La Fiscalía General confirmó que investiga a Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República, por un posible tráfico de influencias para dejar en manos de Tradeco –una constructora mexicana que se ha visto envuelta en polémicas– el contrato de ampliación de los 50 kilómetros entre Barranca y Limonal, así como la construcción de cuatro carriles en los 2,9 kilómetros de La Angostura, en Puntarenas.
La pesquisa también incluye a Mauricio Batalla Otárola, actual jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), y a su antecesor, Luis Amador Jiménez, quien fue destituido el 12 de marzo porque, según el mandatario, habría permitido un contrato millonario a la constructora MECO con una licitación hecha “a la medida” para la reparación de la pista del aeropuerto de Liberia.
La investigación por el posible tráfico de influencias se tramita bajo el expediente 23-000038-0033-PE y está relacionada con aparentes presiones de Chaves, Amador y Batalla para que la Unidad Ejecutora a cargo de la obra en Barranca-Limonal y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), financista del proyecto, aprobaran que el contrato, valorado originalmente en $182 millones (¢91.520 millones aproximadamente), pasara del consorcio Estrella-H Solís, el cual inició la obra, a Tradeco.
Entre las diligencias realizadas en ese caso, la Fiscalía General secuestró el 16 de enero una serie de documentos en las oficinas del MOPT, los cuales están “bajo análisis”.
Tradeco arrastra múltiples cuestionamientos y sanciones. Por ejemplo, en setiembre de 2016 fue suspendida por la Secretaría de la Función Pública de México por 30 meses debido a incumplimientos en la construcción del hospital Gonzalo Castañeda, ubicado en la capital de ese país.
En agosto de 2022, el diario Milenio publicó que la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delitos Electorales solicitó información de todos los contratos de obra pública obtenidos por Tradeco durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, presidente de México entre 2012 y 2018. Además, la constructora arrastra múltiples demandas en México y Estados Unidos por aparentes irregularidades e incumplimientos.
La Nación envió este lunes consultas al presidente de la República, pero la Casa Presidencial respondió que “están realizando las gestiones necesarias para la recopilación de la información requerida”. También se intentó contactar a Chaves a través de Jorge Rodríguez Vives, ministro de Comunicación, pero no hubo una respuesta a los mensajes de texto enviados a su teléfono celular.
Además, a través de su encargada de prensa, se remitieron preguntas al ministro Batalla, quien, cuando habrían ocurrido los hechos, era director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), pero no hubo respuesta antes del cierre de esta información. También se le llamó a su teléfono celular la tarde de este lunes, pero no contestó.
Por su parte, se contactó a Amador desde el 23 de abril, pero no respondió el mensaje enviado a su dispositivo móvil en Canadá. Este lunes 27 de mayo se le enviaron nuevos mensajes para consultarle si sabe de la pesquisa y sobre sus reuniones con el mandatario y el empresario mexicano, pero no hubo respuesta.
Gerardo Huertas, abogado de Amador en Costa Rica, aseguró que no han sido notificados de la causa judicial. Una vez que sean informados oficialmente podrían referirse al asunto.
Tradeco obtuvo resultados en días
Desde marzo de 2020, el Estado adjudicó al consorcio Estrella-H Solís la ampliación de la carretera Barranca-Limonal. La orden de inicio se emitió en agosto de 2020 y, desde entonces, se ejecutaron trabajos por unos $26 millones, aproximadamente. Por lo tanto, para que el contrato pasara a otras manos se requería el visto bueno de H Solís.
Yves Loustalot Laclette, representante de Tradeco, confirmó haber tenido varias reuniones en Casa Presidencial con el presidente de la República, Amador y representantes de H Solís para hablar sobre la cesión del contrato, pero dijo no recordar las fechas.
Este diario remitió varias preguntas a Roberto Acosta, representante legal de H Solís, sobre las citas con las autoridades gubernamentales y el empresario mexicano, las peticiones hechas en esos encuentros y otros detalles. Sin embargo, no contestó.
Documentos en poder de La Nación demuestran que Yves Loustalot Laclette, representante de Tradeco, solicitó una reunión con Amador el 16 de diciembre de 2022, con la intención de hablar sobre la cesión del contrato Barranca-Limonal y la ampliación de La Angostura.
“Le solicitamos, señor ministro, se nos brinden (sic) un espacio en su agenda para mostrarle nuestras capacidades”, le escribió Loustalot a Amador en una carta que, según la oficina de prensa del MOPT, nunca fue contestada por el entonces jerarca. Pese a que no hubo respuesta, Loustalot admitió que consiguió “varias” reuniones en Casa Presidencial con el objetivo de asumir la construcción de esas obras.
“Nuestro objetivo era participar en esa cesión (...) siempre que fuimos para allá (Costa Rica) fue persiguiendo ese contrato”, comentó el empresario en una entrevista realizada vía telefónica el 23 de abril.
De acuerdo con registros de la Dirección General de Migración y Extranjería, el mexicano ingresó al país por primera vez el 22 de diciembre de 2022, seis días después de enviar la nota al despacho de Amador. Posteriormente, el empresario arribó a Costa Rica seis veces más entre el 15 de enero y el 24 de mayo de 2023.
Aunque nunca obtuvo una respuesta por escrito, el 13 de enero, 22 días después de su primer viaje a territorio tico, Loustalot remitió al correo electrónico de Amador una propuesta formal para hacerse del millonario contrato. En ese correo fue copiado Alejandro Guillén, quien fungía en ese momento como viceministro de Infraestructura.
Guillén afirmó que no recuerda haber recibido esa comunicación ni tuvo a cargo el análisis de esa propuesta. “En ese momento, el ministro (Amador) me frunció el ceño, porque los chinos de la empresa CHEC también estaban interesados y estaban a punto de firmar, pero el ministro me dijo que tenía otra empresa mexicana (Tradeco) y que por favor hablara con ellos”, declaró.
Agregó que la petición de Amador fue hecha verbalmente en enero de 2023. Sin embargo, la reunión nunca se concretó. “Yo les abrí un campo para hablar, pero el señor nunca se presentó”.
Según Guillén, después de que Amador le pidió que atendiera al representante de Tradeco, cambió la actitud y lo mantuvo lejos del proceso de negociación. “Yo nunca conocí a nadie de Tradeco y el ministro me tuvo lejos de cualquier negociación (...) Creo que eso respondía a la confidencialidad del tema o a que él se sentía cómodo hablando con ellos directamente, no sé cómo llegaron al país o quién los trajo”, enfatizó.
En su propuesta, Tradeco indicó que asumirían la obra y ejecutarían los $156 millones (¢78.312 millones) que le restaban al crédito, pero que sería necesario hacer ajustes de precio al contrato de hasta un 20% debido a que los cálculos de la obra se elaboraron desde 2019. La constructora argumentó que, por ser la primera vez que operaba en Costa Rica, enfrentaba problemas para depositar las garantías de cumplimiento.
Para remediar ese inconveniente, Tradecó planteó crear un fideicomiso de garantía que se fondearía con el anticipo que recibiría del proyecto.
H Solís admitió ceder proyecto
En marzo de 2023, Amador informó a varios medios de comunicación que Tradeco firmó, el 17 de marzo de ese año, una carta de entendimiento con H Solís para la cesión del proyecto y que estaba pendiente valorar la capacidad de la constructora. Los registros migratorios confirman que el empresario mexicano estuvo ese día en el país.
“Desgraciadamente, esto dura mucho tiempo, ahorita una empresa mexicana está en negociaciones con H Solís (...) Si eso ocurre, podríamos ver una cesión pronto”, señaló Amador en referencia al proceso para trasladar el millonario contrato a manos de Tradeco.
El 22 de abril de 2023, según el acta 03-2023, la Unidad Ejecutora del proyecto recibió la solicitud de cesión del contrato por medio del oficio CR1-1253-2023. No obstante, el 22 de mayo de 2023, la solicitud fue rechazada porque Tradeco no cumplía con los criterios técnicos, financieros y de experiencia. La evaluación fue liderada por William Abarca, coordinador general de la Unidad Ejecutora.
El traslado de esa solicitud a la Unidad Ejecutora se hizo un día después de que Loustalot visitara Costa Rica por quinta ocasión, ya que el historial migratorio muestra que ingresó el 20 de abril y salió el 21 abril de 2023.
Se contactó a Abarca para hacerle preguntas sobre este tema, pero no contestó las llamadas. Tampoco atendió los mensajes.
MOPT tenía opciones para avanzar
En agosto de 2023, luego de que fracasara la cesión del contrato a Tradeco, el gobierno decidió utilizar el financiamiento otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la carretera Barranca-Limonal y La Angostura en la construcción de la nueva carretera a San Carlos. Las actas de la Unidad Ejecutora demuestran que esa decisión se tomó a pesar de que existía una constructora que sí cumplía con todos los requerimientos.
LEA MÁS: Tramo Barranca-Limonal saldrá $63 millones más caro luego de un año varado
Se trata de China Harbour Engineering Company (CHEC), que tiene a cargo la ampliación de la ruta 32. La Unidad Ejecutora avaló la cesión a los chinos desde el 10 de mayo de 2023, pues verificó que sí cumplía con la experiencia, la capacidad financiera y técnica. “En conclusión, se ha verificado que la oferta presentada por CHEC cumple con todos los requisitos técnicos solicitados”, expresó la Unidad Ejecutora.
A pesar de ese pronunciamiento, 12 días después, el 22 de mayo de 2023, les solicitaron evaluar la propuesta de Tradeco. Este diario le consultó a la Unidad Ejecutora quién pidió revisar el planteamiento de los mexicanos, pero aún no hay respuesta.
BID guarda silencio
El 13 de mayo, La Nación preguntó al BID sobre este tema. Por medio de Marjorie Sibaja, relacionista pública de la entidad financiera en el país, se indicó que contestarían a más tardar el lunes 20 de mayo, pero el 15 de mayo señalaron que no se referirían al tema.
Un día después, el 16 de mayo, el BID cambió de criterio y remitió una declaración general en la que afirma que no recibió una “solicitud oficial para no objeción de cesión del contrato de obra para el tramo entre Barranca–Limonal”.
El mismo 16 de mayo, se llamó a Isabel Granada, jefa de operaciones del BID en Costa Rica, pero dijo que no podía atender preguntas y pidió que se le enviaran las interrogantes a través de la oficina de prensa. El 17 de mayo se le envió una lista de ocho preguntas, entre las que están si ella se reunió con el presidente Chaves, el exministro Amador y el empresario mexicano, pero no contestó.
También se le cuestionó si existen constancias de esos encuentros y por quién fue convocada a las citas, pero tampoco contestó.
“No tenemos nada más que agregar sobre el tema”, dijo la oficina de Comunicación del BID el 22 de mayo por medio de un correo electrónico.
Mientras tanto, la ampliación de la carretera Limonal-Barranca está abandonada desde finales del 2022, por lo que el MOPT debió sacar una nueva licitación para darle mantenimiento a lo que está hecho, evitar el deterioro y procurar la seguridad de los usuarios de la vía.