16 marzo

En medio de los escándalos políticos y la emergencia por el coronavirus, el caso insólito de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) pasa prácticamente inadvertido. El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, la mencionó, así como al Banco Internacional de Costa Rica, como candidata a la venta o concesión, pero nadie sabe cuánto debe ni cuánto pierde, es decir, nadie sabe cuánto vale y todo indica que no es mucho.

La promesa de denunciar a quienes hayan delinquido no satisface. Los señalamientos deben ser más amplios. El país tiene derecho a saber cómo sucedió el descalabro.

En un país donde tantas empresas públicas han fracasado, dejando miles de millones en pérdidas, es posible que la Fanal no tenga siquiera valor didáctico. Cuando mucho, añade un nuevo motivo de asombro. Dilucidar lo ocurrido ya no está al alcance de los medios comunes de control y las autoridades recurrirán a una auditoría forense.

No hay otra forma de establecer la situación de la empresa, cuyos libros no son confiables. La auditoría podría esclarecer si en la administración hubo actos de corrupción u otras desviaciones, pero, a la fecha, no cabe duda de la falta de registro de considerables deudas. Por eso, las pérdidas de ¢3.170 millones en el 2017 y ¢3.998 millones en el 2018 están en duda. Las sumas podrían ser mayores.

Las deudas de la empresa, informó preliminarmente una comisión de estudio nombrada por el gobierno, podrían rondar los ¢67.000 millones, pero el grupo de estudiosos se empeña en enfatizar el carácter provisional de la cifra y la probabilidad de un endeudamiento todavía mayor.

El presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción (CNP), Rogis Bermúdez, dijo estar dispuesto a denunciar las irregularidades descubiertas por la auditoría. “Si fuera el caso… no lo vamos a esconder”. La voluntad de establecer responsabilidades es encomiable, pero no compartimos la duda sobre la existencia de anomalías. Quizá, el funcionario no tuvo ánimo de excluir otras conductas reprobables y quiso enfatizar la intención de denunciar delitos, mas no cabe duda de que hubo graves anomalías, no importa si quedan cortas de encuadrar en algún tipo penal.

La acumulación de pérdidas y deudas así de grandes en una empresa del Estado no se inscribe en la normalidad, sobre todo si la contabilidad no las refleja con precisión. La Fanal funciona, o debería funcionar, bajo la mirada atenta del CNP, del cual depende. A su vez, el CNP lo preside el ministro de Agricultura. A lo largo del deterioro de la fábrica, hubo funcionarios en todos los despachos citados, además de los administradores de la industria estatal propiamente dicha. En vista de tanto desorden, es difícil creer la inexistencia de responsabilidades para repartir y compartir.

No se trata únicamente de responsabilidades penales imputables a quien cometa delito, sino también civiles y políticas. Quien haya hecho incurrir al Estado en pérdidas por negligencia, imprudencia o impericia, debe también responder, y quienes hayan ejercido la conducción política sin percatarse de lo que debieron saber no pueden eximirse de responder ante la sociedad.

El establecimiento de responsabilidades más allá de las penales es poco frecuente en nuestro país. Esa omisión es causa, o por lo menos coadyuvante, de los constantes traspiés del Estado en casos como el de la Fanal. Nunca hubo una alerta oportuna, jamás una revisión crítica de la fábrica, y ahora solo queda esperar los resultados de la auditoría forense para enterarnos, in extremis, de cuánto hemos perdido.

No obstante, hubo tiempo para actuar. La Fanal dejó de pagar impuestos en el 2004, así como sus obligaciones con otras entidades estatales. La promesa de denunciar a quienes hayan delinquido no satisface. Los señalamientos deben ser más amplios. El país tiene derecho a saber cómo sucedió el descalabro.