Las investigaciones recientes de La Nación sobre la minería ilegal en el cerro Conchudita obligan a analizar el problema con una perspectiva más amplia que la meramente ambiental. La devastación del bosque, la apertura de túneles y el uso clandestino de cianuro en plena montaña son hechos alarmantes por sí mismos. Pero el fenómeno revela algo aún más preocupante: los riesgos que surgen cuando el Estado pierde capacidad de control efectivo sobre partes de su propio territorio.
En el siglo XVII, Thomas Hobbes advirtió de que la función primordial del Estado era evitar que los territorios cayeran en una situación de ausencia de autoridad, donde cada actor persigue sus intereses sin reglas comunes y donde la depredación termina imponiéndose sobre el orden. Cuatro siglos después, sus ideas siguen siendo útiles para comprender fenómenos contemporáneos como la minería ilegal.
Las zonas fronterizas suelen ser especialmente vulnerables a estas dinámicas. Su geografía, la movilidad histórica de las poblaciones y la complejidad de la vigilancia institucional hacen que la presencia del Estado sea más frágil. Cuando esa presencia se vuelve intermitente o insuficiente, otros actores encuentran rápidamente incentivos para ocupar ese espacio.
El caso de Conchudita parece responder a ese patrón. La actividad documentada no corresponde a iniciativas aisladas de coligalleros. El reportaje describe una operación sostenida que combina extracción, transporte de material aurífero, uso de químicos y traslado del mineral hacia el otro lado de la frontera para su procesamiento. Es, en los hechos, una cadena económica organizada capaz de operar donde el control estatal es intermitente.
La experiencia internacional muestra que este fenómeno no es excepcional. En vastas regiones de la Amazonía, la debilidad del control estatal permitió, durante décadas, la expansión de explotaciones auríferas ilegales que hoy generan deforestación masiva, contaminación de ríos y una economía criminal extractiva difícil de desmantelar. Algo similar ocurrió en Colombia, donde la minería ilegal terminó convirtiéndose en una fuente relevante de financiamiento para redes criminales en territorios donde el Estado no lograba establecer presencia sostenida.
Costa Rica no enfrenta la escala de esos países, pero las dinámicas que favorecen el surgimiento de economías ilegales de extracción son comparables. El oro posee características que lo vuelven particularmente atractivo para estas actividades: es fácil de transportar, difícil de rastrear y mantiene un alto valor en el mercado internacional. Cuando ese recurso aparece en territorios con vigilancia institucional limitada, surge de inmediato el incentivo para su explotación ilegal sistemática.
El fenómeno que se observa en Conchudita tiene al menos cuatro dimensiones que el país no puede ignorar: ambiental, por la devastación del bosque y el uso de químicos; criminal, por las redes que financian y organizan la extracción; transfronteriza, por el traslado del mineral hacia el otro lado de la frontera, e institucional, porque revela las dificultades del Estado para ejercer control efectivo sobre su propio territorio.
Las respuestas públicas frente a estos fenómenos han sido insuficientes. La destrucción de campamentos, el decomiso de herramientas o la detención de algunos trabajadores son acciones necesarias, pero, cuando se realizan de forma ocasional, rara vez modifican las condiciones que permiten la actividad. Cuando el valor del recurso sigue siendo alto y la vigilancia estatal no es continua, la explotación ilegal tiende a reaparecer.
Crucitas ya evidenció cómo la minería ilegal puede persistir durante años incluso frente a intervenciones periódicas de las autoridades. Esa experiencia debería servir de advertencia para evitar que el fenómeno se consolide ahora en Conchudita o se desplace hacia otros puntos de la frontera norte.
El desafío no consiste únicamente en cerrar un campamento o detener a un grupo de coligalleros. Consiste en asegurar que el territorio nacional no contenga zonas donde la autoridad pública se vuelva esporádica. Allí donde el Estado aparece solo ocasionalmente, las economías ilegales tienden a consolidarse con rapidez.
La advertencia de Hobbes sigue siendo pertinente: cuando la autoridad pública se debilita, otros actores ocupan el espacio. En el mundo contemporáneo, esas ocupaciones suelen adoptar la forma de economías ilegales capaces de transformar territorios enteros.
Si el fenómeno es multidimensional, la respuesta del Estado no puede ser fragmentaria. Solo una acción sostenida que aborde todas las dimensiones involucradas evitará que Conchudita se convierta en el próximo capítulo de un problema que el país ya conoce demasiado bien.
