Los oficiales penitenciarios Carlos Rubén León García y Andru Sojo Hernández, señalados en el expediente del Caso Riverside como presuntos enlaces entre el cabecilla narco Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, y dos de sus hijos, continúan siendo funcionarios activos del Ministerio de Justicia, confirmó esa cartera ante consultas de La Nación.
“A la fecha, las personas consultadas mantienen su condición de funcionarios del Ministerio de Justicia y Paz, en tanto no se resuelvan de manera definitiva los procesos judiciales y administrativos que correspondan”, respondió esa cartera.
Ambos policías cumplen actualmente prisión preventiva instrumental, que es una medida que se dicta mientras se completa la audiencia de medidas cautelares; el Ministerio Público adelantó que solicitará prisión preventiva en contra de los funcionarios.
El 29 de junio, este medio, con base en el legajo judicial, publicó que López Vega habría reclutado al oficial León apenas cinco días después de ingresar a Máxima Seguridad de La Reforma, y semanas después ocurrió lo mismo con Sojo.
El expediente describe a León y a Sojo como oficiales de Máxima Seguridad para el periodo en que Pecho de Rata estuvo recluido a la espera de su extradición a Estados Unidos. Consultado sobre ese cargo, el Ministerio detalló que León “es un agente policial en proceso de formación”, destacado en junio del 2025 en el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro y trasladado, en noviembre de ese mismo año, “a otro establecimiento penitenciario fuera del Gran Área Metropolitana”.
Sojo, por su parte, fue destacado en agosto del 2025 “como agente policial en el Centro Nacional de Atención Específica” (Máxima Seguridad), según la respuesta oficial.
De acuerdo con el expediente, el oficial León habría contactado por primera vez a Jonedzel López Tyndall, hijo del extraditado, el 28 de junio de 2025, es decir, cinco días después de que Pecho de Rata fuera ingresado a Máxima Seguridad. En esa conversación, el funcionario explicó que el cabecilla le había pedido comunicarse con la familia. "Soy policía aquí y lo estoy cuidando a él”, dijo el uniformado al identificarse con los allegados de López Vega.
El estudio de las radiobases reveló que León García hizo llamadas a los hijos de Pecho de Rata desde Carrandí, Matina, Batán, Venecia, Stafford, Boston y Limón centro, zonas que coinciden con el domicilio del policía, en Carrandí. Pero también activó radiobases desde dos urbanizaciones cercanas a La Reforma.
En cuanto al policía Sojo Hernández, el documento detalla que el 25 de noviembre del 2025, habría llamado a Kishna López Tyndall, alias Kiky, hija de Pecho de Rata. En esa conversación, el funcionario dijo que lo hacía “de parte del villano favorito”, en alusión al reo que custodiaba.
Al igual que en el caso del oficial León, la Policía Judicial analizó las radiobases del número utilizado por Sojo Hernández y determinó que la mayoría de sus activaciones se concentraban en Tres Equis de Turrialba, lo cual era congruente con su domicilio. Sin embargo, se detectó una activación el 26 de noviembre del 2025 en la radiobase de Hacienda Ojo de Agua, en San Rafael de Alajuela, que está cercana al centro penal donde estuvo recluido López Vega.
Procedimiento disciplinario
Sobre si a los oficiales se les abrió un proceso administrativo, el Ministerio confirmó que, “una vez que la Dirección de la Policía Penitenciaria recibió la documentación por parte de las autoridades judiciales, solicitó al Consejo de Personal de la Policía Penitenciaria abrir un procedimiento disciplinario en contra de ambos agentes policiales y se está a la espera de que el órgano colegiado conozca la solicitud”.
A la institución también se le pidió explicar cómo fue posible que un narcotraficante de alto perfil lograra incluir entre sus enlaces con el exterior a dos de sus funcionarios sin mayor dificultad.
No obstante, el Ministerio evitó señalar fallas en sus mecanismos de vigilancia. “La sola existencia de una investigación judicial por presuntos vínculos de personas funcionarias con organizaciones criminales no permite concluir, por sí misma, la existencia de una falla o deficiencias en los mecanismos de control institucional”, respondió la cartera.
Justicia atribuyó el caso a que “las organizaciones delictivas de alto perfil procuran permanentemente infiltrarse mediante diversas estrategias”, algo que consideró “un riesgo reconocido para los cuerpos policiales”.
El Ministerio agregó que la Policía Penitenciaria mantiene mecanismos de supervisión, control interno, investigación disciplinaria y coordinación con las autoridades judiciales, y que la judicialización del caso de León y Sojo “evidencia el funcionamiento de los mecanismos de control del Estado”.
Sin prueba de polígrafo
El Ministerio de Justicia confirmó además, de forma tajante, que León y Sojo “no fueron sometidos a la prueba de polígrafo durante el periodo en que la persona privada de libertad, Edwin López Vega, permaneció recluida en el Centro Nacional de Atención Específica”.
El Caso Riverside implicó la ejecución de más de cien allanamientos, la mayoría de ellos en Cahuita de Limón, en los que participaron fiscales, jueces y oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y que tenían como fin desarticular la organización de alias Pecho de Rata, que controlaba el tráfico de drogas desde esa zona del Caribe hacia otras partes del país.
