La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) permitieron que la compañía Publiex, del empresario Geovanni Vásquez Vega, explotara espacios de publicidad para terceros en los postes del alumbrado público en contra de la ley, según una investigación de la Contraloría General de la República (CGR).
Esta firma fue una de las proveedoras de la campaña electoral del presidente Rodrigo Chaves y, en la presente administración, su representante ha sostenido encuentros con el mandatario al grado de que participó en un acto público.
En setiembre del 2024, la CNFL firmó con Publiex un acuerdo comercial de explotación de espacios en los postes para colocar banners y otros elementos publicitarios. Antes y después de ello, ocurrieron los siguientes hechos:
1- Para la campaña electoral del 2022, Publiex le proveyó al menos 12 vallas publicitarias en varias carreteras el entonces partido de Chaves, Progreso Social Democrático (PPSD), durante al menos tres meses. El representante de la firma y el entonces tesorero del PPSD, el exvicepresidente Stephan Brunner, firmaron un contrato por $50.000.
2- El 18 de julio del 2024, el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) firmó una alianza público-privada con la Fundación Geovanni Vásquez, en la que figura el representante de Publiex, para lanzar una campaña publicitaria sobre los riesgos del exceso de velocidad. Vázquez participó junto a Chaves en el acto público del lanzamiento.
Anteriormente, en abril del 2023, el empresario había visitado al mandatario en Casa Presidencial para hablar del tema y se tomó fotos con él.
3- Las vallas de Publiex son las mismas en donde se colocaron, en enero del 2025, rótulos contra jerarcas de las instituciones públicas a los que Chaves ataca. Geovanni Vásquez evitó decir quién financió la campaña “Renuncien”, mientras que el empresario hotelero y actual colaborador de la campaña de Laura Fernández, Boris Marchegiani, declaró que él las pagó. Dichos anuncios, colocados en enero de este año, estaban en las principales vías del área metropolitana, como la ruta 27 y la carretera de Circunvalación.
La Nación intentó desde el viernes, en varias ocasiones, conversar con Vásquez Vega, pero no hubo respuestas. Se intentaron llamadas a su celular y también a Publiex. Incluso, se le enviaron consultas por correo electrónico por indicaciones de una trabajadora de la empresa, quien dijo telefónicamente que Vásquez Vega estaba ausente. No hubo respuesta.
Así se gestó el acuerdo comercial de 5 años
El 12 de julio del 2022, la Asesoría Jurídica Empresarial de la CNFL dio su validación para proceder con un negocio de publicidad en los postes de alumbrado público, aunque hizo constar que se requería de un permiso del MOPT porque el Reglamento de Derechos de Vía y Publicidad Exterior contiene una prohibición expresa para esta actividad.
El 12 de setiembre del 2024, la CNFL y Publiex firmaron un acuerdo para la venta o comercialización de espacios publicitarios a terceros en los postes de alumbrado público en varias rutas nacionales, con una vigencia de cinco años y opción de renovación, según la Contraloría. La empresa recibió permiso para instalar banners u otros elementos.
Luego de esa firma, el 4 de octubre del 2024, Publiex pidió al Departamento de Inspección Vial y Demoliciones del MOPT una autorización para instalar banners en los postes. Esta oficina otorgó el aval el 31 de octubre por un periodo de cinco años.
Gerente de CNFL habló del visto bueno de Chaves y Presidencia
El gerente general de la CNFL, Luis Fernando Andrés Jácome, dijo el 4 de noviembre del 2024 que el proyecto con Publiex fue presentado en Casa Presidencial a Rodrigo Chaves, “quien lo vio con muy buenos ojos y dijo que se continuaría con el proyecto”. Añadió que el plan obtuvo el visto bueno de Presidencia y que, por ello, también obtendría el del MOPT. Así consta en un acta de Junta Directiva dada a conocer por el medio CR Hoy.
Unas semanas más tarde, el 25 de noviembre, la CNFL solicitó al MOPT autorización para efectuar un primer cierre parcial de la ruta 1, a fin de instalar una primera campaña publicitaria. En diciembre, tramitó autorización para hacer lo mismo en otras vías.
En el acta de la CNFL, se habla de ingresos netos por $46 millones para el primer año empezando en enero del 2025.
Tras denuncia anónima, se verificó prohibición explícita en la ley
A raíz de una denuncia anónima, la Contraloría General de la República estudió el caso y señaló que el artículo 30 de la Ley de Construcciones establece una prohibición clara y literal sobre la colocación de anuncios en “los postes de los servicios públicos”. Pese a ello, encontró que el contrato de uso de espacios en los postes estaba en ejecución.
La prohibición se repite en la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial. El artículo 227 prohíbe de manera específica “colocar dentro del derecho de vía anuncios o rótulos con fines exclusivamente publicitarios”.
Por ello, la Contraloría ordenó el pasado 23 de octubre al MOPT y a la CNFL detener la colocación ilegal de publicidad en postes del alumbrado público, al considerar que atenta contra la seguridad vial y los bienes de dominio público.
La Nación consultó al ministro Efraím Zeledón Leiva sobre lo señalado por la CGR, pero al cierre de esta edición no había emitido respuesta. Además, se remitieron consultas por correo electrónico a la CNFL.
Otras vallas en terrenos estatales
De acuerdo con un informe de la Contraloría, la empresa Publiex también ha mantenido vallas y anuncios en terrenos estatales o dentro del derecho de vía de carreteras públicas, lo cual está prohibido.
La orden DFOE-SOS-ORD-00005-2025, emitida el 23 de octubre de 2025, instruye al ministro del MOPT, Efraím Zeledón Leiva, a demoler dos vallas ilegales que permanecen instaladas en terrenos del Estado y a sancionar a los responsables.
La primera se ubica en el parque del Agricultor, en Alajuela, y se mantiene sin permiso vigente desde junio de 2022, pese a órdenes previas de remoción.
El MOPT alegó que no cuenta con maquinaria ni personal idóneo para ejecutar el retiro. La segunda está instalada en el Centro de Conservación Santa Ana, en un terreno estatal que el MOPT interpretó erróneamente como privado. Aunque el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) ordenó su retiro en junio de 2025, la estructura continúa en pie.
La Contraloría dio plazo al MOPT hasta el 28 de noviembre de 2025 para cumplir las demoliciones y remitir certificaciones de ejecución.