresa GBM y entregado al INS, el 13 de octubre de 2022. La revisión de las portátiles de los directivos se realizó para determinar si alguno de ellos entregó a medios de comunicación el acta de la sesión del 23 de agosto del 2022, día en que se aprobó el aumento salarial retroactivo para más de 2.000 funcionarios.
La revisión, cuyo costo fue de $2.900 (¢1,7 millones), se mantuvo en secreto hasta que, el 17 de enero, La Nación publicó un reportaje sobre ese hecho.
¿Por qué no se incorporó en la investigación a la presidenta ejecutiva del INS si ella es parte de la Junta Directiva? Erick Córdoba, director de Tecnologías de Información del INS, respondió que no se inspeccionó la computadora de la jerarca porque las bitácoras digitales muestran que no tuvo acceso al archivo, antes del 20 de setiembre de 2022, día en que se ordenó la investigación.
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Sin embargo, el informe hecho por GBM evidencia que Willy Carvajal Carvajal, directivo del INS desde mayo del 2022, tampoco consultó el acta antes del 20 de setiembre, pero su computadora sí fue registrada por los especialistas contratados por la aseguradora estatal.
¿Por qué no se escarbó la computadora de Araya y sí la de Carvajal si ambos estaban en la misma condición? Córdoba no respondió a esa pregunta.
Desde enero, la presidenta ejecutiva del INS ha ignorado las solicitudes de entrevista para responder consultas sobre este tema.
El pasado 16 de enero, Rubén Hernández Valle, abogado constitucionalista, dijo que inspeccionar las computadoras de los directivos para perseguir una supuesta filtración de documentos públicos configura una violación a la libertad de expresión. El especialista añadió que, una vez que la Junta Directiva somete un asunto a votación, adquiere carácter público.
“A pesar de que las computadoras pertenezcan a la institución, los directivos están tutelados por el derecho a la intimidad y la libertad de expresión”, declaró Hernández.
¿Qué dice el informe de GBM?
La revisión de las computadoras fue ordenada porque, el 20 de setiembre, durante una sesión de Junta Directiva, la Presidenta Ejecutiva del INS expresó que sospechaba que alguno de los otros seis directivos divulgó el acta del 23 de agosto del 2022.
Contrario al criterio de la Sala Constitucional, la jerarca del INS sostuvo que ese documento era confidencial y afirmó que filtrarlo a los medios de comunicación representaba una violación a la confianza de la Junta Directiva.
“La persona que haya hecho esa filtración de información lo hizo intencionalmente por dañar la institución”, dijo Araya. Sin embargo, el reporte de GBM, firmado por Alonso Ramírez, gerente regional de ciberseguridad de GBM, concluyó que “la información analizada y recopilada a la fecha, no permite determinar contundentemente que ese archivo haya sido compartido de forma no autorizada”.
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La compañía manifestó que el directivo, representante del Gobierno, Alejandro Elizondo, consultó el acta el 17 de setiembre y, “en apariencia”, la almacenó en su computadora. Mientras que Carvajal Carvajal la revisó hasta el 24 de setiembre, cuatro días después de ordenada la investigación y varias semanas después de que ocurriera la presunta filtración.
También, la compañía, halló que las directivas, Laura Guevara Gutiérrez y Laura Mora Camacho, borraron archivos de sus dispositivos antes de entregarlos para la revisión.
Uso de contrato para otros fines
Para indagar en las computadoras de los directivos, el INS utilizó un contrato, firmado desde diciembre del 2021, con GBM Costa Rica, que tenía otros fines. Ante consultas de este diario, el Instituto admitió que empleó una adjudicación entregada a esa compañía para adquisición de servicios de almacenamiento en la nube, un modelo de permite guardar datos de forma segura en Internet.
Se trata, de acuerdo con el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), del procedimiento 2021PP-000023-0001000001 para contratación de soporte en la nube. Según esa plataforma, por cada hora de servicio de los especialistas de GBM, el INS debe cancelar $38, aproximadamente.
La institución reconoció que para examinar las portátiles de los miembros de Junta Directiva necesitó 76 horas y pagó $2.900 (¢1,7 millones) a GBM Costa Rica.
Al consultarle a William Fernández Hernández, director jurídico del INS, cuál fue el fundamento legal utilizado para aprobar la revisión de las computadoras, no logró mencionar una sola norma.
A través de un correo electrónico, el abogado se limitó a decir que fue un acuerdo tomado en el “seno de la Junta Directiva de forma voluntaria” ante una “preocupación legítima”.
A Fernández también se le preguntó si no considera ilegal utilizar fondos públicos para hurgar en las computadoras de los directivos, pero evadió la interrogante y repitió que se trata de una decisión tomada en el seno de la Junta Directiva.
El informe elaborado por GBM Costa Rica no halló evidencias de filtraciones por parte de los directivos a medios de comunicación u otros. En una de las conclusiones indican que hay evidencia de que dos directivos descargaron el acta del 23 de agosto, pero que no existen registros de que la compartieran con terceros.