Nuestro sistema de transporte público, nunca ejemplar, padece una aguda emergencia. Su impacto en el deterioro de la calidad de vida de la población es cada vez peor. Mientras, la búsqueda de soluciones realistas e integrales brilla por su ausencia, y el libreto argumental de las autoridades se mueve entre las promesas del “vamos a hacer” y la culpabilización de otros por lo que no se ha hecho. Nunca reconocen las fallas propias, la ausencia de acciones paliativas puntuales ni, menos aún, la falta de voluntad y capacidad para poner en marcha un sistema integral y moderno de movilidad ciudadana.
Los síntomas de crisis se acumulan con celeridad. En agosto del año pasado, varias comunidades de Barranca, en Puntarenas, quedaron sin transporte de autobuses, ante el abandono de sus operadores. En abril del actual, la misma suerte les tocó a los vecinos de San Vito de Coto Brus y a la ruta entre el centro de San José y barrio Luján. En junio, otra empresa informó de que eliminaría las rutas a varias de comunidades de Puriscal.
Este mes, dos anuncios se sumaron a la lista. Primero, las empresas a cargo de tres rutas intersectoriales –Guadalupe-Moravia-La Valencia, Uruca-Escazú y Uruca-Guadalupe– renunciaron a sus operaciones. Casi simultáneamente, la encargada de servir a los barrios La Cruz, Escalante y México, en San José, comunicó su eliminación durante fines de semana: sábado y domingo en un caso, solo domingo en los otros.
Según los datos más recientes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans), ya son 103 los trayectos sin servicio, de 500 existentes en el país. La mayoría no son los más utilizados, pero el perjuicio que se produce es enorme. El jerarca del MOPT, Efrím Zeledón, sin desconocer otras razones, deposita la principal responsabilidad de esta crisis en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), por su presunta lentitud en reajustar tarifas, algo que los reguladores rechazan.
Su argumento contradice lo que alegan los propios empresarios. La presidenta de Canatrans, Silvia Bolaños, ha mencionado una reducción constante en la demanda desde hace algunos años, algo que difícilmente cambiará si se ajustan las tarifas al alza; todo lo contrario. A esto agrega, como razones adicionales, las presas cada vez peores, la falta de carriles exclusivos para autobuses y de seguridad en muchas paradas, la proliferación de servicios de transporte pirata, y la ausencia de un sistema integrado para las líneas de autobuses.
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Como una de las medidas esenciales para avanzar en este último sentido, desde hace más de dos décadas se ha destacado la importancia de sectorizar el servicio de buses en el área metropolitana. Sin embargo, nada ha ocurrido al respecto, a pesar de que durante esta administración se han establecido al menos tres fechas para comenzar. Todas han sido incumplidas.
A lo anterior hay que añadir la precaria calidad del servicio, el mal estado de muchas unidades, la contaminación por ruido y emanaciones y la lentitud para la aplicación generalizada de un sistema de pagos electrónicos. Esto se da en medio de la falta de transparencia necesaria para evaluar el desempeño de los servicios como vía para mejorarlos. Por ejemplo, en diciembre de 2023, una auditoría de la Contraloría General de la República determinó que no existe información suficiente para determinar sus niveles de calidad, eficiencia y eficacia.
A todo lo anterior hay que añadir el descalabro deliberado causado por el Ejecutivo cuando decidió cancelar el proyecto de Tren Eléctrico Metropolitano elaborado por la anterior administración, avalado por expertos y financiado parcialmente con donaciones e intereses concesionales. Un servicio de esta índole, articulado con los de autobuses, no solo permitiría una mejora sustancial del transporte público, sino que también se podría convertir en un factor de renovación urbana. Sin embargo, prevalecieron las revanchas políticas irracionales, y hasta ahora no se ha estructurado una alternativa viable.
En resumen, la emergencia, si bien tiene síntomas puntuales que en sí mismos son de enorme gravedad para nuestra salud social y económica, se origina en la ausencia de un abordaje sistémico, metódico y de largo plazo. Mientras esto no se trate de manera integral, con adecuada voluntad política, competencia técnica y coordinación, lo único que podremos esperar, por desgracia, es un deterioro aún mayor. Quienes más lo sufren son las personas de menores recursos.
