EscucharEl 30 de mayo del 2024, un dron operado por agentes encubiertos seguía los pasos del hoy extraditable Gilbert Bell Fernández, conocido como Macho Coca. Las autoridades recibieron información de que el empresario al parecer estaba sustrayendo millones de colones en combustible de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) en Moín, Limón, mediante tomas marinas clandestinas conectadas al sistema portuario donde Recope recibe las importaciones de hidrocarburos. Lo hacía, presuntamente, en complicidad con funcionarios de la institución.
Aquella mañana, el dron captó el momento en que Bell llegó a su vivienda a bordo de un pick-up Amarok negro. Estacionó junto a un tanque que estaba siendo abastecido de hidrocarburos por un autobús escolar acondicionado para albergar entre nueve y once tanquetas de gasolina.
Cerca de las 9:40 a. m., Bell descendió del carro y se acercó al tanque. Tomó la pistola dispensadora y, tras derramar un poco de combustible, llenó su vehículo, que luego estacionó a pocos metros de allí.
Mientras Bell permanecía dentro de su propiedad, el dron también captó la salida del autobús escolar del predio. El automotor, en apariencia ya vacío, avanzaba escoltado por una motocicleta rumbo a un sitio identificado policialmente como “patio de Moín”, un terreno donde, según información policial, se localizaba una de las tomas ilegales utilizada por el empresario, y al menos 24 personas más, para extraer el combustible de la Refinadora.
Ese es el resumen de apenas una de las decenas de vigilancias hechas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que vincularon a Macho Coca y a dos de sus propiedades en Limón con un aparente engranaje criminal de robo de combustible.
La investigación, conocida como Petro Coca, culminó con la detención de Bell el 11 de octubre del 2024.
Desde entonces, el costarricense permanece en el módulo de Máxima Seguridad de La Reforma y, poco más de un año después de su ingreso a este recinto, recibió la notificación de que Estados Unidos solicitaba su extradición por presunto narcotráfico.
Se trata de un delito por el que Bell no es investigado en Costa Rica; un tribunal del Distrito Sur de Nueva York lo acusa de haber liderado una estructura dedicada al acopio y envío de cargamentos de cocaína desde Costa Rica hacia territorio estadounidense entre marzo del 2022 y agosto del 2023.
Durante ese mismo periodo, según las pesquisas del Caso Petro Coca, Bell también habría participado en la sustracción de hidrocarburos del Estado. Esa es la única causa penal que hasta el 12 de junio de este año permanecía activa en su contra en Costa Rica.
Ese 12 de junio, el Juzgado Penal de Limón acogió una solicitud de la Fiscalía para suspender la acción penal por presunto robo de combustible y así despejar el camino para su extradición a EE. UU. por presunto narcotráfico.
La decisión implica que Bell no será juzgado de momento en Costa Rica; deberá enfrentar primero el proceso que se le sigue en Estados Unidos antes de comparecer ante la justicia costarricense.
Pese a que la causa quedó temporalmente suspendida, las pesquisas lo señalan como uno de los presuntos cabecillas, según consta en el expediente del caso, en poder de este medio.
Según precisó el OIJ cuando intervino al grupo, en el 2024, la operación le habría permitido a Bell y al resto de los imputados obtener ganancias de entre ¢300 millones y ¢400 millones mensuales.
Buses, contenedores, funcionarios y escoltas
El Ministerio Público sostiene que la presunta organización criminal obtenía combustible de forma ilícita mediante tomas clandestinas en tuberías marinas dentro de la finca de Recope, en Moín.
Se presume que los funcionarios de la institución –de apellidos Arrieta Reyes, Méndez Contreras y Alanís Dávila– alertaban al resto de integrantes cuando un buque atracaba en el muelle de Moín para descargar combustible. De esta forma, facilitaban el ingreso a las instalaciones de Recope.
Según la Fiscalía, los integrantes de la organización perforaban las tuberías e instalaban acoples y mangueras que conducían los hidrocarburos hacia cisternas. Posteriormente, trasladaban el combustible a diversos predios del Caribe, donde permanecía oculto y almacenado para luego comercializarlo.
Dos de esos inmuebles, que las autoridades consideran determinantes para el funcionamiento de la estructura, aparecen registrados a nombre de Bell Fernández y de su esposa, una mujer de apellidos Araya Bougle, quien no figura como imputada en la causa.
De acuerdo con la investigación, uno de estos terrenos, identificado policialmente como “tajo de Moín”, se ubica contiguo al complejo residencial Las Lomas de Recope, a menos de 600 metros de la Refinadora.
En ese predio también se encuentra la vivienda del empresario.
La investigación también vincula una segunda propiedad ubicada en Búfalo, a menos de 15 kilómetros del “tajo de Moín”, la cual figura a nombre de Araya en el Registro Nacional de la Propiedad. En la entrada destaca un rótulo con la frase “Perro bravo, dueño loco”, acompañada por la imagen de un arma AK-47.
Más allá del estudio registral, la relación entre Bell y la organización también se habría establecido mediante el rastreo de llamadas telefónicas y extensas vigilancias en estos terrenos.
En ellas, los agentes observaron en múltiples ocasiones el ingreso de camiones cargados con tanquetas, cisternas llenas de combustible y diligencias para distribuir el hidrocarburo en distintos vehículos.
Una vez cargados, esos vehículos salían de las fincas escoltados para abastecer comercios, entre ellos un lavacar, e incluso embarcaciones, en una especie de “venta de combustible al menudeo”.
Entre los camiones que cargaban tanquetas para su distribución aparece en el legajo uno inscrito a nombre de Excavaciones Araya S. A., sociedad en la que la esposa de Bell aparecía como presidenta y el propio empresario como tesorero. Además, aparece otro propiedad de Araya Bougle, el cual estaba rotulado como “Transporte exclusivo para mariscos” durante las pesquisas.
Una de estas vigilancias documentó, por ejemplo, una reunión entre el limonense y dos de los implicados en la causa. Se llevó a cabo el 4 de marzo del 2024, un día antes de que se acreditara uno de los aparentes robos de combustible.
Ese día, un dron captó la llegada de Macho Coca al predio en Búfalo y allí se encontró con un hombre de apellidos Salas Cortés, señalado como uno de los presuntos líderes de la estructura y conocido con el alias de Mafia.
A la reunión se unió un tercer sujeto de apellidos Alanís Dávila, entonces misceláneo en la dependencia de Distribución y Ventas de Recope.
Al día siguiente, las vigilancias determinaron el uso del autobús escolar para la aparente sustracción de combustible. El vehículo aparecía registrado a nombre de otro de los imputados, un sujeto de apellidos Camacho Pemberton, con antecedentes por portación ilegal de arma permitida y estafa.
El autobús estaba inicialmente estacionado en el “tajo de Moín” y posteriormente se desplazó hacia un predio ubicado a unos dos kilómetros de Recope, donde se situaba una de las presuntas tomas ilegales.
Mediante drones, los agentes observaron que el autobús permaneció varios minutos en el sitio y luego regresó al “tajo de Moín”, donde, por medio de mangueras, se llenaron nueve tanquetas que posteriormente fueron enganchadas a un cabezal.
Una vez cargadas, el vehículo pesado tomó rumbo hacia la finca ubicada en Búfalo, donde se ocultó el combustible en una zona boscosa.
El autobús, por su parte, regresó a un predio sospechoso en Moín. Según el expediente, el vehículo aparece vinculado a una serie de eventos posteriores en los que se habría replicado prácticamente la misma forma de operar.
Las pesquisas sugieren que no era el único recurso que se utilizaba para la aparente sustracción de combustible.
Las autoridades también determinaron que, desde marzo del 2023 se empleaba un contenedor con la leyenda de la empresa Maersk, equipado con tanquetas que, una vez trasladadas a los predios de Bell Fernández, servían para abastecer otras tanquetas y cisternas.
Abastecimiento propio
En el transcurso de la pesquisa, agentes judiciales determinaron que miembros de esta presunta organización habrían tenido un crecimiento patrimonial importante, que no concordaba con los salarios que reportaban, los cuales oscilaban entre los ¢328.000 y ¢510.000, aproximadamente.
Sin embargo, en el caso de Macho Coca, las condiciones fueron distintas. El legajo detalla que el empresario fue investigado en el 2015 por presunta legitimación de capitales, pero salió bien librado porque comprobó la legalidad de sus capitales, “pese a que en su momento haya sido relacionado a diversas actividades ilícitas”, se lee.
El hombre justificó gran parte de su patrimonio con la venta de dos propiedades que sumaron $1,5 millones.
Los investigadores concluyeron que Bell, principalmente, utilizaba el combustible para abastecer “barcos camaroneros” y que el presunto robo de combustible sí “aumentaba grandemente el pecunio no solo de Gilbert Bell, sino el de su esposa, quien representaba (una) sociedad pesquera”.
El propio expediente relata que, en al menos dos ocasiones, Macho Coca habría abastecido de combustible embarcaciones suyas en el río Cieneguita.
