Cuando un presidente de la República interviene directamente en los procesos de contratación pública, el Estado entra en una zona gris donde pueden confundirse los límites entre política y legalidad. Lo conveniente –y jurídicamente sano– es que el gobernante se mantenga al margen operativo y permita que los órganos competentes decidan con criterios técnicos, financieros y de interés público, conforme a los principios de transparencia, igualdad, libre concurrencia y valor por el dinero que rigen la contratación pública.
Lo decimos porque el deber principal de un mandatario es asegurar que las instituciones actúen conforme al marco jurídico y los controles, no inmiscuirse en la gestión contractual. Reunirse con oferentes, instruir a funcionarios o negociar precios puede vulnerar la nitidez e imparcialidad exigidas por la Ley General de Contratación Pública, que demanda decisiones por mérito técnico y deber de abstención.
Ponemos la reflexión sobre la mesa dado que el presidente Rodrigo Chaves ha sido señalado por supuestamente intervenir en millonarias contrataciones públicas, lo cual dio paso a que el Ministerio Público abriera al menos tres investigaciones. Se trata de los casos BCIE-Cariñitos, en el cual se indaga si cometió el delito de concusión; Pista Oscura, por el presunto delito de influencia contra la Hacienda Pública, y Tradeco, por el aparente delito de peculado. Entre los testigos están el exjerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Luis Amador, y la expresidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), Mónica Araya, así como el empresario audiovisual Christian Bulgarelli.
Aparte de los casos judiciales, se ha citado al gobernante por supuestamente ordenar a la Junta de Protección Social trasladar el contrato del programa La Rueda de la Fortuna de canal 7 a canal 13, pese a criterios técnicos que advertían sobre desventajas económicas. También, por su activismo en la revisión técnica vehicular, donde se eligió a la empresa alemana Dekra de forma discrecional, aunque la sueca Opus Group obtuvo mayor puntaje técnico. A ello se suma su intención de ampliar por cinco años más, hasta 2031, la concesión del puerto de Caldera, operado por una empresa en la cual es socio un financista de su campaña electoral.
Hace pocos días trascendió que Amador atribuye a Chaves intervención en el contrato que la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y el MOPT autorizaron a Publiex –empresa proveedora de la campaña de Chaves– para explotar espacios publicitarios en postes de alumbrado en rutas nacionales, pese a la prohibición legal. El exministro declaró a la Fiscalía que, en una oportunidad, el presidente le envió escoltas para, en medio de las presas, hacerlo llegar con urgencia a la Casa Presidencial. La intención, dijo, era reunirlo con el representante de Publiex con el fin de “arreglar gestiones” de uso de vía para colocar publicidad.
El mandatario también recibió en su despacho al mexicano Yves Loustalot Laclette, de la constructora mexicana Tradeco, para hablar de la cesión del contrato de ampliación de la vía Barranca–Limonal y de los 2,9 kilómetros de La Angostura, de los que faltan por ejecutar $148 millones. Como parte de esa cesión, Mónica Araya señala que Chaves la convocó para exigir al INS una garantía de cumplimiento de al menos $18 millones para que la constructora asumiera la obra, lo cual era inviable.
El miércoles anterior, el gobernante confirmó las reuniones y reconoció que contactó a Tradeco con Araya. “Yo sí me reuní con ellos como presidente de la República, como lo hago en muchísimos casos. Precisamente para evitar que algún aprovechado en el MOPT y, de los que han hecho chorizos con la obra pública de Costa Rica, se fueran a apropiar de esa cesión de manera incorrecta”.
Prevenir abusos no debe llevar a la Casa Presidencial a mediar con y por proveedores; para vigilar, existen auditorías, la Contraloría General de la República, y procedimientos técnicos que resguardan la igualdad de trato, la transparencia y la seguridad jurídica. A lo que no se refirió Chaves fue a lo dicho por Amador de que cada dos o tres días, el presidente preguntaba si ya podía cederse el proyecto a Tradeco. El entonces ministro, según contó, percibió como “curioso” que el mandatario tuviera un “interés tan particular” en ese contrato.
En Pista Oscura, donde se investiga la reparación de la pista del aeropuerto de Liberia, la Casa Presidencial llegó a anunciar que pidió a las constructoras MECO y Pedregal “mejorar precios”. Meses después, en marzo de 2024, el representante de MECO José Alfredo Sánchez declaró a este diario que el gobernante no solo “estuvo involucrado” en todo el proceso, sino que “es muy inusual que un presidente de la República intervenga directamente en una licitación”.
En cuanto a BCIE-“Cariñitos”, Bulgarelli confesó ante la Fiscalía que, por solicitud de Chaves, depositó $32.000 a favor del exasesor Federico Choreco Cruz a cambio de ganar un concurso financiado con fondos del BCIE; el dinero serviría para enganchar una casa en condominio. En la investigación “Audios de la Presidencia”, de La Nación, se escuchó que el mandatario pidió ver el contrato por adelantado porque tenía “un montón de antojos” y quería “un par de chineos, de cariñitos”.
Estos antecedentes llevan a concluir que no es institucionalmente sano que la Casa Presidencial se convierta en sala de reuniones para contrataciones públicas, porque la responsabilidad de un gobernante es otra: debe fijar políticas que orienten la inversión conforme al marco jurídico, promover la eficiencia y la rendición de cuentas.
Cuando el poder político irrumpe de principio a fin en esas gestiones, se puede llegar a vulnerar la seguridad jurídica y se expone a un alto riesgo el principio esencial de que las contrataciones del Estado respondan al interés público.