El crimen organizado se infiltró “hasta el tuétano” en el Estado costarricense. La presidenta de la República, Laura Fernández, utilizó esa frase en julio pasado para referirse a la penetración del narcotráfico en el Poder Judicial, pero numerosos casos demuestran que el narco y otras actividades delictivas como el contrabando y el robo de combustible lograron colarse en todos los niveles del Estado.
Los criminales han logrado reclutar a policías de la Fuerza Pública que encubren o facilitan sus operaciones, muchas veces a cambio de dinero, y además han recibido cooperación de integrantes de las policías de Fronteras y Tránsito, así como de la Policía Penitenciaria en las cárceles.
Habrían conseguido, además, la presunta cooperación de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y de jueces de la República, como lo evidencia la investigación sobre la estructura de alias Diablo, quien fue el supuesto narcotraficante más buscado del país.
Sin embargo, la infiltración no termina ahí. Estos grupos requieren de ayuda para distintas etapas de sus operaciones ilícitas, como legalizar el dinero de origen criminal, obtener combustible, hacer envíos internacionales de droga, legalizar residencias y hasta obtener contratos públicos.
Por ello, habrían reclutado también a personas que trabajaban en bancos, la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), además de que en un caso habrían tenido la colaboración de empleados de APM Terminals, la concesionaria del puerto de Moín.
Para el criminólogo Rodrigo Campos, el crimen organizado está muy infiltrado en Costa Rica e ignorar ese fenómeno constituiría una forma de ayudar a las organizaciones. Las bandas buscan defender sus intereses comprando voluntades para mantener y ampliar sus operaciones, dijo.
Campos explicó que la cooptación de funcionarios responde a una combinación de factores como la formación ética, el contacto constante con organizaciones criminales que puede llevarlos a adoptar sus conductas y las necesidades económicas, aunque esta última en menor medida.
Sostuvo que a partir de indicadores, intereses y omisiones sospechosas, “uno puede decir que tenemos una alta probabilidad de que en todos los niveles de la administración de este país tenemos algún tipo de incidencia del crimen organizado”.
¿Se puede revertir el problema?
El criminólogo declaró a La Nación que difícilmente se podrá revertir la infiltración del crimen organizado debido al nivel al que llegó. “Lo que sí podemos es buscar un mejor escenario”, aseveró, pero esto requiere de estrategias de prevención que podrían generar resultados en unos años.
En su criterio, no basta con trasladar funcionarios de un territorio a otro, pues a mediano y largo plazo, la medida contribuiría a trasladar la corrupción.
Rodrigo Campos estima que, aunque se deben ejecutar rotaciones estratégicas, estas deberían venir acompañadas de mecanismos de supervisión más robustos, educación financiera, capacitación para identificar indicios de corrupción y evitar que estas conductas se normalicen, así como herramientas para repeler posibles amenazas.
También, planteó la necesidad de conocer el entorno de los funcionarios y verificar que quienes ocupan puestos sensibles reúnan las condiciones necesarias para desempeñarlos.
Entre los casos más graves, la detención de jueces
El 1.° de setiembre, dos jueces del Juzgado Penal de Pococí y la esposa de uno de ellos, quien es agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quedaron detenidos bajo la sospecha de que habrían favorecido a integrantes de la organización criminal de Alejandro Arias Monge, alias Diablo.
Tan solo dos días después, otro juez de apellidos Mora Herrera, del Juzgado Penal de Garabito, fue detenido como sospechoso de prevaricato y divulgación de secretos. Las autoridades presumen que años atrás habría dictado el sobreseimiento a dos colombianos vinculados con un cargamento de más de 800 kilos de cocaína.
Estos son los casos más recientes de supuestos vínculos entre funcionarios judiciales y organizaciones criminales, pero ha habido otros en el pasado.
Fuerza Pública y Tránsito
El 13 de agosto del 2026, se conoció la detención de un policía que habría ayudado a trasegar 250 kilos de cocaína que aparecieron en la Terminal de Contenedores de Moín, en Limón.
A inicios de ese mismo mes, este diario reveló en exclusiva un informe confidencial elaborado por la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) del MSP, el cual advertía sobre una presunta infiltración del crimen organizado dentro de la Fuerza Pública de la Región Brunca Sur.
Al menos 116 oficiales estarían vinculados con estructuras dedicadas al narcotráfico y la trata de migrantes. Entre ellos, se mencionaba al expolicía Michael Corella Amador, alias Rojo, quien fue detenido para extradición a Estados Unidos por presunto tráfico de cocaína desde Colombia hacia México y Estados Unidos.
Un contrabandista de licor y cigarrillos relató a La Nación que la mercancía se introduce a Costa Rica desde Panamá, sin pagar impuestos, con la ayuda de oficiales del país vecino que piden entre $20 y $30 por dejar pasar los alijos.
Los productos luego son transportados por carretera hacia distintos puntos de la zona sur y el Valle Central con el apoyo de policías ticos que cobran ¢50.000 por cada vehículo que dejan pasar sin la debida revisión.
Hallazgo bajo colchón de delegación policial
Recientemente, el 2 de setiembre, además, fue aprehendido otro oficial de apellidos Ureña Araica, bajo la sospecha de que ayudaba al grupo del Diablo.
Debajo de su colchón en la propia delegación policial de Sarapiquí, el OIJ encontró droga proveniente de decomisos y que, al parecer, él entregaba a un hombre que la reintroducía al mercado.
Se sospecha que el oficial también habría brindado información sobre sus propios compañeros policías para que integrantes del grupo criminal les quemaran sus vehículos como represalia por actuaciones policiales.
Por otra parte, en junio del 2025, cuatro oficiales de Tránsito fueron condenados a prisión por supuestos vínculos con Diablo, mientras que ese mismo mes la Fiscalía detuvo a un oficial de Tránsito que al parecer formaba parte del cuerpo de seguridad de un presunto narcotraficante conocido como Pana.
Al parecer, el policía detenía en vía pública a personas que podrían representar una amenaza para el grupo de Pana en Pérez Zeledón, revisaba su documentación y remitía los datos a una agente del OIJ para que ella revisara sus calidades en los sistemas informáticos de la Policía Judicial.
Oficiales penitenciarios, migratorios y de fronteras
Recientemente, trascendió el presunto involucramiento de dos funcionarios penitenciarios con la estructura comandada por el extraditado y exconvicto Edwin López Vega, alias Pecho de Rata.
El legajo del caso Riverside, que llevó a la captura de 53 aparentes miembros de esta estructura, detalla que López habría reclutado a un policía penitenciario apenas cinco días después de ingresar a Máxima Seguridad de la cárcel La Reforma y, posteriormente, habría conseguido que otro actuara como intermediario entre él y miembros de su grupo.
El 21 de julio del 2026, también quedó detenido un funcionario de apellidos Mora Fallas, exdirector del Centro Penal Carlos Luis Fallas, en Pococí, por supuestos nexos con una organización de Siquirres dedicada al tráfico de drogas, contrabando de cigarrillos e introducción de cocaína y marihuana a centros penales.
Apenas este 10 de setiembre, las autoridades informaron también de que una funcionaria de Migración, de apellidos Blandón Reyes, fue detenida como sospechosa de introducir datos falsos para renovar la cédula de residencia a una mujer vinculada sentimentalmente con uno de los presuntos líderes de una peligrosa organización criminal conocida como La H.
A la lista se suma la aprehensión de nueve policías de Fronteras en el marco del caso Clarividente, a mediados de ese año, por sospechas de que facilitaban el envío de cocaína a Europa y Estados Unidos desde el megapuerto de Moín.
Puertos y Recope
Justamente por ese caso, diez funcionarios de APM Terminals y cooperativas que trabajan en operaciones portuarias también fueron aprehendidos. Entre los señalados por este caso figuraba un hombre de apellidos Casanova Duartes, a quien el Ministerio Público identificó como presunto cabecilla de la organización y quien conocía de cerca el funcionamiento de la terminal porque había trabajado allí.
La aparente operación ilícita también habría contado con la ayuda de 13 oficiales de seguridad privada y 12 conductores de cabezales.
Esa no fue la primera vez. En octubre del 2024, trascendió que cuatro personas que trabajaban en APM Terminals, en apariencia, formaban parte de un grupo dedicado al tráfico internacional de drogas que logró enviar 700 kilos de cocaína ocultos en un contenedor con bananos hacia Róterdam, Países Bajos.
Ese mismo año, tres exfuncionarios de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), de apellidos Arrieta Reyes, Méndez Contreras y Alanís Dávila, fueron detenidos por presuntamente alertar a una organización criminal sobre la llegada de buques a Moín para que procedieran a robar combustible. Se trata del grupo aparentemente liderado por el Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, quien fue extraditado a Estados Unidos por presunto narcotráfico.
Incopesca, Inder y AyA
En el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) trabajaba un hombre de apellidos Ramos Loría, quien fue detenido por supuestos nexos con el cartel del Caribe Sur, el primer cartel de drogas desarticulado en la historia del país. En esa entidad, también fungió como asesor Macho Coca en el 2015, por recomendación de la entonces directiva Anita McDonald, también imputada en este caso.
En el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), un hombre de apellido Romero fue investigado en el 2025 por supuestamente colaborar con un prestamista informal para que se apoderara de una propiedad que había sido dada a otra persona en concesión. En allanamientos en la zona sur por este caso, el OIJ decomisó $45.000 en efectivo, así como cinco armas de fuego, entre estas una AR-15, pistolas y un revólver.
Mientras, en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), 14 funcionarios quedaron detenidos en el 2021 por presuntamente asesorar a una supuesta banda narco que obtuvo al menos 17 licitaciones entre 2020 y 2021.
Interés en los bancos
En el 2023, se destapó la aparente relación entre una excajera del Banco Nacional de Golfito, de apellido Porras, y un pastor de apellidos Cortés Franco, señalado como presunto líder de una organización investigada por narcotráfico y lavado de dinero en el Caso Altamar.
La exfuncionaria habría hecho movimientos millonarios al menos hacia la cuenta del pastor que se justificaban como pago de repuestos, pago de servicios, arreglo de vehículos o venta de ganado.
En setiembre del 2024, dos gerentes de sucursal y un tesorero del Banco de Costa Rica (BCR) fueron detenidos porque se presume que colaboraron con una red dedicada al narcotráfico, robo agravado y lavado de dinero, encabezada por Alexi Meléndez León, uno de los Siete Tiburones del Pacífico y supuesto cabecilla en Costa Rica de una célula del Clan del Golfo.
