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Dos mujeres figuran como las presuntas cabecillas de una violenta organización criminal de Siquirres, en Limón, dedicada al tráfico de drogas y el contrabando de cigarrillos e introducción de cocaína y marihuana a centros penales y que operaba una agencia de sicarios a la que se le atribuyen varios homicidios en la provincia y el Pacífico Central.
Las sospechosas, de apellidos Monge Williams y Sánchez Allen y otros 32 posibles implicados, quedaron detenidos este martes, luego de múltiples allanamientos en el Caribe y Guanacaste.
Uno de los casos más graves que se asocian con este grupo ocurrió en setiembre del 2024 cuando se ejecutó el asalto a un minisuper de ciudadanos orientales en Siquirres.
Estos extranjeros, según explicó Carlo Díaz, fiscal general, pagaban por “seguridad” a un grupo criminal que decidió asesinar al presunto ladrón.
Para ello, citaron al ofendido, de apellidos Sánchez Scott, en una iglesia abandonada, bajo la premisa de un encuentro sexual con dos mujeres, pero allí le dieron muerte.
Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial, agregó que otros dos asesinatos (perpetrados en enero y mayo del 2026) estarían relacionados con ajustes de cuentas por narcotráfico.
Empero, no descartó que la banda esté vinculada con otros crímenes de esta índole cometidos en otras partes del país, uno de ellos en el Pacífico Central. Al parecer, los sicarios cobraban entre ¢500.000 y ¢700.000 por cada homicidio, según el perfil de la víctima.
Los casos se negociaban por teléfono o personalmente y se pagaban por Sinpe.
Soto explicó que la estructura estaba compuesta casi en su totalidad por integrantes de una misma familia, de hecho son conocidos en la zona como Los Valkirios. El compañero sentimental de la mujer de apellidos Monge Williams ya estaba detenido, así como dos de sus hijos, aprehendidos previamente por hechos similares.
Este martes se sumaron las detenciones de la mujer y de otro de sus hijos. “Prácticamente toda la familia estaría vinculada con hechos criminales de narcotráfico y violencia”, afirmó el jerarca policial.
Mujeres recibían monedas por introducir millonarias cargas en centros penitenciarios
A la organización también se le investiga por la presunta introducción de droga a seis centros penales, con ayuda de mujeres en condición de vulnerabilidad.
Al parecer, las cabecillas de la banda buscaban a otras congéneres con dificultades económicas y les ofrecían ¢300.000, siempre y cuando lograran burlar los cercos de seguridad e ingresaran a las cárceles con marihuana o cocaína oculta entre sus genitales.
Aunque el pago para las implicadas era muy bajo, el ingreso de 250 gramos de alguna sustancia ilícita resultaba en ganancias de hasta ¢5 millones para los traficantes.
Como parte de los 39 allanamientos, ejecutados este martes en la madrugada por el OIJ de Siquirres y la Fiscalía de la zona, allanó el cubículo de un oficial de la policía penitenciaria de apellidos Mora Fallas quien labora en la cárcel de La Leticia en Pococí; él fue detenido y se le decomisó un teléfono celular.
En total, enlistó Michael Soto, se ingresó a propiedades en Siquirres, Jiménez de Guácimo, la zona sur, varias localidades en Guanacaste y 6 centros penitenciarios, entre ellos, La Leticia, Sandoval, San Sebastián, Liberia, La Reforma y Terrazas, estos dos últimos ubicados en San Rafael de Alajuela.
A las 6 a. m. después de dos horas de intervenciones, se había logrado la captura de 34 sospechosos de los 41 objetivos previstos.
El caso fue bautizado como Dalila, en referencia al personaje bíblico, del mismo nombre, incorporado en el Libro de los Jueces.
En el relato, Dalila le pregunta varias veces a Sansón cuál es el motivo de su extraordinaria fuerza. Luego, con el secreto en su poder, lo traiciona cortándole el cabello en favor de los filisteos, sus enemigos.
Tras los allanamientos, la Policía Judicial confirmó la captura de 25 hombres y 9 mujeres.
Los hombres responden a los apellidos Zárate (2 personas), Cubero, Chavarría, Monge, Porras, Romero, Bravo, Granados, Francis (2), Méndez, Paniagua, Grand, Rivera, Porras, Mendoza, Calderón, Lozano, Salazar, Mora, Sojo, Esquivel y dos menores de edad.
Mujeres: Trigueros, Brenes, Velásquez, Díaz, Sánchez (2), Cruz, Monge y Pérez.
Un modelo replicado
El caso Dalila replica un modelo ya bastante conocido en el país, el servicio de homicidios por encargo.
En abril del 2024 se conoció la primera de estas organizaciones, encabezada por un sujeto de apellido Gutiérrez, conocido como Ántrax, quien presuntamente coordinaba los delitos, incluso desde prisión.
Al grupo, desarticulado luego de varios operativos en San José, Heredia y Limón, se le vinculó con cuatro homicidios dolosos perpetrados entre el 24 de junio y el 14 de agosto del 2021.
En aquel momento trascendió que Ántrax, originario de Limón, presuntamente reclutaba jóvenes en la provincia para cometer los crímenes. Incluso, entre los imputados figuraban dos menores de edad y sus madres, sospechosas de administrar el dinero.
