Editorial: Nuevos motivos de sonrojo para el Congreso

El informe fue aprobado ocho días después de la detención del alcalde de Corredores, Carlos Viales Fallas, investigado por la construcción de un puente y la reparación de un camino en la finca de Darwin González, sospechoso de liderar una organización dedicada al tráfico de drogas en la zona sur.

Cuando la policía detuvo a González y a otros miembros de la organización, arrestó también al presidente municipal de Corredores, Bernabé Chavarría Hernández, remitente de una encomienda que el diputado Gustavo Viales, secretario general del Partido Liberación Nacional e hijo del alcalde, pasó a recoger en el condominio donde residió y fue detenido el líder de la banda.

Según Viales, los documentos recogían quejas sobre los servicios del hospital de Ciudad Neily y la campaña de vacunación contra la covid-19. El diputado nunca averiguó por qué la información fue enviada al condominio. El hecho es de todas formas curioso en tiempos del correo electrónico, pero los integrantes de la comisión no profundizaron sobre el particular.

El alcalde Carlos Viales más bien aprovechó su comparecencia ante la comisión para dar la “vuelta olímpica” en las redes sociales e informar triunfante sobre la presentación de certificaciones y otras supuestas pruebas de descargo. Salió del encuentro sin sobresaltos, aunque este diario había publicado fotografías, informes y datos sobre los cuales el peor investigador pudo haber basado un extenso interrogatorio.

Ahora salen a la luz nuevos detalles de la construcción del puente. Los videos confirman las imágenes publicadas por La Nación hace meses y a las cuales tuvieron acceso los diputados. En ellas se ve maquinaria y personal de la Municipalidad en plena labor. También, hay audio, mensajes de texto y documentos.

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Esos datos no habían trascendido cuando el Congreso aprobó el informe; sin embargo, vienen a confirmar la pertinencia de haber profundizado oportunamente en los datos de conocimiento público antes de la redacción del ridículo documento, cuyas conclusiones ni siquiera mencionan al alcalde. Las victoriosas manifestaciones del funcionario después de la comparecencia toman, a la luz de las nuevas revelaciones, un significado nada halagador para la comisión.

En la Asamblea Legislativa no falta quien esgrima como excusa las investigaciones judiciales en curso. No obstante, esos procedimientos ya estaban en camino cuando se estableció la comisión y nunca han sido obstáculo para las indagaciones de los diputados. El Congreso, más bien, ha abusado de la creación de comisiones y la apertura de expedientes, como en el caso de una denuncia anónima y sin sustento probatorio recibida por el Ministerio Público sobre supuestos sobornos en Caldera, de la cual nunca más se volvió a saber.

En cuanto a la penetración del narcotráfico en las municipalidades, los motivos para abrir la investigación legislativa eran abundantes, no solo por lo acontecido en Corredores, sino también en varios concejos más. La finalidad nunca fue acreditar responsabilidades penales. Eso le corresponde al Poder Judicial, pero el Congreso bien puede sentar responsabilidades políticas y llegar a conclusiones útiles para proteger la institucionalidad. En eso la comisión investigadora y el plenario, satisfecho con su omiso informe, fracasaron sin remedio.