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De 1.123 personas que se presentaron al Examen de Excelencia Académica del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica en abril, 13 lograron la nota de 80 que exige el Reglamento. El resto, 1.110 graduados con título y quizá deudas de su formación universitaria, se quedaron a las puertas de ejercer la profesión para la que, en teoría, se formaron durante cuatro o cinco años.
La cifra desató la previsible tormenta, con el grupo de aspirantes aduciendo una barrera desproporcionada de exclusión y exigencias al Colegio para que explique su metodología y descarte conflictos de interés.
¿Y si el examen no fuera el problema? El examen de incorporación es necesario, y no solo en Derecho. Los médicos, los contadores o ingenieros deberían acreditar que la formación que recibieron en las aulas es óptima, y no confiar simplemente en que las universidades cumplieron su mandato de formación.
La colegiatura existe precisamente para que un título universitario, cualquiera que sea su procedencia, no sea pasaporte automático para ejercer sobre la vida, el patrimonio o la libertad de terceros. Un abogado mal preparado no solo se hace daño a sí mismo, sino que puede arruinarle el divorcio, el desalojo o la defensa penal a un cliente. Diluir el filtro, como intentó la administración anterior del Colegio de Abogados al bajar la nota mínima a 70, no resuelve nada, solo traslada el problema del aula al mercado profesional.
La cifra bajísima de aprobación de 1,15% sí exige explicación. Pero también conviene analizar la serie histórica. En 2021, reprobó el 70%. En noviembre de 2023, el 88%. En marzo de 2024, el 95%, cifra entonces récord. El patrón no es nuevo ni un invento de la actual administración; es una década de reprobaciones masivas, bajo distintas juntas, comités y, presumiblemente, distintas preguntas. Cuando un resultado se repite con tal consistencia bajo condiciones cambiantes, lo más probable no es que el instrumento esté sistemáticamente saboteado, sino que el insumo, es decir, la formación previa del postulante, sea, en promedio, deficiente.
En esa línea, la Asociación de Universidades Privadas (Asupri) solicitó al Colegio de Abogados aclarar aspectos técnicos del examen, entre ellos la metodología empleada, los estudios de validación realizados y los criterios utilizados para garantizar la calidad del instrumento de evaluación. La organización también pidió despejar dudas sobre eventuales conflictos de interés entre quienes participan en el diseño o administración de la prueba y entidades que ofrecen cursos de preparación para aprobarla. Aunque manifestó su disposición a participar en espacios de diálogo y mejora, el Colegio, al responder la misiva, no se refirió específicamente a esos cuestionamientos.
Costa Rica es, según el Reporte sobre la Justicia en las Américas, el país de la región con más abogados por habitante, con cerca de 390 por cada 100.000. Con 22 universidades ofreciendo Derecho, formamos abogados al ritmo de una fábrica industrial: rápido, barato y en cantidades que ningún mercado laboral racional podría absorber con calidad. La pregunta no es solo si el Colegio examina mal, sino si el país necesita seguir produciendo, cada año, miles de licenciados de universidades que año con año presentan cifras insatisfactorias.
Ahora bien, el análisis hasta ahora ha sido incompleto. Se culpa al examen, a las universidades o al colegio; sin embargo, casi nunca se menciona al actor que tomó la decisión más importante de esta cadena: el estudiante que eligió esa universidad.
Porque no nos engañemos. En Costa Rica circula, desde hace años, información y estadísticas de sobra sobre qué universidades tienen exigencia real y cuáles funcionan como expendios de títulos, con un mismo profesor enseñando desde Derecho Penal hasta Derecho Agrario, y umbrales de reprobación cercanos a cero.
Esa información no es secreta; la conocen abogados, profesores y los propios estudiantes, que escuchan a las generaciones anteriores y, sobre todo, han tenido acceso a saber cuál ha sido el resultado de aprobación de esas generaciones, que quizá siguen sin poder colegiarse tras reprobar dicho examen en múltiples ocasiones. Y, sin embargo, año tras año, miles de personas optan, conscientemente, por la opción más barata, corta o menos exigente.
Esa es una decisión legítima. Pero tiene consecuencias, y esa responsabilidad no se le puede trasladar después, íntegra, a un examen que simplemente constata lo que ya se sabía: que cuatro años de clases poco exigentes no producen, por arte de magia, un profesional listo para litigar. Exigirle al Colegio que ajuste el examen para que coincida con la formación recibida no es defender el acceso a la profesión, es pedirle al termómetro que mienta para que el paciente se sienta sano.
Hay, claro, responsabilidades institucionales. El Colegio debe transparentar su metodología; el Conesup y el Sinaes también tienen explicaciones pendientes que dar, como por qué siguen acreditadas o funcionando universidades cuyos egresados reprueban el examen de salida en proporciones del 80% o 90%, examen tras examen.
Pero mientras esperamos esas correcciones, cada aspirante –y cada futuro aspirante– debería hacerse una pregunta elemental antes de matricularse: ¿elegí esta universidad porque era la mejor opción, o porque era la más fácil? El Colegio puede –y debe– mejorar su examen. Pero ningún examen, por bueno que sea, puede sustituir la decisión que cada estudiante tomó hace años, con toda la información disponible, cuando eligió dónde estudiar.
