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Dos recientes comparecencias ante la Comisión legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público han puesto de manifiesto, con lujo de perturbadores detalles, los reiterados intentos del presidente Rodrigo Chaves y algunos de sus operadores políticos por interferir arbitrariamente en las decisiones el Instituto Nacional de Seguros (INS).
Las más reveladoras declaraciones ante ese foro provinieron de dos altos exfuncionarios. Una fue Mónica Araya, presidenta ejecutiva durante dos años, nombrada y destituida por este gobierno sin dar razón alguna; el otro, Luis Fernando Monge, gerente general entre mayo de 2022 y noviembre del actual, cesado por la Junta Directiva luego de que el INS reportara un retroceso en sus resultados financieros.
Los hechos expuestos tienen extrema gravedad por sí mismos. Una institución autónoma y empresa estatal como esta debe ser manejada sin manoseos políticos que vulneren su naturaleza, distorsionen las líneas de mando y toma de decisiones, y debiliten su capacidad de competir en un mercado con varios operadores de seguros. Es lo que ha estado ocurriendo, de acuerdo las declaraciones, bajo juramento, de Araya y Monge.
También expusieron el trato imperativo y grosero del presidente a subalternos que rechazaron sus decisiones sin fundamento, así como gestiones tan casuísticas a favor o en contra de personas particulares, sean físicas o jurídicas, que levantan fundadas sospechas de posible corrupción, probablemente personal, pero sin duda institucional. Para peores, tales hechos se inscriben en un estilo gubernamental orientado a instrumentalizar en todo lo posible las instituciones, para acumular poder indebido y penalizar a quienes sean percibidos como adversarios.
El ejemplo más fresco, al que nos referimos en un reciente editorial, fue la apertura de una “investigación preliminar”, sin sustento, del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) contra la familia del candidato presidencial Álvaro Ramos. Pero la lista incluye muchos casos más; por ejemplo, los intentos por controlar, con irrespeto normativo, las Juntas Directivas de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto Costarricense de Electricidad, y los bancos Popular y Nacional.
Las comparecencias de Araya y Monge se originaron en algo específico. Nos referimos a las reiteradas denuncias sobre alegadas presiones de Chaves para que la aseguradora estatal otorgara una garantía de cumplimiento a la cuestionada empresa constructora mexicana Tradeco, interesada en asumir el contrato para concluir la ampliación de la carretera entre Barranca y Limonal. Pero lo que declararon ha abierto una temible caja de Pandora sobre la manipulación gubernamental.
El 12 de este mes, Araya confirmó las gestiones del presidente a favor de Tradeco: primero, para que se le otorgara la garantía; luego, un posible seguro de caución, para lo que no calificaba. Sus presiones sobre ella fueron insistentes; además, buscó canales alternos para salirse con la suya. La falta de éxito lo condujo a gritos e insultos en su contra.
Pero hubo más. Un funcionario del despacho presidencial le pidió que despidiera del Cuerpo de Bomberos –cuya Directiva Araya presidía– al esposo de la exministra de Comunicación, Patricia Navarro. La gestión se produjo inmediatamente después de que Navarro renunciara a esa cartera y divulgara audios que documentaron la aparente contratación irregular por $300.000 para una asesoría de comunicación financiada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Araya se negó, pero tras su salida, el despido se produjo.
En cambio, Chaves, directamente, le exigió que bajo ninguna circunstancia destituyera al jefe de Bomberos, a quien la expresidenta ejecutiva le había pedido la renuncia por investigaciones de la Fiscalía sobre su autorización de un viaje privado en avioneta con fondos de la entidad. También le pidió adjudicar dos licitaciones pese a falta de requisitos. La resistencia a una de ellas, relacionada con marchamos digitales, fue lo que condujo directamente a su destitución.
Una semana después, el exgerente Monge, por su parte, reveló otros hechos, tan o más perturbadores. Según dijo, el exasesor presidencial Federico Cruz (alias Choreco), presionó para que el INS aceptara el ingreso a su puesto de bolsa de $10 millones de origen turbio. Además, Gabriela Chacón Fernández, la actual presidenta ejecutiva, lo convocó a una reunión con el llamado “zar de los seguros”, implicado en casos de soborno en Ecuador, quien se hizo acompañar por una persona que se presentó como intermediaria con la Presidencia de la República. Y como parte de una maniobra electoral, la Directiva postergó para enero próximo un aumento salarial que correspondía aplicar este año a los empleados del INS. Esta decisión fue fustigada el viernes por su principal sindicato.
Ante las denuncias del gerente, Chacón adujo en esa misma comparecencia no tener información a mano, o que no “precisaba” o no “recordaba” lo sucedido. Curiosa ignorancia sobre temas tan gruesos.
La suma de todo lo anterior revela una alarmante trama de tráfico de influencias y arbitrariedades en el INS, pocas veces vistas en una institución autónoma. Se vincula directamente con el Ejecutivo y con un estilo de gestión inaceptable en nuestro Estado de derecho. Su daño para la integridad, eficacia, transparencia y rendimiento de cuentas en el sector público es enorme.
