La estructura criminal golpeada este martes en la madrugada, luego de 65 allanamientos en Limón y otras cinco provincias del país, sería la responsable de traficar cientos de kilos de cocaína a Europa y Estados Unidos, según confirman autoridades judiciales y policiales.
Ellos no serían los dueños de la cocaína, explicó el fiscal general Carlo Díaz, sino que se encargaban de toda esta parte operativa para otros grupos exportadores, afincados en la provincia de Limón.
A cada uno de los interesados le cobraban $250.000 por cada contenedor movilizado, sin distingo de la cantidad de droga que llevara en su interior. En la mayoría de los decomisos grandes, la coca viajaba oculta entre productos perecederos como yuca, harina de yuca o piña. En el caso de tráficos más, pequeños, la droga se ocultaba en los sistemas de enfriamiento del contenedor, con una capacidad máxima de 60 kilos.
Allanamientos por el Caso Clarividente
La causa, denominada Caso Clarividente o Leviatán, documenta 16 decomisos de clorhidrato de cocaína, por un total de 14,5 toneladas, entre marzo del 2023 y octubre del 2025 y que tenían como destino final Inglaterra, Bélgica, Noruega, Países Bajos, España y Estados Unidos.
Nueve de esos decomisos, equivalentes a 9,8 toneladas de coca, fueron descubiertos hasta que llegaron al puerto de destino, lo que evidencia que lograron vulnerar los escáneres instalados por el gobierno de Rodrigo Chaves en el puerto de APM Terminals, desde julio del 2023.
Además, se registraron prácticamente en el mismo periodo en el que la administración anterior ordenó sacar a la Policía de Control de Drogas de puertos y aeropuertos en todo el país, en setiembre del 2023.
Otros siete casos, equivalentes a 5,7 toneladas, sí fueron descubiertos antes de zarpar, porque fueron detectados por el sistema electrónico o gracias a perros de rastreo, el ojo especializado de algún agente policial o por alertas anónimas.
Si se toma en consideración que un kilo de cocaína se comercializa en Europa en $35.000 y un kilo en Estados Unidos en $25.000, el total decomisado representó pérdidas para los delincuentes por $502.725.000, equivalentes a ¢224.215 millones.
A las 4 a. m., luego de tres horas de allanamientos, el Ministerio Público confirmó la detención de 52 personas de las 63 previstas en los operativos que congregaron a 1.000 agentes de OIJ, PCD, Policía Penitenciaria, Policía de Fronteras, Fuerza Pública y de las municipalidades de San José y Alajuela.
Colaboró el periodista Juan Fernando Lara.
