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La Asociación de Universidades Privadas (Asupri) envió una extensa carta el Colegio de Abogados en la que cuestionó la aplicación de las pruebas de colegiatura, luego de que se diera a conocer que solo el 1% de los aplicantes (13 de 1.123) lograron aprobarlas.
El presidente del colegio, Miguel Arias Maduro, confirmó la baja aprobación el pasado martes, mientras un grupo de egresados en Derecho protestaban en las afueras de la sede del órgano profesional en Zapote, San José.
En consecuencia, el presidente de Asupri, Eddy Cuevas Marín, envió la carta en la que pidió al Colegio aclarar cuál fue la metodología que se aplicó en las pruebas, qué tipo de validez fue considerada en el instrumento aplicado, y si se realizaron estudios previo a la aplicación.
Cuevas manifestó su “preocupación legítima por asegurar que las pruebas de incorporación profesional se encuentren sustentadas en criterios técnicos claros, verificables y alineados con buenas prácticas de evaluación”.
Asupri también cuestionó la existencia de posibles conflictos de intereses.
La asociación pidió al Colegio de Abogados informar si algún miembro de su Junta Directiva, o alguno de los encargados de elaborar las pruebas de admisión, son también fundadores, capacitadores, profesores o líderes en alguna organización que ofrezca servicios de preparación de aspirantes para las pruebas de incorporación o tramitación de apelaciones.
“Esta solicitud se fundamenta en la necesidad imperiosa de verificar la ausencia de conflictos de interés que pudieran comprometer la imparcialidad, transparencia y legitimidad del proceso de evaluación. La existencia de esos vínculos podría generar una situación en la que se beneficie económicamente a actores específicos en detrimento de la equidad del proceso de incorporación", indicó Cuevas en el documento.
Este sábado, La Nación solicitó al Colegio de Abogados una declaración respecto a la carta remitida por Asupri. En la respuesta, enviada a través de la encargada de prensa, el presidente del Colegio indicó que la Junta Directiva está “muy agradecida con la carta”, pero no se refirió a los cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés.
En la tercera y última página de la carta, la Asupri pidió al Colegio informar si el presidente de ese órgano, Miguel Arias, designó a la comisión redactora del examen o a consultores expertos para validar la calidad técnica de la prueba.
“Como sabemos, sin un proceso de medición educativa adecuado, cualquier prueba carecería de fundamentación científica, puede resultar arbitraria e injusta, y queda vulnerable a impugnaciones”, detalla la misiva.
Al final de su carta, Cuevas manifestó la disposición de Asupri de participar en espacios de diálogo técnico o institucional que permitan analizar oportunidades de mejora.
“Además, solicitamos que se nos considere como asociación para que representantes nuestros participen en el Consejo Académico Consultivo. Por su parte dejo planteado nos conceda una reunión para abordar temas de interés relacionado”, concluyó Cuevas su carta.
Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados aseguró a La Nación que “sin duda serán invitados a participar del Consejo Consultivo y tomaremos su ofrecimiento muy en cuenta”.
“Exigimos transparencia”, dicen estudiantes
Los estudiantes que reprobaron el examen han alegado presuntas irregularidades en la elaboración y aplicación de la prueba.
Ana Arburola es una de las personas que se manifestó afuera del Colegio la semana pasada. Ella pidió claridad en las respuestas a los recursos que presenten los estudiantes, ya que alegan que estas, en muchas ocasiones, son genéricas.
“No vamos a defender algo que no tiene ni pies ni cabeza. Estamos lo suficientemente preparadas para pasar un examen. Hoy estamos perdiendo un día de trabajo por amor a nuestra profesión”, dijo.
En esa oportunidad, el presidente del Colegio, Miguel Arias, defendió la prueba realizada: “El examen está elaborado concienzudamente, técnicamente. No es un examen diseñado para que la gente no lo pase (...) El examen no es un examen de doctorado. Está diseñado para que una persona que pasó cinco años estudiando en una universidad lo apruebe”, dijo.
