Millones de personas en Costa Rica, sobre todo las de menos ingresos, dependen del transporte público para acudir a sus trabajos, a sus centros educativos o para recrearse.
Sin embargo, el sistema se deteriora atrapado en un círculo vicioso de poca inversión vial y colapso, en el que el transporte masivo cede ante una cultura que da prioridad a los vehículos particulares.
Esto provoca un fenómeno de miniaturización del transporte, en el que las personas procuran obtener automotores cada vez más pequeños, en especial las motocicletas, para poder movilizarse. En vez de tener grandes unidades públicas movilizando a muchas personas, tenemos muchísimos vehículos pequeños transportando a pocas personas cada uno.
El efecto es multiplicador en la demanda de carreteras, al tiempo que están aumentando los accidentes de tránsito y los costos asociados a ello. El país cerró el 2023 con una sorprendente tasa de 417 lesionados en incidentes viales por cada 100.000 habitantes.
El resultado es el caos. Un lamentable accidente mortal, como el ocurrido la mañana del lunes 5 de mayo, puede provocar kilométricos embotellamientos en el área metropolitana, por ejemplo.
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La situación actual fue advertida desde hace muchos años. En el 2008, el especialista en transporte, Leonardo Castro, declaró que el transporte informal estaba a punto de convertirse en un fenómeno irreversible, debido a la insatisfacción de los usuarios con el servicio de buses.
“Es mejor meter mucha gente en bus que tener 50 autos pequeños en una misma calle”, dijo Castro en aquella época. Explicaba que la gente busca otras medidas porque sus destinos no están cubiertos por rutas de bus que trabajen con eficiencia.
El sector público debe propiciar la eficiencia del transporte masivo, sea de trenes o buses. Sin embargo, por inacción u omisión, el Estado permitió que la situación empeorara cada vez más y el presagio se cumplió.
Un reportaje publicado por La Nación hace poco más de un año, en abril del 2024, reveló que los buses circulan a velocidades de seis y ocho kilómetros por hora (km/h) en horas pico, además de que los usuarios hacen largas filas para abordar unidades repletas.
En rutas como Cartago o Alajuela, los autobuses tardan hasta dos horas en completar una carrera de ida y vuelta al centro de San José, pese a que se trata de viajes de menos de 25 kilómetros.
Con justa razón, la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans) pidió al gobierno tomar medidas prioritarias para acelerar el funcionamiento de las rutas de buses.
En 2018, una encuesta de la Contraloría General de la República (CGR) confirmó que menos ciudadanos estaban utilizando algún tipo de transporte público y que crecía la frustración de los usuarios por el tiempo perdido.
Entre los años 2015 y 2018, cayó de un 76% a un 56% el porcentaje de personas que dijeron usar con frecuencia el autobús, taxi o tren. En contraste, subió de un 28% a un 41% el porcentaje que reconoció utilizar carro propio para desplazarse.
Los síntomas de la enfermedad son evidentes y están lejos las medidas para enmendar el problema, como la creación de un sistema de tren masivo o algunas otras soluciones combinadas con buses.
Adicionalmente, un reciente informe de la Contraloría determinó que el Consejo de Transporte Público (CTP) carece de controles para prevenir posibles actos de corrupción, tráfico de influencias o conflictos de interés en el otorgamiento de concesiones o permisos de rutas de bus.
Los síntomas de la enfermedad son evidentes. Y si bien las medidas para enmendar el problema están lejos, como la creación de un sistema de tren masivo o algunas otras soluciones combinadas con buses, minimizar el riesgo de corrupción sería un primer paso para dar apertura a las reformas.
Ojalá el próximo gobierno le dé prioridad a la crisis del transporte público. La población lo requiere para avanzar hacia una sociedad más desarrollada en la que el Estado solucione esta y muchas otras necesidades de la gente. Para eso pagamos impuestos.