Solo 13 de 1.123 personas aprobaron el más reciente examen de admisión del Colegio de Abogados de Costa Rica. Así lo confirmó Miguel Arias Maduro, presidente del colegio durante una conferencia de prensa realizada la tarde de este martes, al tiempo que un grupo de egresados en Derecho protestaban en las afueras de la sede del órgano profesional en Zapote, San José.
Las dos universidades que solían tener los mayores índices de aprobaron tuvieron bajísimos resultados:
- Universidad de Costa Rica (UCR): solo siete aprobados
- Escuela Libre de Derecho: tres aprobados
Los otros tres aceptados provienen de las universidades Fidélitas, Hispanoamericana y La Salle.
Graduados alegan anomalías en la prueba
Los manifestantes alegan presuntas irregularidades en la elaboración y aplicación de la prueba.
“Aquí estamos de pie, porque 1.200 personas y todos los que estamos aquí sí nos preparamos y somos capaces. Porque por 38 milésimas no pasé y eso no me define. Soy una profesional y tengo el conocimiento adecuado”, dijo Ana Arburola, egresada que protestaba a las afueras del colegio.
La joven pide que la nota de aprobación sea 70, porque en enero pasado la Junta Directiva aprobó elevarla a 80. Sin embargo, según declaraciones del presidente del Colegio, aún si la rebajan a 70 la aprobación no llegaría ni al 10%.
Arburola pide claridad en las respuestas a los recursos que presenten los estudiantes, porque según indican en muchas ocasiones las respuestas son genéricas.
Según una de las voceras, las opciones de respuesta a las preguntas pasaron de tres a cinco “sin previo aviso”.
“Hay comentarios en Facebook de personas agremiadas atacándonos. Dejan mucho que desear. Nosotros somos del mismo gremio. Nosotros somos abogados; sí, no nos hemos incorporado, pero somos abogados. Hoy estamos aquí solicitando que nos escuchen y que 1.200 personas no sean el resultado de un examen mal planteado”, dijo Arburola.
La egresada pidió mayor claridad en el examen y dijo que no se estarían manifestando si no hubieran estudiado: “No vamos a defender algo que no tiene ni pies ni cabeza. Estamos los suficientemente preparadas para pasar un examen. Hoy estamos perdiendo un día de trabajo por amor a nuestra profesión”, dijo.
Presidente defiende prueba
El presidente del Colegio, Miguel Arias, defendió la prueba realizada: “El examen está elaborado concienzudamente, técnicamente. No es un examen diseñado para que la gente no lo pase (...) El examen no es un examen de doctorado. Está diseñado para que una persona que pasó cinco años estudiando en una universidad lo apruebe”, dijo.
Señaló que la “demostración” de que no está hecho para que las personas se queden es que “hay gente que lo aprueba”.
Arias detalló que lanzaron una convocatoria a los directores de carrera para que, en conjunto, analicen el tema y lleguen a una “solución consensuada, que es lo que tenemos que trabajar fuertemente para resolver esta situación”.
Anunció, además, un análisis exhaustivo de la prueba a lo interno del Colegio de Abogados, específicamente con el Comité de Excelencia Académica, para revisar resultados, estructura y preguntas.
“El Colegio no es un llamado a preparar a los postulantes. En el Colegio de Abogados y Abogadas somos llamados a vigilar la adecuada preparación de los postulantes. A nosotros no nos corresponde prepararlos”, defendió.
“Yo no puedo mandar a la calle a un profesional que no demuestre que esté bien preparado, independientemente de las causas que sean. Porque yo no sé si usted se arriesgaría a operarse con un doctor que pasó un examen de incorporación en el Colegio de Médicos con una nota de 50. O sea, ¿debería contratar un abogado para que le lleve un proceso que significa el patrimonio de toda su vida, cuando esa persona aprobó una nota de 50? Yo voy a buscar al profesional más calificado″, se preguntó Arias.
El presidente del Colegio de Abogados negó que la aplicación del examen de incorporación genere ganancias para la institución. Aseguró que el proceso implica un alto costo operativo y logístico, debido al pago de personal, alquiler de sedes, impresión de pruebas, equipos, supervisión y traslado de funcionarios a distintas zonas del país, por lo que el órgano no obtiene beneficios económicos con la prueba.
Además, rechazó las críticas sobre un supuesto negocio alrededor del examen y de los cursos vinculados a este proceso, como la prueba de Deontología. Señaló que la organización de la prueba y de las capacitaciones requiere contratar profesionales y cubrir costos administrativos, por lo que, según indicó, los recursos recaudados se destinan a financiar la operación y no a generar lucro para la institución.
“Si me demuestran que el examen fue hecho de manera ilegal o arbitraria, probablemente acojamos una nulidad, pero pedir la nulidad por nulidad porque se perdió el examen no es una razón válida”, cerró Arias.