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La independencia del Sistema de la Reserva Federal, banco central de Estados Unidos, enfrenta un grave peligro. A la serie de temerarias críticas y presiones contra su prudente política de tasas de interés, desplegadas durante los últimos meses, el presidente Donald Trump añadió el lunes pasado un anuncio sin precedentes en su historia: la destitución de Lisa Cook, una de los siete miembros de su junta de gobernadores –máxima instancia decisoria–, nombrada por un periodo de 14 años que vence en enero de 2038.
La arbitraria decisión se encuentra en disputa judicial, con altas posibilidades de que escale hasta la Corte Suprema de Justicia. Lo peor es que llegara a consolidarse, algo que no puede descartarse, dada la docilidad demostrada hasta ahora por el máximo tribunal federal.
Si así ocurriera, Trump lograría contar con cuatro de los siete gobernadores de la Fed: dos nombrados durante su anterior periodo, y dos en el actual, por una renuncia que ya se produjo y la posible salida de Cook. Tendría entonces enormes posibilidades de imponerles sus decisiones, animadas por estrechas consideraciones políticas. Las consecuencias serían muy serias para la institución, para las vitales tareas que cumple como máxima autoridad monetaria del país y principal banco central del mundo, y para la confianza y estabilidad del sistema financiero estadounidense y global.
Sin embargo, basta con el anuncio de la destitución y las pugnas legales que se abren para generar enorme incertidumbre. Ha quedado de sobra demostrado que Trump no cesará en su arremetida para plegar la institución a sus designios. De ella también forman parte las críticas e insultos contra su respetado presidente, Jerome Powell, a quien ha amenazado con destituir a pesar de haber sido nombrado por él y ratificado por el Senado en enero de 2018. Powell se ha mantenido firme, pero su periodo vence en mayo del próximo año.
La maniobra contra Cook se basa en una supuesta estafa hipotecaria cometida antes de su incorporación a la Fed, en mayo de 2022. Pero ella no ha sido ni siquiera procesada y, en todo caso, las únicas posibles causas de despido de los gobernadores –cuya independencia y estabilidad es crítica– se refieren a faltas en el cumplimiento de sus deberes en el cargo. Pero todo puede suceder en una administración con tan pocos límites.
La obsesión inmediata de Trump es que la Fed baje sustancialmente las tasas de interés. Las mantuvo entre 4,25% y 4,5% durante la más reciente reunión de su Comité Federal de Mercado Abierto, a cargo de establecerlas, pero es probable que pronto las reduzca en 0,25 puntos. El Comité lo componen los siete gobernadores y, de manera rotativa, cinco de los 12 presidentes de los bancos regionales que integran el Sistema, a quienes nombra el Directorio. De ahí la presión por controlarlo.
Tasas más bajas reducirían a corto plazo el monto de servir la monumental deuda federal acumulada, que llega a los $37 billones (millones de millones) y podría aumentar aún más durante la presente administración. También daría un impulso inicial al crecimiento. Pero el impacto a mediano plazo de esta manipulación política será atizar la inflación, reducir el consumo, obligar a una nueva elevación de tasas para contenerla y aumentar el desempleo: un efecto muy negativo y difícil de revertir fácilmente.
No puede desdeñarse, además, el riesgo sistémico global que representaría una Reserva Federal sometida a los impulsos transaccionales de Trump. Ante una posible crisis financiera, como la ocurrida entre 2007 y 2009, podría negarse a coordinar la respuesta con otros bancos centrales clave y a colaborar, vía financiamiento, en la búsqueda de soluciones. Esto aceleraría el contagio y profundizaría la gravedad del impacto.
Todo lo anterior ocurre en medio de otras inquietantes decisiones económicas, que se suman a su punitiva política comercial. El 1.° de agosto destituyó a la directora de la Oficina de Estadísticas Laborales, una instancia eminentemente técnica, luego de que reportara menor crecimiento que el esperado en el empleo. La sustituyó con un economista que actúa como operador político.
Además, se están acumulando iniciativas típicas de un incipiente y errático “capitalismo de Estado”. Entre ellas están la exigencia de una “acción de oro”, con poder de veto sobre ciertas decisiones, como requisito para autorizar la compra de la acería U.S. Steel por parte de Nippon Steel; la adquisición del 10% de las acciones de Intel, lo cual hará del gobierno su principal accionista, y la exigencia de que las empresas Nvidia y AMD, en compensación por el permiso para exportar ciertos microprocesadores a China, paguen al Tesoro un 15% de sus ingresos por esas transacciones.
No se pueden descartar otras iniciativas similares, o incluso más “creativas” en el mal sentido del término. El asalto contra la banca central, por sus múltiples implicaciones, las supera por mucho en carga negativa. Su suerte nos concierne a todos. Debemos prepararnos para las consecuencias.
