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El error administrativo que nos costará a los ciudadanos el pago de ¢18.196 millones ($36 millones) a la exconcesionaria de la revisión técnica, Riteve SyC, no puede quedar como si nada hubiese pasado. Lo mínimo que podemos exigir es una rendición de cuentas, no solo para la mejora de procedimientos que eviten la repetición de esta ruinosa negligencia, sino para sentar responsabilidades.
Lo inaudito es que no se trató de una falla técnica compleja, sino de algo tan básico como remitir para publicación, en el diario oficial La Gaceta, un decreto ya firmado en diciembre de 2016 con la fórmula oficial para calcular las tarifas de la revisión técnica vehicular. En 2022, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia concluyó que el MOPT incumplió ese deber legal, y este 31 de julio, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda fijó el monto de la indemnización.
La sucesión de hechos que llevó a este desastre es absurda. La fórmula tarifaria la diseñó la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y la remitió, oportunamente, al Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), entidad adscrita al MOPT y responsable de la publicación. El Decreto Ejecutivo 40136-MOPT estaba firmado y listo para publicar el 21 de diciembre de 2016, apenas dos días antes de que los funcionarios salieran a vacaciones de fin de año. Ahí quedó y la publicación se realizó un mes después, el 20 de enero del 2017.
Ya era muy tarde. Esta demora en la entrada en vigor de la metodología impidió a Riteve –operador de la revisión técnica entre 2002 y 2022– solicitar un aumento legalmente válido y derivó en un litigio que se prolongó por casi una década. La sentencia señala como responsable directo al Estado, en la figura del MOPT, y ordena compensar los ingresos dejados de percibir por la empresa. El monto lo ratificaron dos peritajes verificados por el tribunal.
La gravedad de este caso no radica solo en la millonaria indemnización, sino en la parsimonia con la que funcionarios públicos dejaron vencer un plazo para un trámite elemental, posiblemente por la premura de iniciar el descanso de fin de año.
En términos jurídicos, implica un incumplimiento de un deber funcional previsto en la normativa administrativa, que vulnera principios como la diligencia debida, la eficiencia y la continuidad del servicio público. Desde la perspectiva ética, exhibe una peligrosa tolerancia institucional a la desidia al “dejar para después”. Y en el plano administrativo, confirma la ausencia de mecanismos eficaces para prevenir y sancionar omisiones que provocan un perjuicio patrimonial al Estado.
Este hecho se inscribe en una larga cadena de improvisaciones y fiascos en la administración de la revisión técnica vehicular. En 2022, el gobierno adjudicó el permiso temporal a la empresa Dekra invocando “discrecionalidad” y relegando a la firma que obtuvo la mejor calificación técnica. Desde entonces, el proceso para el contrato definitivo ha sido un desfile de errores: licitaciones reiniciadas desde cero, requisitos legales detectados fuera de plazo, cambios de criterio sin sustento y decisiones que generarían eventuales reclamos y procesos judiciales.
El mensaje que envía el país es profundamente disuasorio. A los ojos de inversionistas, proyecta inseguridad jurídica en la contratación pública, con reglas sujetas a intromisiones políticas por esa “discrecionalidad” que se le da al jerarca de turno en el MOPT y decisiones administrativas erráticas. Otra señal es que los conflictos no se resuelven con gestión oportuna, sino en tribunales, tras años de litigio que consumen recursos y desgastan la credibilidad institucional.
Los $36 millones representan un duro golpe para las finanzas públicas. Esto se evidencia al traducir dicho monto a posibles inversiones, con lo cual no queda duda de su magnitud. Veamos: con ese dinero, se habría evitado el recorte de ¢18.000 millones aplicado este año al presupuesto de comedores escolares; se habría podido financiar Internet de banda ancha para 2.400 escuelas y colegios públicos; se podría construir, sin recurrir a crédito, la cárcel que la Casa Presidencial propone para albergar a 5.000 reclusos, o se habría podido reparar, sin recurrir a endeudamiento, la pista del aeropuerto internacional de Liberia.
De ahí que la imposición de esta costosa sentencia obligue a establecer protocolos precisos para identificar, con nombre y cargo, a los responsables directos de estos procedimientos y también a quienes, por omisión, facilitan incumplimientos. No basta con diluir la culpa en la figura abstracta del “Estado”, pues esa noción etérea encubre la negligencia personal y debilita la rendición de cuentas.
Los costarricenses no podemos aceptar que la ineficiencia quede sin consecuencias. Si no aprendemos de este error y no se reforman los procesos que lo hicieron posible, el caso Riteve no será el último golpe que sufra el erario por la mala gestión de funcionarios sin rostro ni responsabilidades definidas. Y, como siempre, el costo lo asumiremos todos.
