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Un vecino de Pérez Zeledón salió del país por sus propios medios. Regresó en una camilla, sin poder hablar, pesando 50 kilos. Entre un momento y otro no hay solo una transformación evidente, sino un vacío que, hasta hoy, nadie ha logrado explicar.
Como se reseñó este 29 de marzo en nuestra Revista Dominical, la historia de Randall Gamboa Esquivel no es únicamente la de un costarricense que migró y fue deportado. Es, sobre todo, la historia de lo que puede ocurrir cuando una persona queda bajo la custodia de un Estado y, en ese tránsito, se pierde la trazabilidad de su integridad física, de su salud y, en última instancia, de su dignidad.
Gamboa fue detenido en Estados Unidos y permaneció durante meses en centros de detención migratoria. Durante ese tiempo, su familia percibió un deterioro progresivo con pérdida significativa de peso, cambios en su estado anímico, referencias a una alimentación deficiente y a medicación cuyos efectos le resultaban adversos. Luego, simplemente dejó de comunicarse, a lo que siguieron meses de búsqueda por parte de sus familiares.
Cuando Gamboa regresó a Costa Rica, su cuerpo evidenciaba un deterioro difícil de conciliar con cualquier explicación disponible. Volvió con un peso drásticamente reducido, sin capacidad de hablar ni de moverse, dependiente de alimentación asistida. Presentaba decenas de úlceras, una fisura en la base del cráneo y lesiones que no tenía al momento de su partida. Su estado físico no solo era crítico; era, sobre todo, inexplicable.
No se trata de discutir si un Estado tiene o no el derecho de controlar sus fronteras o de deportar a personas en situación irregular. Ese derecho existe, pero el problema surge con lo que sucede en el periodo en que una persona se encuentra bajo custodia estatal. Allí, el estándar no puede ser otro que el respeto irrestricto a la integridad física y a la dignidad humana, acompañado de mecanismos mínimos de transparencia y rendición de cuentas.
Lo inquietante de este caso no es solo el desenlace, sino la opacidad que lo rodea. La familia no pudo obtener información oportuna. El consulado costarricense no tuvo acceso directo al afectado. Las versiones disponibles son fragmentarias y, en algunos puntos, contradictorias. Incluso aspectos básicos como qué tratamiento recibió, en qué condiciones se deterioró su salud o en qué momento exacto se produjo ese deterioro extremo permanecen en la incertidumbre.
La ausencia de información es una forma de violencia institucional. Porque cuando no se puede reconstruir lo ocurrido, tampoco se pueden sentar responsabilidades, ni aprender de los errores, ni garantizar que algo similar no vuelva a suceder.
El caso también obliga a una reflexión sobre los límites reales de la protección diplomática. En el imaginario colectivo, el pasaporte representa una suerte de red de seguridad anclada en el derecho internacional, que nos hace la promesa de que, aun en el extranjero, el Estado propio puede intervenir en situaciones críticas. Sin embargo, esa protección depende en gran medida de la cooperación del Estado que ejerce la custodia. Cuando esa cooperación no se materializa, las capacidades de acción se reducen drásticamente.
Desde hace más de un siglo, el derecho internacional reconoce la protección diplomática como un mecanismo mediante el cual un Estado puede reclamar por el trato dado a sus nacionales en el extranjero. La premisa es simple: el daño a un nacional es también un daño al Estado. Pero esa construcción, sólida en teoría, revela sus límites cuando la capacidad real de incidir frente a otro Estado es reducida.
En ese sentido, el caso de Gamboa revela que hay situaciones en las que la diplomacia no alcanza. Y cuando no alcanza, lo que queda es una zona gris en la que los derechos existen en el papel, pero se diluyen en la práctica.
Nada de esto implica desconocer la complejidad de los sistemas migratorios ni las presiones que enfrentan los Estados que los administran. Pero precisamente por esa complejidad, los estándares de trato bajo custodia deberían ser más altos, no más difusos. Porque las políticas migratorias pueden diseñarse en abstracto, pero siempre terminan ejecutándose sobre personas concretas, con cuerpos concretos.
Las críticas que han surgido en torno a la reacción del Estado costarricense, más allá de su formulación, apuntan a la capacidad real de exigir explicaciones cuando lo ocurrido involucra a un Estado con mayor peso político. Porque la protección de un ciudadano no debería relativizarse en función de esa asimetría. Es, justamente, en esos escenarios donde el estándar institucional se vuelve más exigente.
Hoy, la familia de Randall Gamboa sigue esperando respuestas. No busca revertir lo irreversible, sino entenderlo. Esa aspiración de saber qué ocurrió es, en sí misma, un mínimo ético que debe ser compartido por todo el país.
Entre la detención y la deportación de Randall Gamboa, hay un espacio donde alguien debe responder. Ese espacio, todavía hoy, permanece vacío y exige una explicación.
