Rodrigo Chaves figura como investigado en el caso “Pista Oscura”, que involucra supuestas irregularidades en contratos de mantenimiento en el aeropuerto de Liberia. Las autoridades realizaron 23 allanamientos y detuvieron a cuatro jerarcas, incluidos altos mandos del MOPT, CNE y Aviación Civil.
El caso fue bautizado como “Pista Oscura” por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Los detenidos de este martes fueron el exministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla; el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado; el director de Aviación Civil, Marcos Castillo; y el jefe de la Unidad de Fiscalización de Obras de la CNE, Henry Villalobos; quienes figuran como imputados en la causa 24-000454-1218-PE.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, también es investigado por las presuntas irregularidades de este caso; sin embargo, en una causa separada (la 24-000030-1218-PE).
¿Por qué el presidente Chaves también es investigado por el caso Pista Oscura, pero a través de una causa distinta?
13 investigados
Los allanamientos y las detenciones realizadas este 14 de mayo se relacionan con la causa 24-000454-1218-PE, en la cual figuran 13 imputados.
Nota legal: Un imputado es una persona a la que se le atribuye uno o varios delitos, y en contra de la cual se sigue un proceso penal.
Además de Batalla, Picado, Castillo y Villalobos, también son parte de esos imputados el exdirector de Aviación Civil, Fernando Naranjo Elizondo; y el exministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador; quien ahora aspira a ser candidato presidencial y ya fue indagado por la Fiscalía General por este caso, en septiembre del año pasado (su declaración duró más de tres horas).
Además, hay otros siete imputados hasta el momento. Ellos son, según indicó la Fiscalía, varios funcionarios y exfuncionarios de la CNE, de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y de la constructora MECO.
| Apellidos | Cargo |
|---|---|
| Marín Fallas | Jefe de Unidad de Gestión de Procesos de Reconstrucción de la CNE |
| Rodríguez Fallas | Asesor legal de la DGAC |
| Murillo Saborío | Encargado mantenimiento aeroportuario de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica de la DGAC |
| Castellón Camacho | Asesora en el CNC |
| Baltodano Aragón | Miembro Junta Directiva del Conavi |
| Sánchez Zumbado | Presidente de la empresa MECO |
| González Chinchilla | Director técnico de la obra, ambos de MECO |
Dentro del mismo expediente, también se investiga a la exministra de la Presidencia, Natalia Díaz, por el presunto de prevaricato.
Esta causa, sin embargo, no es la única que existe sobre el caso.
La Fiscalía explicó a La Nación que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, también es investigado por las presuntas irregularidades a través de la causa 24-000030-1218-PE.
Esta causa está activa desde 2024, por el presunto delito de influencia contra la Hacienda Pública.
El delito de influencia contra la Hacienda Pública se define en el artículo 57 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (8.422); el cual castiga con penas de dos a ocho años de prisión a los funcionarios públicos que “influyan, dirijan o condicionen” para que se produzca una situación que daña “los intereses patrimoniales de la Hacienda Pública o al interés público“.
La apertura de ese expediente se informó desde el 14 de marzo de 2024 y es una de las varias decenas que acumula el mandatario en el Ministerio Público.
¿Por qué hay dos causas?
La primera causa de las dos antes mencionadas la tramita la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. La segunda, por otra parte, la Fiscalía General de la República.
Esto ocurre porque el presidente de la República sigue en su cargo y, al ser un miembro de los Supremos Poderes, las investigaciones en su contra deben de seguir un proceso reforzado.
Este proceso reforzado incluye su fuero de improcedibilidad penal; es decir, la inmunidad presidencial para ser juzgado penalmente y que solo se puede levantar por autorización de mayoría calificada parlamentaria, si la Fiscalía lo solicita por considerar que hay evidencia suficiente para perseguir el delito en un juicio.
No obstante, este tratamiento diferenciado solo se aplica para los miembros de los Supremos Poderes activos. Es decir, “se vence” una vez que el funcionario deja su puesto.
Por ese motivo, si bien Mauricio Batalla fue ministro de Obras Públicas y gozó de ese fuero especial cuando fue ministro, lo perdió a partir de enero pasado, cuando renunció al cargo. Así pasó a ser investigado por la vía regular.
El fiscal general, Carlo Díaz, señaló este 13 de mayo que la causa contra Chaves es “un expediente paralelo” y que sigue “en trámite”. No obstante, más tarde descartó que se fuera a realizar un allanamiento en las próximas horas en contra del mandatario, como insinuaron o hasta dijeron explícitamente algunos perfiles en redes sociales.
“No existe el intento de allanamiento”, aseguró; aunque advirtió, “si se solicita y y el juez lo autoriza, se ejecuta, sin importar de quien se trate”.
¿De qué se trata el caso?
Las autoridades judiciales ponen su foco en dos aparentes ilegalidades, según describió el director del OIJ, Randall Zúñiga:
— Por un lado, dicen que se habría incluido al cantón de Liberia, sin sustento real, dentro del decreto de emergencia 43626-MP. Este es un decreto que se había firmado a mediados de 2022 por el impacto de varias ondas tropicales y de la tormenta tropical Bonnie en el norte del país.
La inclusión de Liberia en el decreto se realizó por medio del decreto ejecutivo 44072-MP, en junio de 2023; es decir, un año después de la publicación del primer documento.
El presidente Chaves firmó ambos documentos junto a la entonces ministra de la Presidencia, Natalia Díaz.
La inclusión de Liberia, explicó Zúñiga, habría permitido “flexibilizar” los controles institucionales para la contratación de varias obras de mantenimiento en la pista del Aeropuerto Daniel Oduber, las cuales finalmente se asignaron a la empresa MECO.
“En el año 2023 se amplía ese decreto de emergencia y se incluye a la pista del Aeropuerto Daniel Oduber, a pesar de que no tiene ninguna relación”, describió el jefe de la policía judicial. “En ese momento, se da una adjudicación de $40 millones para arreglar las cuatro capas de la carpeta asfáltica”, añadió.
Por otro lado, las autoridades también investigan hechos que ocurrieron después de la adjudicación de las obras.
Siempre según Zúñiga, luego de que se dio la adjudicación, Meco realizó una “ingeniería de valor” y calificó como innecesario realizar la mayoría de las obras contratadas, para modificar el contrato.
Ese fue un criterio con el que no estuvieron de acuerdo la Unidad Ejecutora del proyecto ni los funcionarios de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica, quienes —según las pesquisas— habrían sido presionados o hasta excluidos hasta que el exministro Mauricio Batalla pudo firmar el aval para los cambios a finales de 2024.
“Al dar el aval”, declaró Zúñiga, “lo que se le descuenta a la empresa MECO son unos $4 millones de los $40 millones iniciales, cuando en realidad lo que se reelaboró o lo que se trabajó fue un 33% de la obra”.
El Ministerio Público añadió, en comunicado de prensa, que se habrían dado incumplimientos contractuales y que las autoridades no aplicaron sanciones a la empresa, a pesar de que las modificaciones aprobadas implicaron “un recarpeteo superficial en lugar de una reparación integral” y comprometen la seguridad de la pista.
Acusaciones cruzadas
El presidente Rodrigo Chaves destituyó al ministro Luis Amador en marzo de 2024 porque, según dijo, había “una responsabilidad política ineludible” relacionada con la adjudicación de las obras del Daniel Oduber a la empresa Meco (por entonces, no se había modificado el tamaño de las mismas).
“Los términos de referencia avalados por el MOPT y el director de Aviación Civil”, dijo el presidente, tenían “indicios de que fueron diseñados para que ganara la empresa que terminó ganando” frente a otros oferentes como Constructora Hernán Solís y Consorcio Pedregal.
Amador rechazó esas afirmaciones y, en septiembre pasado, señaló que el presidente estuvo involucrado en todo el proceso de contratación. Eso lo dijo luego de declarar ante la Fiscalía y también lo había señalado el presidente de Meco, José Alfredo Sánchez, en una entrevista con La Nación de marzo de 2024. El mandatario, afirmó entonces, “estuvo involucrado personalmente en todo este proceso”.
Tanto Chaves como Amador y Sánchez son investigados todavía.