La opacidad que ha envuelto hasta ahora el documento resulta inaceptable por su evidente carácter público, que debe ser conocido en su totalidad por los costarricenses. Ocultarlo viola los principios de divulgación y acceso a la información que nos rigen y, además, exacerba las justificadas inquietudes que han surgido sobre sus implicaciones.
Según el comunicado de la Presidencia, el “acuerdo” no es “vinculante”, algo en extremo contradictorio, porque la naturaleza de acordar es, precisamente, vincularse o comprometerse con algo. El gobierno estadounidense “propondrá” al de Costa Rica los nombres de las personas que desea deportar hacia nuestro territorio, pero la decisión de aceptarlas o rechazarlas será nuestra. Su número llegará “hasta 25” por semana, aunque “podría ajustarse según lo determine el país”. ¿Hacia abajo o hacia arriba?, nos preguntamos. La imprecisión es enorme.
Aquí –sigue el boletín– recibirían “una condición legal temporal mientras se define su condición”, con apego a la legislación migratoria. Se respetarán sus derechos humanos, se las protegerá contra el retorno a países de origen donde pueden enfrentar riesgos. Estados Unidos “gestionará” el apoyo financiero al proceso y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) asistirá con alojamiento y alimentación.
El ministro Zamora aseguró que los deportados tendrán libertad de movimiento, mantendrán la posesión de sus pasaportes y serán alojados en casas u hoteles. Es decir, no sufrirán las vulneraciones de derechos que padecieron aquí las 200 personas deportadas en 2025, hasta que una resolución de la Sala Constitucional obligó a un cambio en el trato.
El boletín concluye asegurando que “este mecanismo no generará obligaciones legales”, debido a que “mantendremos plena soberanía en la toma de decisiones”. Más bien es lo contrario: precisamente porque ejerceremos soberanía (eso esperamos), tendremos claras obligaciones jurídicas. No se trata solo de la tutela legal de que goza cualquier persona que esté en el país; en este caso, por no ser voluntaria su deportación y por responder a decisiones de las que seremos parte, su presencia aquí generará mayores responsabilidades de nuestro Estado.
Este tipo de ambigüedades, evidentes contradicciones e intentos retóricos por maquillar el inevitable carácter condicionante del acuerdo, solo se podrán aclarar con su divulgación plena.
Existe, además, otra arista igualmente inquietante. Podemos partir de que en Costa Rica los migrantes forzados gozarán de buen trato; también, de que nuestro gobierno, a diferencia de lo que dice el boletín, asumirá sus obligaciones legales para con ellos. Lo que no podemos asegurar es que su captura, confinamiento y posterior expulsión de Estados Unidos haya seguido los parámetros adecuados de debido proceso y respeto a los derechos humanos. Más bien, existen razones de sobra para suponer lo contrario.
Por nuestro país, el memorando de entendimiento lo firmó el presidente Rodrigo Chaves; por Estados Unidos, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, apenas un día antes de que abandonara el cargo. Su desempeño estuvo tan marcado por escándalos y arbitrariedades, sobre todo en la persecución de migrantes, que el presidente Donald Trump la destituyó el 5 de marzo, pero se mantuvo en esa posición hasta el 24. Ahora es la “enviada especial” del programa Escudo de las Américas.
Pese a su salida, la política de persecución migratoria seguida por el Ejecutivo estadounidense se mantiene. Se ha caracterizado por altos grados de violencia, transgresiones legales y desdén por la integridad de sus víctimas. Incluso, ha estado envuelta en una retórica llena de ofensivos prejuicios étnicos y nacionales.
Con este acuerdo, Costa Rica acepta formar parte orgánica de esa línea de conducta. No seremos ejecutores, pero sí facilitadores y cómplices de ella; uno de los últimos eslabones de una pesada cadena. Además, asumiremos un compromiso sin límite de tiempo. Esto hace aún más censurable la decisión del gobierno y su renuencia a divulgar la literalidad de lo suscrito.
