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Mónica Araya Esquivel, expresidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), relató a la Fiscalía que el mandatario Rodrigo Chaves Robles le pidió al INS conceder una garantía de cumplimiento a la empresa mexicana Tradeco –que arrastra cuestionamientos y sanciones en su país– para que pudiera asumir un millonario contrato estatal en Costa Rica.
Se trataba de la ampliación de un tramo de 48 kilómetros (km) de la Interamericana Norte (ruta 1), entre Barranca de Puntarenas y Limonal de Abangares.
Cuando Araya le dijo que el INS no podía otorgarle una garantía económica a Tradeco, Chaves insistió mediante varias llamadas telefónicas, y en reiteradas ocasiones se mostró molesto.
Según el relato, el mandatario incluso le facilitó el número de teléfono del representante de la constructora mexicana para que los funcionarios del INS lo contactaran y pudiera enviar la información necesaria para analizar el caso.
Chaves insistió en la solicitud desde finales del 2022 y durante varios meses del 2023. Araya brindó esas declaraciones a la Fiscalía General a principios de este año, cuando compareció en calidad de testigo en una pesquisa por un presunto delito de peculado.
El traslado del contrato
El contrato para la ampliación de Barranca-Limonal había sido adjudicado al consorcio Estrella-H Solís; estaba valorado en $182 millones (unos ¢91.520 millones) y era financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Incluía la construcción de cuatro carriles en los 2,9 kilómetros de La Angostura, en Puntarenas.
El gobierno tenía interés en que el consorcio cediera el contrato debido a sus atrasos. Para ello, la constructora Tradeco necesitaba aportar una garantía de aproximadamente $18 millones, equivalente al 10% del monto total del proyecto.
En todo contrato público de alto valor, los proveedores deben depositar un monto económico que sirva como garantía que el Estado pueda ejecutar en caso de que incumplan la obra.
Mónica Araya declaró que Chaves la llamó a su teléfono celular y le manifestó su deseo de que la firma mexicana obtuviera un compromiso financiero del INS, en el que se estableciera que esa aseguradora asumiría el pago de una compensación económica al Estado en caso de que Tradeco incumpliera sus obligaciones.
En las llamadas, ella le informó de que el Instituto no emite ese tipo de garantías, pues su giro de negocios se limita a seguros de caución o de construcción, conforme la Ley del Contrato de Seguros.
Entonces, según el relato, Chaves le facilitó el número de teléfono de Yves Loustalot Laclette, representante de Tradeco, para que las autoridades del INS discutieran con él directamente el trámite de un eventual seguro de caución que facilitara la ejecución de ese contrato. Este es un tipo de póliza que también garantiza el cumplimiento de una obligación legal o contractual.
En mayo del 2024, Loustalot Laclette confirmó a La Nación haber tenido varias reuniones en Casa Presidencial con el presidente Chaves; el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, y representantes de H Solís para hablar sobre la cesión del contrato, pero dijo no recordar las fechas.
Según los registros de la Dirección General de Migración y Extranjería, el mexicano ingresó al país por primera vez el 22 de diciembre del 2022, seis días después de enviar una nota al despacho de Amador. Posteriormente, el empresario arribó a Costa Rica seis veces más entre el 15 de enero y el 24 de mayo del 2023.
Llamadas con exministro Amador
Ante el Ministerio Público, Araya aseguró que varias de las llamadas hechas por Chaves fueron en conferencia con el entonces ministro de Obras Públicas, Luis Amador, quien actualmente es candidato presidencial por el Partido Integración Nacional (PIN).
Detalló que Chaves también incluyó a su entonces jefa de despacho, Gabriela Chacón, quien actualmente es presidenta del INS, y al gerente general de esa institución, Luis Fernando Monge.
Luis Amador confirma llamadas e interés de Chaves
Este diario contactó a Luis Amador para verificar lo declarado por Araya a la Fiscalía y él confirmó que, en efecto, participó en varias de esas llamadas telefónicas. Sin embargo, aseguró que no dará más detalles de lo conversado para no afectar la investigación judicial que está en curso.
Sí reconoció que el mandatario mostró un interés particular no solo en que el INS facilitara ese seguro, sino en que Tradeco asumiera el contrato de ampliación.
‘Las llamadas eran constantes’
Amador afirmó que, cada dos o tres días, el presidente preguntaba si ya se le podía ceder el proyecto a esa constructora mexicana. Según dijo, eso lo hacía, por ejemplo, antes o después de una sesión del Consejo de Gobierno, o bien en llamadas telefónicas en horas de la noche.
“Las llamadas eran constantes. A mí me pareció curioso que mostrara un interés tan particular por el tema”, dijo el exministro, quien junto con Araya figura como testigo en este caso en el que también es investigado el exministro de Obras Públicas y Transportes Mauricio Batalla, según confirmó la oficina de prensa del Ministerio Público.
Este diario también envió consultas a Gabriela Chacón y a Luis Fernando Monge, a través de la oficina de prensa del INS, sin que se obtuviera una respuesta a la hora de publicación de este artículo.
Molestia evidente
Luego de realizar los estudios correspondientes, el Instituto decidió no emitir ningún tipo de seguro para la firma mexicana.
Esa negativa, de acuerdo con el testimonio de Araya, generó la molestia de Rodrigo Chaves, quien en varias ocasiones expresó su disgusto por la falta del seguro para Tradeco y por la negativa de ella, como presidenta ejecutiva.
La Nación contactó a Araya para conocer más detalles de su declaración ante la Fiscalía; no obstante, aseguró que prefería no dar declaraciones en este momento.
“El tema corresponde a un expediente judicial en investigación. Confío en que las autoridades harán su trabajo con objetividad y dentro del marco legal y, por supuesto, colaboraré plenamente con lo que la investigación requiera”, afirmó la exjerarca.
Tanto Araya como Amador fueron destituidos de sus cargos por el mandatario Chaves en el primer semestre del 2024. Ella, el 8 de mayo, y él dos meses antes, el 12 marzo.
Mediante la oficina de prensa de Casa Presidencial, se enviaron varias consultas al presidente Rodrigo Chaves; entre otras, para saber el porqué de su insistencia en ceder ese contrato a Tradeco. No obstante, tampoco se obtuvo una respuesta al cierre de esta edición.
El caso contra Chaves se tramita bajo el expediente N.° 23-8-1878-PE. Según el artículo 361 del Código Penal, el peculado se sanciona con penas de tres a 12 años de prisión.
En ese apartado, se detalla que ese delito lo comete el funcionario público que “sustraiga o distraiga dinero o bienes cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada en razón de su cargo”.
Tradeco y sus polémicas
Tradeco arrastra sanciones, investigaciones, cuestionamientos y demandas en México y Estados Unidos en los últimos años.
Una de las pesquisas fue divulgada en agosto del 2023 por el periódico Milenio. La Fiscalía General de la República de México llevaba adelante una investigación para determinar supuestos vínculos del expresidente Enrique Peña Nieto con Tradeco y otras dos firmas que habrían recibido contratos durante su sexenio (2012-2018).
Otros casos dados a conocer por investigaciones de prensa datan del 2016 y 2017. Por ejemplo, en setiembre del 2016, la Secretaría de la Función Pública de México suspendió a esta empresa durante 30 meses por incumplimientos en la construcción del Hospital Gonzalo Castañeda, en la capital de ese país.
Además, en el 2015, según publicaciones de varios medios de comunicación mexicanos, la Auditoría Superior de la Federación pidió a Tradeco devolver recursos públicos pagados de forma irregular durante los gobiernos de Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012).
En octubre del 2017, el diario La Razón divulgó que la empresa registró incumplimientos en siete proyectos en Texas, Estados Unidos, que ocasionaron pérdidas por $78 millones, hechos por los que también enfrentaba una demanda en ese país.
Vía abandonada
El proyecto de ampliación de la vía entre Barranca y Limonal está abandonado desde noviembre del 2022, luego de que no funcionara el traspaso del contrato entre Estrella-H Solís y Tradeco, como pretendía el presidente Chaves.
Para revivir el proyecto, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) debió sacar a concurso una nueva licitación, que fue adjudicada el pasado 21 de agosto.
El Consorcio Barranca Ruta 1 (integrado por las empresas Bell Ingeniería y Estrella) y la constructora MECO se encargarán de completar la ampliación de ese tramo de la Interamericana Norte.
La primera sección de 25 km, entre Barranca y San Gerardo de Chomes, será ejecutada por el Consorcio Barranca Ruta 1, el cual ofertó realizar las obras por $121,6 millones. MECO se encargará de los 23 km restantes, comprendidos entre San Gerardo y Limonal, por $141,7 millones. En conjunto, la obra costará $263,3 millones.
A ese monto se le deben sumar los $34 millones que habían sido invertidos durante el proceso anterior con el consorcio Estrella-H Solís y los más de $8 millones en labores de conservación que se han destinado para evitar el deterioro de las obras ejecutadas, así como realizar otras para la seguridad de los usuarios de la vía. Es decir, en total, se deberán invertir más de $305,3 millones.
El gobierno pretende financiar el proyecto reorientando un crédito de $300 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que originalmente financiaría un fondo de avales para empresas afectadas por la pandemia.
