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Primero, el 5 de este mes, la diputada Kattia Calvo, del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), lanzó una incontinente andanada de insultos contra Edgardo Araya, del Frente Amplio (FA). Entre otras cosas, lo llamo chuchinga, maricón, pernicioso, perverso, animal; un “chancletudo barato de quinta categoría” al que “le hubiera recetado un manotazo en el marco del hocico”.
Tan antológica erupción, sin precedente en los anales legislativos, se produjo luego de que Araya dijera que la presidenta Laura Fernández “se hace la tontita” en relación con el proyecto del FA para eliminar las pensiones de los expresidentes. La expresión fue impropia y no tiene cabida en el debate legislativo: las discrepancias políticas, aun las más enconadas, no pueden ventilarse mediante descalificaciones personales. El epíteto fue considerado tan ofensivo por el PPSO que Yara Jiménez, presidenta legislativa, suspendió la sesión. Exigió “respeto” para la mandataria y varios diputados de su bancada abandonaron el plenario como protesta. Entre ellos estaba Calvo, quien disparó su ráfaga de ofensas mientras se retiraba.
Araya reconoció que se había excedido y ofreció disculpas a la presidenta. El Comité de Ética de su partido abrió un proceso sobre ese proceder y varios diputados de partidos opositores censuraron sus palabras. Calvo ni siquiera ha aclarado su actitud y su partido no ha anunciado investigación alguna.
El miércoles 12 le tocó el turno a su compañera de bancada, Cindy Murillo. En declaraciones a un “creador de contenido”, registradas en video, calificó el masivo “plantón” democrático del jueves previo como una “ceremonia de matrimonio del Partido Liberación Nacional, de los comunistas de Frente Amplio y de las ‘damas de compañía’ del CAC y la Unidad”, en referencia a las diputadas Claudia Dobles y Abril Gordienko.
Tan grotesco epíteto no puede ser desdeñado, según dijo luego la diputada, como una “forma de decir”. Se trata de un insulto, en extremo directo y personal, que pone en duda la moral de dos mujeres intachables y plenamente dedicadas a cumplir con sus tareas legislativas. Por ello ha recibido una condena unánime de la oposición y varios sectores sociales, acompañada de solidaridad a Dobles y Gordienko.
La negativa de Murillo a disculparse condujo a que, por primera vez desde el 1.° de mayo, se quebrara el bloque del PPSO en la Asamblea. Una moción de condena al insulto fue aprobada por 27 contra 26 votos, gracias a que dos diputados de ese partido –José Miguel Villalobos y Antonio Barzuna– se unieron a los opositores y votaron a favor.
Su éxito revela que aún es posible formar una mayoría en el Congreso, aunque tenue, a favor de la decencia y el respeto en los debates. A la vez, no deja dudas sobre la proclividad del oficialismo hacia las truculentas agresiones verbales como arma política. Porque la actitud de ambas diputadas, que además condujo a una injustificada y costosa pérdida de tiempo de los legisladores, no puede considerarse como una anomalía. Al contrario, los insultos y el odio son componentes esenciales de una estrategia política deliberada y sistemática.
La inauguró el hoy ministro Rodrigo Chaves durante su campaña a las elecciones presidenciales de 2022. La amplificó a los peores extremos de truculencia durante su gobierno, contra instituciones y voces independientes. La implantó como variable operativa de su movimiento político. La inoculó entre muchos de sus seguidores, operadores e imitadores políticos, incluidas las diputadas Calvo y Murillo. Y ha tenido retumbos alrededor de la presidenta Laura Fernández.
Para varios abanderados del oficialismo, esa línea de conducta no es motivo de vergüenza, ni siquiera rubor, sino blasón de orgullo, prueba de lealtad e instrumento indispensable de acción política. También es un arma de coerción, para ahogar la crítica e imponer su discurso.
Todo ello resulta lamentable, preocupante y reprochable. Pero lo peor es que ha contribuido a normalizar el insulto, el desdén y los mensajes de odio en la vida pública. Además, ha penetrado con ellos, como si fuera una bacteria destructora, en nuestro tejido social. Ha corroído nuestra capacidad de diálogo y ha contaminado el ejercicio de la tolerancia. El daño para nuestra convivencia y cohesión como pueblo es enorme.
La lista de agravios espetados por Chaves a diestra y siniestra en cuatro años de presidente y tres meses de ministro, ha sido punta de lanza de esa estrategia. Empezó en su campaña con “prensa canalla”. Muy pronto la amplió a “ratas”, “cucarachas” y “sicarios políticos”, en referencia a periodistas y medios independientes. Y siguió hacia blancos múltiples, institucionales y personales, con calificativos como “mentirosos”, “malditos”, “malnacidos”, “mafiosos”, “chantajistas”, “vividores”, “nefastos”, “desgraciados”, “corruptos”, “zánganos”, “Judas”, “matrafuleros”, “argolleros”, “mercenarios”, “filibusteros”, “chupamedias”, “mafiosos”, “parásitos”, “traidores a la patria”, “narcoabuela”, “doña trocha” y “loca de Gandoca”.
Si tan inaceptables ofensas se lanzan desde el podio presidencial y otras cúpulas del poder, si las repiten troles pagados y unos pocos adherentes fanáticos, y si el partido de gobierno rechaza llamar a cuentas a diputadas que insultan y denigran a un compañero y dos compañeras, no sorprende que el odio, la violencia verbal, e incluso la física, se hayan acrecentado en nuestra sociedad.
Las palabras son armas. Las armas matan. Y aunque esas muertes, al menos por ahora, sean simbólicas, sus consecuencias minan la democracia, la convivencia y el respeto elemental que merece cualquier ser humano.
