Editorial: Esperar y perder

Las pérdidas de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) consumieron el 90 % del patrimonio del Consejo Nacional de Producción (CNP) entre el 2016, cuando alcanzaba ¢29.777 millones, y el 2019, cuando apenas llegaba a ¢2.940 millones. El dato debería convencer a los defensores del estatismo de la necesidad de vender, alquilar o cerrar la fallida industria con tal de salvar al CNP, pero la rigidez ideológica garantiza algunos años más de apoyo para Fanal.

No debería haber, en cambio, apoyo para la mala gestión. El ideal, por supuesto, es procurar algún rédito en medio del naufragio. Será más difícil conseguirlo según pase el tiempo, pero, cuando menos, el país debe dejar de invertir recursos en un barco a punto de zozobrar.

En vista de los números revelados por la contralora general de la República en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos, es difícil evitar una sonrisa al recordar las manifestaciones de apoyo a Fanal cuando el Ejecutivo planteó la posibilidad de venderla o darla en concesión. A tenor de los discursos, la productora de alcohol parecía un elemento esencial de la sociedad democrática y la propuesta de deshacerse de ella, una traición a los valores patrios. Las cifras reveladas esta semana más bien acreditan la urgencia de alivianar la carga al CNP, cuya existencia también está en entredicho.

A Fanal no le alcanzan los ingresos para pagar salarios, deudas, materia prima y otros gastos de operación. Así, viene sucediendo desde hace años, como en el 2018, con pérdidas de ¢3.998 millones, y en el 2017, con otros ¢3.170 millones perdidos. Tampoco hay razones para prever mejores resultados en años venideros y ni siquiera se sabe cuánta debería ser la mejora para nivelar las finanzas, porque hay duda, desde hace años, del monto total de las deudas. Los estados financieros del 2018 reflejan deudas por ¢13.900 millones, pero los auditores sospechan de la existencia de obligaciones no registradas.

La falta de información no es motivo de sorpresa. La casa matriz, el CNP, no da buen ejemplo. Conocer su verdadera situación financiera es difícil por los vacíos en la información disponible. La contralora, Marta Acosta, sin embargo, no duda en afirmar que el CNP está «desfinanciado» y perdió la capacidad de hacer frente a sus obligaciones.

Según la Contraloría, los auditores externos encargados de la evaluación del 2019 identificaron «variaciones importantes» en el patrimonio del CNP, pero no saben por qué, pues no se les suministró documentación. A su vez, Rogis Bermúdez, presidente ejecutivo del CNP hasta junio, candidato a diputado por el Partido Acción Ciudadana (PAC) y asesor de Juan Ramón Carranza en la comisión legislativa nombrada para investigar al CNP y sus sobreprecios, admitió a «La Nación», en enero del 2020, desconocer el monto de las obligaciones de Fanal.

Las razones de las pérdidas se mantendrán, tanto en el CNP como en Fanal, y el capital mengua. Pronto habrá peticiones de financiamiento. En ese momento, el país deberá decidir si quiere seguir perdiendo recursos públicos, indispensables para mantener prestaciones mucho más relevantes. Mejor sería no esperar a que Fanal se consuma a sí misma e intentar rescatar algún valor de su descalabro o, cuando menos, frenar la sangría, pero pasó la oportunidad de la propuesta planteada por el gobierno del PAC y, ahora, ese mismo partido y sus aliados se constituyen en barrera infranqueable para la sensatez. Es inevitable confesar, con frustración y realismo, que solo nos queda esperar y perder.