El directorio ejecutivo de la Unión del Personal de Instituto Nacional de Seguros (UPINS) fustigó “cualquier maniobra de carácter político” que afecte los derechos laborales de los empleados, como obstaculizar o debilitar un ajuste salarial.
Así reaccionó el sindicato a raíz de la denuncia que realizó el jueves el exgerente del INS, Luis Fernando Monge, quien dijo que el gobierno de Rodrigo Chaves frenó el ajuste salarial que correspondía desde mediados del 2025 para aplicarlo un mes antes de las elecciones.
“Por un asunto de legalidad y de respeto hacia los colaboradores, varias veces insistí ante doña Gabriela (Chacón, presidenta del INS) en que se aplicara el ajuste. La última vez me indicó que, por razones electorales, los aumentos se iban a aplicar hasta el mes de enero 2026, pero por tratarse de un asunto administrativo, que si yo quería lo aprobara, pero tenía que asumir las consecuencias",dijo Monge, ante la Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Públicos, bajo juramento.
El exfuncionario explicó que, por convención colectiva, es obligatorio hacer un estudio salarial anual en el INS y, si procede, aplicar los ajustes correspondientes a una parte de la planilla. Este año, el estudio se hizo desde antes de junio.
Upins recordó que, desde principios del 2025, sostuvo procesos formales, técnicos y responsables de negociación para la concreción de un ajuste salarial, de acuerdo con la Convención Colectiva del Trabajo e instrumentos legítimos para la protección de las condiciones laborales y económicas de los funcionarios.
La organización exigió que las negociaciones se desarrollen “libres de interferencias políticas”.
“El ajuste salarial no constituye un privilegio ni una concesión discrecional, sino una medida indispensable para la recuperación progresiva del poder adquisitivo, severamente deteriorado”, refirió el sindicato, el cual argumentó que los funcionarios públicos han sido objetos de “contención, congelamiento y rezago salarial por un periodo no menor a los últimos 12 años”, lo cual ha impactado en la calidad de vida de las personas trabajadoras y sus familias.
