Tres de las rutas intersectoriales renunciaron a sus operaciones ante el Consejo de Transporte Público (CTP) el mes anterior y ya no brindan sus servicios en céntricos cantones del país.
La renuncia a los permisos de operación fue conocida y autorizada durante la sesión de la junta directiva de ese consejo del pasado 12 de junio.
Se trata de las empresas que operaban los recorridos de Guadalupe-Moravia-La Valencia (a cargo de Autotransportes Moravia), la ruta Uruca-Escazú y la de Uruca-Guadalupe, ambas de la empresa Buses INA Uruca S. A.
En los tres casos, los empresarios consideraron que la demanda no alcanzaba para cubrir los costos operativos. A modo de ejemplo, la empresa que prestaba el servicio en la ruta Moravia-La Valencia, indicó en la carta de renuncia que, los buses llevaban 13 pasajeros por carrera en promedio, lo que representaba una recaudación de ¢4.355, y que ninguno de los horarios tenía una demanda suficiente.
Durante la sesión en la que se conocieron las solicitudes de renuncia, el representante de los autobuseros ante el CTP, Orlando Ramírez, llamó la atención sobre el problema de abandono de rutas, las cuales suman 103.
“Cuando hoy vemos prácticamente 3 intersectoriales renunciando, que con gran esfuerzo se hicieron en el 2008, yo creo que hay que hacer un stop. Cuando digo un stop es de verdad, hay que ponerle una gran atención a un proyecto que hemos venido hablando de sostenibilidad, la espiral invertida en que está entrando el transporte público puede no tener reversibilidad, y si eso sucede en Costa Rica, va a pasar por una etapa muy difícil de reconstrucción", afirmó Ramírez.
El representante advirtió que estas rutas van ser “invadidas por los piratas a oferta y demanda”, además se perderán beneficios como el transporte gratuito para los adultos mayores.
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Tras la intervención del directivo, el viceministro de Transportes, Carlos Ávila, propuso concretar acciones relacionadas con la atención al creciente abandono de rutas en una sesión posterior.
Tras conocer las solicitudes, los miembros del consejo acordaron acoger las renuncias y consultar a las concesionarias que operan las rutas ordinarias de las zonas afectadas, para determinar si tienen capacidad de asumir las operaciones de las intersectoriales.
Semanas atrás, el ministro de Obras Públicas, Efraím Zeledón, responsabilizó a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), por el rezago en la actualización de modelos tarifarios.
En tanto, la Cámara Nacional de Transportes señaló que la situación del abandono de rutas se venía advirtiendo desde el 2022, debido a que no se estableció ningún mecanismo de reactivación sectorial tras la pandemia.
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Además, citaron la proliferación de servicios “piratas” en distintas zonas del país, la cual se ha venido agravando por el poco recurso humano que tiene la Policía de Tránsito.
La presidenta de esa agrupación, Silvia Bolaños, aseguró el mes anterior que muchas personas se han trasladado a servicios ilegales, “porque no hay una política de priorización de transporte público” que estimule a los usuarios de bus.
“No hay carriles exclusivos, no hay un sistema totalmente integrado, la demanda de usuarios ha caído y eso encarece las tarifas. Entonces, esto es multifactorial. Si los usuarios no ven mejoría en sus tiempos de viaje y el bus sigue siendo uno más que se queda pegado en las presas, difícilmente vamos a lograr generar estímulos para que ellos se mantengan en el sistema”, afirmó en esa oportunidad.
En tanto, la Aresep ha insistido en que las empresas tienen obligación de solicitar la revisión tarifaria al menos una vez al año.