Tres decomisos consecutivos de cocaína que pasaron por el puerto de APM Terminals en Moín, Limón, tuvieron suficientes elementos en común para que las autoridades judiciales identificaran a un grupo criminal que cobraba $250.000 por cada contenedor contaminado con droga que lograba zarpar hacia Europa y Estados Unidos.
Esas coincidencias fueron el punto de inicio de una investigación que empezó en marzo del 2023 y culminó este 28 de julio luego de 65 allanamientos en Limón y otras cinco provincias del país, para desarticular a una banda, presuntamente comandada por un hombre de apellidos Casanova Duartes, de 32 años, y su esposa, apellidada Bell Ramírez, de 29, hija del extraditable Gilbert Bell Fernández.
Al grupo se le asocia con 16 incautaciones de cocaína, equivalentes a 14,5 toneladas. Nueve de esos decomisos se realizaron en Europa, lo que demuestra que lograron vulnerar los controles de seguridad en la Terminal de Contenedores de Moín, incluidos los escáneres instalados en julio del 2023 por el gobierno de Rodrigo Chaves Robles.
Además, coincidieron con el periodo en el que ese mismo gobierno ordenó sacar a la Policía Control de Drogas de los puertos y aeropuertos del país, desde setiembre de ese mismo año.
Carlo Díaz, fiscal general, explicó este martes en la madrugada que la cocaína decomisada en los primeros tres casos estaba empacada exactamente igual, con una imagen de una flor de jamaica y con una marca hecha con un troquel, que era idéntica en todos los casos.
Además, esos cargamentos viajaron con un AirTag, es decir, un localizador que se utiliza tradicionalmente para encontrar objetos perdidos mediante una señal de Bluetooth, la cual es detectada por dispositivos cercanos.
Estos aparatos rastreadores envían la ubicación exacta a la nube de iCloud de forma anónima, en un proceso encriptado, por lo que nadie más que el propietario puede acceder a los datos.
Por último, empezaron a descubrir coincidencias entre las personas involucradas en el movimiento de los furgones contaminados, entre ellas, policías de Fronteras que operaban en la terminal portuaria, empleados del muelle y de vigilancia privada.
Prueba de ello es que, de los 63 objetivos a detener, figuran nueve policías de Fronteras y un expolicía de ese mismo cuerpo de seguridad, según confirmó Stephen Madden, director de la PCD, quien reiteró que todos fueron capturados y que habrá cero tolerancia para posibles oficiales corruptos.
Un servicio tercerizado
Este expediente, identificado como Caso Clarividente o Leviatán, también tenía entre sus objetivos a 10 funcionarios de APM Terminals, 13 oficiales de seguridad privada y 12 choferes de furgones.
Entre los empleados de APM Terminals había personas denominadas Senior Dispatcher que tenían conocimiento de todas las cargas que se movilizaban en el puerto. Eso les permitía tener control de a dónde colocar los contenedores contaminados o cómo moverlos para burlar puntos de control.
Precisamente, Casanova, el presunto cabecilla, trabajó en ese puesto en el pasado y eso le permitía comprender la logística del puerto y conocer al personal que involucró en el negocio ilícito.
Aunque el grupo operaba en bloque, sus integrantes no eran los dueños de la droga; eran los encargados de la logística portuaria, desde que contaminaban el contenedor y hasta que zarpaba. Ese servicio se lo cobraban a los propietarios de la cocaína, explicó Carlo Díaz.
A las 5:45 a. m., casi seis horas después de que empezó la incursión policial, Gerald Campos, ministro de Seguridad, confirmó que 52 personas estaban detenidas; sin embargo, ni Casanova ni Bell fueron localizados en su casa, allanada poco después de la 1:15 a. m. en barrio Los Cocos, en el cantón central de Limón.
Tanto Gerald Campos como Carlo Díaz coincidieron en la posibilidad de que se hayan dado filtraciones de una operación en la que participaron 1.000 agentes, entre oficiales del Organismo de Investigación Judicial, la Policía Control de Drogas, Fuerza Pública y policías municipales de San José y Alajuela, entre otros.
Campos agregó que no descartaba una investigación para identificar posibles vulnerabilidades.
Este martes, a las 7:30 a. m. uno de los perfiles de redes sociales de la sospechosa mostraba que su última conexión había ocurrido 10 horas antes; sin embargo, no hace publicaciones desde el 9 de mayo.
En las imágenes se logra ver a la joven, de 29 años, al lado de sus tres hijos, uno de ellos producto de su relación con Casanova; así como sus viajes a destinos como París, en Francia, Finlandia o Cancún, México.
Stephen Madden, director de la PCD explicó que, más allá de ser la pareja de Casanova Duartes, Bell habría laborado dentro del grupo criminal coordinando con otros supuestos miembros. Con las ganancias que aparentemente obtenía del narcotráfico, la mujer también habría adquirido propiedades y vehículos, los cuales serán decomisados.
A ella se le investiga solo por legitimación de capitales, un delito que, a diferencia de la causa que se le atribuye a su padre, no figura entre las causales de extradición.
Otra familiar de Macho Coca investigada
Bell Ramírez es la segunda de las hijas de Gilbert Bell Fenández que figura en un expediente penal en los últimos años.
En setiembre del año pasado, otra mujer apellidada Bell Jiménez, de 40 años, fue detenida en Villa del Mar, en Limón, por su posible vinculación con un grupo dedicado al robo de combustible de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
Su papá había sido encarcelado 11 meses antes, en el marco del Caso Petro Coca, por el mismo ilícito.
Cuando fue capturada, luego de un reporte confidencial, también cayeron un hombre de apellido Poveda Vargas y una mujer identificada como Bejarano Fallas.
Según informó la Refinadora en aquel momento, en el sitio se localizaron y decomisaron aproximadamente 1.250 litros de combustible, almacenados en seis estañones y tres pichingas.
