EscucharMenos ciudadanos utilizan algún tipo de transporte público y, entre los usuarios crece la frustración por el tiempo perdido en espera del servicio o en el traslado.
El comportamiento es producto del deterioro en el tránsito por las carreteras, según concluye la Segunda Encuesta Nacional de Percepción de los Servicios Públicos realizada por la Contraloría General de la República (CGR).
La primera encuesta se realizó en el 2015 y la segunda en febrero pasado, cuando se entrevistaron a 3.000 ciudadanos de todas las provincias sobre su percepción de los servicios públicos. Los resultados fueron presentados la mañana de este jueves.
Según la primera consulta, el 76,1% de los consultados dijeron usar con frecuencia el autobús, taxi o tren. Este año, ese porcentaje cayó a 56%.
Solo en autobuses, el 59% de personas decían utilizar ese servicio en 2015, mientras que en febrero anterior eran 47%. Este año, 41% de consultados reconoció utilizar carro propio para desplazarse mientras que en el 2015 era 28%.
Estos cambios tiene relación con los problemas en el servicio. El 42,6% de consultados manifiesta que "deben esperar mucho tiempo en las paradas de autobuses" sin considerar el tiempo que consume el traslado.
En un día normal, una persona tarda en promedio una hora y cinco minutos en transportarse. pero la encuesta también revela "una alta frecuencia de valores extremos", pues 21,8% indicó que dura más de dos horas diarias.
Para un 39% de los encuestados el tiempo para movilizarse cada día es "excesivo", debido a congestión en las carreteras y deficiencias en las propias empresas de transporte.
La CGR también descubrió un estancamiento en la cantidad de pasajeros en el servicio de tren. Si del 2012 al 2014 creció 40% la cifra de usuarios, del 2014 al 2017 se dio una leve reducción pasando de cuatro millones de pasajeros a 3,98 millones.
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Esta baja, sin embargo, tiene relación con la disminución en el número de recorridos en las horas valle ante la falta de equipos, luego de choques y averías de las unidades del ferrocarril.
Frente a las quejas por mal servicio, hay percepción de mejoras en otros aspectos. Por ejemplo, una mayor cantidad de personas consideran que el transporte público es ahora más adecuado para personas adultas mayores o con alguna discapacidad, así como más moderno, seguro y con un costo razonable.
También, se observa una mejora en la percepción sobre el estado de las aceras, de las paradas de bus y la señalización.
Con todo y este reconocimiento, el servicio de transporte está en el grupo de los servicios públicos peor calificados con una frecuencia de opiniones positivas de solo 59%.
Le siguen en los últimos lugares los servicios municipales (solo 58% de opiniones favorables), bonos de vivienda (53%), seguridad (51%) y los en el último lugar los servicios judiciales (40%).
En materia de salud, el tiempo para una cita juega un papel clave en cuanto a la oportunidad para recibir servicio médico.
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La CGR observó que, conforme se avanza en nivel de especialidad, mayor es la espera de los pacientes ya que 66,6% cree que el tiempo que le dieron para la cita con un especialista de un hospital "fue excesivo", en tanto que para clínicas ese porcentaje es del 52,7% y en el caso de los EBAIS representa un 41,5%.
Hubo 47% de encuestados que reveló esperas de más de un año para la cita en un hospital público.
Inseguridad
La encuesta también halló que 81,3% de las personas percibe un aumento en la inseguridad en los últimos años. "Un aumento considerable respecto al 2015, donde un 63,1% lo consideraba de esa misma forma", precisa la memoria anual de la CGR.
Ese deterioro en la seguridad pública resulta de que más personas consideran más frecuente la ocurrencia de pleitos en las calles que afectan su tranquilidad y aumento en la presencia de pandillas. Esto se complementa con un retroceso en la calificación en temas como la lucha contra el contrabando, el narcotráfico y seguridad en parques y plazas.
Como aspectos positivos, mejoró la percepción de seguridad en centros educativos, la existencia de puestos o casetillas de Fuerza Pública en las comunidades y mejor organización de los vecinos en los barrios; esto último explicaría por qué cada vez menos personas dicen pagar servicios de seguridad privada.
Marta Acosta, contralora general de la República, señaló que el estrujamiento institucional ligado a los servicios públicos depende de varios factores donde la difícil situación fiscal es un condicionante.
No obstante, afirmó que aún persisten debilidades en la planificación estratégica de largo plazo y la gestión de riesgos, así como falta de articulación y coordinación de políticas públicas dirigidas a cumplir objetivos de desarrollo sostenible.
"Esta apreciación es particularmente relevante para el caso de las inversiones públicas, que determinan el crecimiento y la sostenibilidad de los servicios consustanciales a ellas", afirmó.
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Del mismo modo, llamó a emprender una ruta de solución a la crisis fiscal, en vista de que un mayor estrujamiento del gasto público como resultado de la presión de la deuda, ponen en riesgo el crecimiento de la inversión pública y la capacidad del Estado costarricense para atender la demanda de los servicios públicos esenciales para la población.
Otros hallazgos
La consulta detalla que muchos trámites se perciben difíciles de realizar o lentos, especialmente aquellos para permisos de construcción, solicitud de vivienda o bono de vivienda, acceso a una patente municipal, denuncia y atención de procesos judiciales y la matrícula en universidades públicas.
- Solo 40,9% manifestó que la Policía llega rápido cuando se les llama
- El 60,5% manifestó que duraron mucho tiempo para que los llamaran o contactaran después de haber puesto una demanda
- Un 73,5% considera que es difícil conseguir una cita con un especialista en un hospital
- Para 74,6% es difícil conseguir un internamiento para una atención hospitalaria
