Dos jueces del Juzgado Penal de Pococí y la esposa de uno de ellos fueron detenidos este martes por presunta corrupción, asociada a una causa donde figuran la hermana y otros allegados de Alejandro Arias Monge, alias Diablo.
Una fuente confidencial, asociada al caso, confirmó las detenciones esta mañana, coordinadas por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, con el apoyo de la Oficina Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial.
Los investigados son de apellidos Ramírez y Valverde y la esposa del segundo, de apellido Rojas, son investigados por procuración de impunidad, cohecho, penalidad del corruptor y peculado de uso. Rojas es investigadora de la Policía Judicial.
Al parecer, los jueces habrían estado a cargo, en diferentes momentos, de tramitar asuntos relacionados con el Caso Colorado, en el que se detuvo, en el 2023, a la hermana de Diablo, una mujer de 46 años, de apellidos Arias Monge.
También cayeron en aquella ocasión la pareja sentimental de Diablo, apellidada Jiménez Villalobos, de 32 años, y su hermana, Marín Jiménez, de 45 años; así como un sujeto de apellido Delgado, alias Mr. Músculo, exagente del OIJ.
A todos se les asocia por presunto narcotráfico y legitimación de capitales por medio de la venta de lotería clandestina y ganado.
Aunque existía riesgo de fuga para varios implicados, no se les dictó prisión preventiva y las apelaciones de la Fiscalía fueron rechazadas.
Según un comunicado de la Fiscalía, “los hechos que se investigan ocurrieron entre el 2023 y el 2026, cuando, al parecer, los imputados usaron sus puestos para colaborar con una agrupación dedicada al narcotráfico. Se investiga si recibieron dádivas y desatendieron sus funciones para utilizar sus oficinas con fines personales”.
Posibles hechos irregulares
La procuración de impunidad ocurre cuando un funcionario público procura, por cualquier medio, la impunidad o evasión de las personas sujetas a investigación, indiciadas o condenadas por la comisión de alguno de los delitos tipificados en la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
El artículo 62 de dicha norma impone penas de prisión de tres a diez años e inhabilitación para el ejercicio de las funciones públicas durante el mismo período al servidor sentenciado por procuración de impunidad.
“La pena será de ocho a veinte años de prisión si los actos mencionados en el párrafo anterior son realizados por un juez o fiscal de la República”.
El artículo 361 del Código Penal sanciona el delito de peculado y establece que el funcionario público que sustraiga o distraiga dinero o bienes cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada en razón de su cargo será reprimido con prisión de tres a doce años.
Este martes, pocas horas después de que trascendiera esta información, el presidente de la Corte, Orlando Aguirre, habló de cero tolerancia a la corrupción en el Poder Judicial y, como respaldo, aseguró que las detenciones ejecutadas por el OIJ se lograron gracias a la investigación de la Fiscalía, que detectó posibles actos irregulares.
“Frente a posibles actos de corrupción, investigamos y actuamos mediante los mecanismos institucionales correspondientes, con respeto al debido proceso y la presunción de inocencia.
(...) “En el Poder Judicial no toleramos la corrupción, no la encubrimos, no la permitimos”, manifestó.
Colaboró en esta información el periodista Christian Montero.