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Llegó la hora de que el país se abra paso en medio del caos vial. En días laborales o hasta en feriados, vivimos atrapados en presas que reducen la calidad de vida, la productividad y aumentan la contaminación. A la vez, tienen un altísimo costo económico por tiempo perdido y gasto en combustibles que, en 2018, se calculó en un 4% del PIB, lo cual, con el incremento en la flota vehicular y la saturación crónica, hoy debe ser mayor.
Buscar una salida a esta congestión vial comienza por cambios radicales en el sistema de transporte público y, para ello, se requiere diseñar una ruta en la cual es obligatorio el compromiso de los poderes Ejecutivo y Legislativo, pues hay que decirlo: hasta ahora, ningún gobierno ha logrado trazar políticas de Estado para resolver la anarquía. En su lugar, hemos visto planes aislados que nada solucionan.
En medio de esta parálisis, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), de la Universidad de Costa Rica, alzó la mano y, con base en el mandato que le da la Ley 8114 como agente integrador y facilitador en el campo de la infraestructura vial, convocó desde inicios del año pasado a más de 150 personas de 20 instituciones a mesas de diálogo técnico. De allí surgió una hoja de ruta para el periodo 2026–2030, con horizonte extendido a 2040.
El informe Modernización del Transporte Público, presentado el 25 de setiembre, insta a declarar el transporte público como emergencia nacional, lo cual implica movilizar recursos financieros y acelerar reformas, ya que hay leyes tan obsoletas que datan de hace 60 años. Su principal propuesta es crear la Autoridad Única de Transporte, una entidad rectora que regularía buses, trenes y nuevas formas de movilidad como bicicletas y motos eléctricas.
Esa Autoridad supone integrar competencias dispersas que hoy tienen el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep), el Consejo de Transporte Público (CTP), el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), las municipalidades y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer).
La crisis de gobernanza en el sistema de transporte público sucede, precisamente, porque entre todas esas entidades no se ponen de acuerdo. La consecuencia es duplicación de funciones y ausencia de una visión unificada.
La inclusión de los gobiernos locales es para empoderarlos y demandarles colaboración en la gestión de rutas locales bajo estándares nacionales unificados. Los representantes ciudadanos estarían presentes en esa Autoridad Única de Transporte para asegurar que las necesidades de los usuarios orienten la toma de decisiones.
Lanamme plantea un Plan General Integral de Transporte Público que contempla reactivar el transporte ferroviario enfocado en la electrificación, coordinarlo con el servicio de buses, consolidar el sistema de carriles exclusivos para buses, renovar la flota con criterios de sostenibilidad y destinar entre un 0,5% y un 1,5% del PIB anual a un financiamiento estable.
La propuesta se sustenta en lecciones latinoamericanas donde el éxito se dio al integrar la planificación y operación en una entidad rectora robusta. Chile, por ejemplo, corrigió el fracaso inicial de Transantiago creando y dándole autonomía al Directorio de Transporte Público Metropolitano de Santiago; así ordenó las rutas, profesionalizó a los operadores y hoy cuenta con la mayor flota de buses eléctricos de América Latina. Colombia, con el TransMilenio, en Bogotá, apostó por carriles exclusivos de alta capacidad que movilizan a miles de personas cada día, mientras que Ciudad de México redujo la evasión con un sistema de pago electrónico centralizado y unificado. La propuesta del Lanamme parte de estos errores y aciertos.
El transporte debe asumirse como un derecho humano vinculado a la calidad de vida y la equidad social, lo que exige un rumbo claro y de largo plazo que priorice la movilidad colectiva sobre el uso individual del automóvil.
Por ello, el informe del Lanamme no puede quedar en un escritorio o en un archivo. Corresponde al Poder Ejecutivo asumir el liderazgo para comenzar por declarar emergencia nacional el transporte y enviar con cronograma y prontitud los proyectos de ley necesarios para que por fin se ataque con inteligencia y eficiencia el colapso vial. Y es tarea de la Asamblea Legislativa aprobar reformas con proyección de Estado, no con cálculos partidarios o particulares.
Nuestro transporte público requiere la renovación de su anacrónico marco legal de regulación, una inyección de presupuesto y, sobre todo, la designación de ese “director de orquesta” que unifique competencias y decisiones. La propuesta está sobre la mesa, emergió de múltiples sectores y pasó los filtros.
Ahora se necesitan acciones, porque el transporte público es el talón de Aquiles de la competitividad, la equidad social y la sostenibilidad ambiental. El país tiene frente a sí un plan viable; solo falta voluntad política para discutirlo con celeridad y ejecutarlo.
