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Los jueces de Pococí, de apellidos Valverde López y Ramírez Valverde, investigados por presuntamente favorecer la organización criminal de Alejandro Arias, alias Diablo, llegaron a sospechar que la Policía Judicial los vigilaba e intervenía sus comunicaciones desde enero de este año.
Con los meses, el temor se intensificó hasta que ambos discutieron la posibilidad real de que investigadores hubieran instalado micrófonos y cámaras ocultas en sus despachos; analizaron cómo verificar si estaban siendo vigilados y hasta consideraron revisar el cielorraso de una de las oficinas en busca de dispositivos, con una escalera y fuera de horario laboral.
Así consta en la orden de allanamiento que llevó a la detención de estos dos funcionarios el pasado 1.° de setiembre en los Tribunales de Pococí, en Guápiles, donde trabajaban.
También fue aprehendida la pareja de Valverde López e investigadora del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), una mujer de apellidos Rojas Víquez, y la hermana de alias Diablo, de 46 años, quien habría mantenido encuentros sexuales con el juez Valverde López a cambio de supuestos favorecimientos.
Las conversaciones, captadas por los investigadores, revelan, además, que ambos funcionarios estaban conscientes de que sus teléfonos podrían estar intervenidos y que, por esa razón, preferían abordar en persona los asuntos que consideraban más sensibles. “Yo ando paranoico, mae”, dijo uno de ellos al referirse a la posibilidad de estar siendo vigilado.
Las primeras sospechas
De acuerdo con el expediente, el OIJ comenzó a interceptar las comunicaciones el 17 de enero del 2026 y tan solo 10 días más tarde, los juzgadores Valverde y Ramírez sostuvieron una conversación en la oficina del primero, en la que comentaron la presencia de un vehículo que, según sus sospechas, los vigilaba.
“Valverde López indicó haber salido a localizar el automotor y manifestó: ‘¿No la consultó (la placa)? A ver si es del Poder Judicial’, sugiriendo con ello la posible utilización de herramientas o consultas institucionales para determinar a quién le pertenecía el vehículo”, cita la Fiscalía.
La preocupación se habría acentuado al día siguiente, cuando Ramírez expresó reiteradamente sentirse vigilado. “Yo ando paranoico, mae”, e incluso preguntando: “¿Mae qué, me va a allanar?”. Valverde respondió que si el vehículo se encontraba en el lugar, era porque “andan buscando a alguien”.
Las conversaciones entre los funcionarios se conocen porque las autoridades no solo intervinieron sus teléfonos celulares, sino también porque instalaron cámaras y grabadoras en los despachos, previendo justamente que prefirieran hablar ciertos temas en persona.
Cerca de mayo de este año, un informe, en apariencia del Centro de Información Confidencial (CICO) del OIJ, señaló a Valverde por hechos “graves” que no se detallan en la orden de allanamiento, pero cuya información llegó a conocer el juzgador. En apariencia, el contenido confirmaba que el Juzgado Penal de Pococí, para el que laboraban ambos jueces, se encontraba bajo investigación formal.
En una llamada telefónica con otra persona, a quien le habría hecho favores a cambio de encuentros sexuales, Valverde le habría manifestado que el informe era una “sacada de clavo” en su contra e insultó a la Policía Judicial.
“Vea a ver si le intervienen el teléfono y escuchan cosas que nosotros nos hablamos ”, le dijo la mujer al juez.
Valverde, en apariencia, manifestó que solo hablaban “tonteras” y dijo con firmeza que “por WhatsApp no existe todavía la intervención”, dando por sentado que, al comunicarse solo por esa aplicación, no podían registrar sus conversaciones, “lo que revela su convicción de poder actuar con impunidad y persistir en sus conductas irregulares”, agrega el expediente.
Posteriormente, pero siempre en mayo, el juez Ramírez ingresó a la oficina de Valverde y ambos analizaron la publicación del CICO. Entonces, Ramírez Valverde sostuvo que el Juzgado Penal estaba siendo investigado por la Sección de Crimen Organizado de la Policía Judicial y, bajo ese contexto, Valverde “ventiló el asunto” con otra jueza de apellido Bogantes.
Ella, en apariencia, le dijo que “si tuvieran algo, hace rato les hubieran botado las puertas… pero ya no”. Ante ello, Ramírez habría advertido sobre una posible interceptación de sus comunicaciones: “Todo el 2025 y parte de este puede que hayamos estado intervenidos, sépalo mae, no lo descarte”. Asimismo, ambos juzgadores atribuyeron la filtración de la información confidencial a un fiscal de la zona atlántica, a quien, entre ellos, insultaron.
“Ahora hasta una camarita”
Poco antes de mediados de año, de acuerdo con el expediente, Ramírez ingresó de nuevo a la oficina de Valverde. En esa oportunidad, el legajo describe a los funcionarios en actitud de alerta y habrían vuelto a discutir la posibilidad de estar siendo vigilados.
Para ese momento, se presume que una tercera persona advirtió a Ramírez sobre movimientos inusuales de agentes del Organismo de Investigación Judicial en las inmediaciones del edificio.
“Me dice (NOMBRE) que han visto maes extraños del OIJ rondando el edificio en las noches”, lo que provocó de inmediato que conversaran sobre una posible intervención en la propia oficina de Valverde.
“Mae eso que le dije aquel día de los micrófonos”, dijo Ramírez, a lo que Valverde le contestó que “habría que ver en qué lado, mae es que ahora hasta una camarita ahí pueden poner que usted ahí ni ve”, señalando además Ramírez Valverde hacia el cielorraso del despacho diciendo: “Ahí arriba”.
Las inquietudes se acrecentaron hasta que los sospechosos planearan verificar ellos mismos las instalaciones.
“Me dan ganas de hacer eso un día (NOMBRE) después de las cuatro y media, mae, subirse uno”, dijo Ramírez. Valverde respondió: “Nada más de pedir la escalera, ubicamos escalera de nosotros; está en la bodega y asomarse a ver qué hay”. Además, dirigieron expresiones despectivas al calificar a la Policía Judicial como “esos hijueputas”.
“Dicha reacción ratifica la teoría sostenida desde el inicio de la presente investigación, en el sentido de que los investigados, ante la sospecha de intervención de sus líneas telefónicas y de aplicaciones de mensajería, reservarían los aspectos más sensibles de su accionar para conversaciones sostenidas en persona dentro de sus despachos, extremo que legitima e hizo evidente la necesidad e idoneidad de la técnica de captación de comunicaciones entre presentes empleada para documentar los hechos aquí acreditados”, dice el legajo.
