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La libertad de expresión de un presidente de la República es exactamente la misma que la de cualquier ciudadano. Lo que cambia es el deber de diligencia con que debe ejercerla, porque cuanto mayor es el poder, mayor es la obligación de verificar, fundamentar y probar aquello que se afirma.
La investidura presidencial convierte cada palabra en un acto de poder capaz de afectar la confianza pública, la credibilidad de las instituciones y el funcionamiento de la democracia. Por eso, un mandatario no puede gobernar sembrando sospechas o insinuaciones; debe gobernar a partir de información corroborada.
Es importante recalcarlo ante las reiteradas afirmaciones de la mandataria acerca de que el crimen organizado y el narcotráfico “se están metiendo hasta los tuétanos” en el Poder Judicial. Su insistencia en repetir esa frase no puede quedar en un simple discurso político. Tal como se lo pidieron los magistrados desde el 6 de julio, su deber es presentar las pruebas que sustentan esa grave aseveración.
Precisamente porque, como gobernante, puede disponer de información proveniente de órganos bajo sus órdenes, como la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) o el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), lo responsable es que informe a las autoridades competentes para que procedan a investigar.
Es apremiante que actúe porque sus palabras están socavando la credibilidad que los ciudadanos tienen en el Poder Judicial y la imagen internacional del sistema de justicia costarricense.
La misma presidenta conoce el peso que tienen las acusaciones sin sustento. En la campaña electoral rechazó con enojo las afirmaciones de un comunicador en redes sociales sobre la construcción de su vivienda en Cartago. Entonces sostuvo que eran falsas, temerarias y que afectaban injustamente su nombre y el de su familia “sin aportar prueba alguna”. Tenía razón. El honor y la reputación de cualquier persona merecen protección frente a denuncias infundadas.
Por haber vivido esa experiencia, resulta coherente exigirle hoy el mismo principio de responsabilidad cuando sus señalamientos, aún sin pruebas, recaen sobre uno de los poderes de la República.
Pero igualmente la mandataria debe preocuparse, y mucho, por lo que sucede dentro del Poder Ejecutivo. Desde hace un año, la Administración de Control de Drogas (DEA), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitieron reportes que aluden a presuntos contactos de Celso Gamboa –acusado en Estados Unidos por tráfico internacional de drogas– dentro del gobierno.
La DEA dijo contar con una grabación de setiembre del 2023 en la cual Gamboa les confió a dos socios que “el gobierno concede la entrada a la organización de tráfico de drogas para los cargamentos de cocaína” y que la recepción “está 100% garantizada”.
Otro reporte de julio del año pasado contiene una declaración de un agente del FBI que dijo estar convencido de que Gamboa “tiene numerosos contactos en el gobierno costarricense”, y en agosto otro expediente de la OFAC consignó que Gamboa habría pagado sobornos y habría utilizado “su extensa red de contactos dentro del gobierno para obtener información sobre las investigaciones antinarcóticos en curso”.
Otros hechos llaman la atención. La Oficialía de Cumplimiento Corporativa del Instituto Nacional de Seguros (INS) alertó desde el 2024 sobre aparentes nexos entre Gamboa y dos agentes de seguros que, en representación de una pequeña cooperativa, trataron de introducir $10 millones al puesto de bolsa INS Valores. Incluso, en diciembre pasado, el exgerente general del INS, Luis Fernando Monge, relató que Federico Choreco Cruz, amigo y exasesor de imagen del expresidente Rodrigo Chaves, presionó para que la transacción se realizara.
También quedó registrado cómo dos presidentes ejecutivos nombrados por el gobierno anterior, uno en el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) y otro en el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), se vieron forzados a renunciar luego de que reportajes de La Nación y Telenoticias revelaron contactos con sospechosos de narcotráfico y lavado de dinero vinculados a los casos Corona y Azteca.
Aunque estos hechos se dieron en el gobierno anterior, Fernández no puede considerarlos ajenos porque ella ocupó cargos de gran influencia como ministra de Planificación y de la Presidencia.
Este conjunto de antecedentes, señalamientos e investigaciones obliga a mantener un escrutinio riguroso no solo sobre el Poder Judicial, sino también sobre el Ejecutivo. Ningún poder de la República debe quedar exento de fiscalización, pero ninguno puede ser condenado colectivamente mediante afirmaciones que no aportan evidencias.
Nadie le pide silencio a la presidenta Fernández; se le pide algo mucho más útil para todo el país: que convierta sus acusaciones en denuncias formales que conduzcan a investigaciones y sanciones. Eso es cumplir con el deber de diligencia.
