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El crimen organizado no solo invade el Estado costarricense, sino que también lo contrata. Esa es la lectura que se impone tras un reportaje publicado por ‘La Nación’ el pasado 13 de setiembre, sobre una infiltración que, en palabras de la propia presidenta Laura Fernández, llega “hasta el tuétano” del aparato estatal.
La frase la acuñó Fernández para referirse al Poder Judicial, pero la evidencia acumulada demuestra que el fenómeno no respeta poderes ni jerarquías: jueces de Pococí y Garabito, agentes del OIJ, oficiales de la Fuerza Pública, Tránsito, Fronteras y la Policía Penitenciaria, funcionarios de Migración, cajeras y gerentes bancarios, empleados de Recope, AyA, Incopesca y hasta de la concesionaria portuaria de Moín aparecen, todos, del lado del crimen organizado.
El fenómeno ya no se puede analizar como simple desviación individual o moral de funcionarios específicos, sino que escaló a un nivel de mercado organizado que actúa como parte de un engranaje criminal que hace posible su funcionamiento. Donde hay competencias estatales estratégicas, hay penetración criminal.
Legalizar una residencia, adjudicar una licitación, sobreseer una denuncia, autorizar el paso de un contenedor, dictar una sentencia: cada funcionario se convierte en un punto de venta potencial de una competencia estatal que estorba a los grupos delincuenciales.
El caso de los jueces en Pococí, o el de 14 funcionarios que asesoraron a una banda narco para ganar 17 licitaciones entre 2020 y 2021, son evidencias claras del funcionamiento previsible de un mercado donde la oferta estatal es escasa y la demanda criminal, ilimitada.
En el sector financiero, donde el Estado participa además con tres bancos comerciales, la historia es similar. Una excajera del Banco Nacional de Golfito habría movilizado sumas millonarias hacia la cuenta de un pastor señalado como líder de una organización de narcotráfico y lavado, disfrazando los giros de pagos por repuestos o ganado; en el Banco de Costa Rica, dos gerentes de sucursal y un tesorero habrían colaborado con una célula vinculada al Clan del Golfo. No hace falta imaginación para entender que eran el instrumento que permitía mover dinero sucio como si fuera limpio, capacidad que ninguna organización criminal puede fabricar sin un funcionario dispuesto a colaborar.
Estos son solo algunos de los casos identificados que, a la luz de cualquier cálculo de probabilidad, permiten pensar que son los menos. Mientras usted lee estas líneas, decenas –o quizá cientos– de funcionarios son parte de las organizaciones criminales que han tomado el país.
El criminólogo Rodrigo Campos, consultado por este diario, ofrece el diagnóstico más devastador: la infiltración alcanzó un nivel tal que “difícilmente” podrá revertirse ya. No es derrotismo; es realidad estadística. Cuando un fenómeno deja de ser un conjunto de casos aislados y pasa a tener presencia probable en todos los niveles de la administración, aspirar a la reversión total se convierte en una quimera.
Esta dosis de realidad es importante desde la perspectiva de cuál política pública debe aplicarse para al menos controlar el fenómeno. Trasladar funcionarios de una zona a otra para evitar que se “maleen” no reduce el mercado, simplemente lo reubica, como advierte el propio Campos. El problema no es geográfico, sino estructural.
Mientras existan trámites, adjudicaciones y resoluciones judiciales que dependan de la discrecionalidad de una sola persona sin controles efectivos, habrá un comprador dispuesto a pagar por ella.
La solución no es prometer un Estado incorruptible, sino reducir sistemáticamente el catálogo de favores comercializables: más automatización y trazabilidad en trámites migratorios y portuarios, doble firma y auditoría aleatoria en adjudicaciones sensibles, blindaje financiero y verificación periódica de antecedentes e idoneidad de funcionarios que ocupan plazas de alto riesgo, y mecanismos de denuncia que no dependan de jefaturas que también podrían estar comprometidas. La fiscalización y la sospecha permanente son herramientas ciudadanas indispensables.
La presidenta debe aceptar que el tuétano comienza por el propio Ejecutivo y sus instituciones autónomas. Un diagnóstico que se centra en señalar la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el propio es un componente más de la lucha de poderes que invisibiliza que el tuétano comprometido es, lamentablemente, el de todo el esqueleto estatal.
Aceptar la irreversibilidad de este fenómeno no implica resignarse. Es, paradójicamente, la única forma de empezar a actuar con seriedad, más allá de las promesas vacías de siempre.
Creer que basta una purga, una rotación o una conferencia de prensa para “limpiar” las instituciones es apostarles a gestos simbólicos mientras el catálogo de servicios que adquiere el crimen organizado continúa creciendo trámite a trámite, firma a firma.
